lunes 12 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n La voluntad de Abascal, maniatada por intereses creados, dice
La propuesta de reforma a la LFT busca mantener la corrupción: UNT
q Proponen eliminar apartado B del artículo 123 Constitucional

Francisco Rivas Zerón n
La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) acordada entre el gobierno de Vicente Fox, los sindicatos afiliados al PRI y la cúpula empresarial es una modificación limitada que salvaguarda la estructura de corrupción de los "líderes charros" y en nada beneficia a la clase obrera mexicana, afirmó Francisco Hernández Juárez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
De visita por Puebla para participar en un foro sobre las modificaciones al marco jurídico en materia laboral, Hernández Juárez lamentó que la voluntad del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Carlos Abascal Carranza, haya sido maniatada por intereses creados entre el oficialismo y el sector patronal.
"Era necesaria una readecuación de fondo en materia laboral; teníamos que reformar el artículo 123 Constitucional y eliminar el apartado B, pues como en pocos países ese apartado hace que en México haya trabajadores de primera y de segunda", puntualizó.
Además, conforme a su visión, las instituciones encargadas de normar toda la vida relacionada con el trabajo han perdido su sentido de existencia y hoy sólo son comparsas de un sistema anacrónico, sin futuro -dijo-.
Sin embargo, respecto a la propuesta gubernamental rescató la idea de crear el registro nacional de sindicatos, aunque agregó, para hacerlo eficiente requiere también de un registro nacional de contratos colectivos, para conocer quiénes son los titulares de los contratos en el país.
Ahí Hernández Juárez agregó que una manera de democratizar la vida de los gremios consiste en crear organismos capaces de vigilar el uso de los recursos de estas agrupaciones, para evitar el desvío de las cuotas de los trabajadores para fines particulares de los dirigentes. No se trata de proponer una auditoría, indicó, pero sí generar las condiciones para proteger las cuotas de los empleados del país.