Al finalizar el año se transformará el INI, adelanta Xóchitl Gálvez

En tribunales, sólo 125 de los 362 conflictos agrarios en los que hay riesgo de confrontación

ANDREA BECERRIL

Frente a los cuestionamientos de senadores y diputados de todos los partidos políticos en torno al riesgo de estallidos de violencia en el campo, la responsable de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez, reconoció que de los 362 conflictos en los que hay peligro de confrontación sólo 125 se litigan en tribunales y el resto no se han dirimido.

Los legisladores, incluso del PAN, mostraron preocupación por la posibilidad de que el Plan Puebla-Panamá sea rechazado en las comunidades indígenas si es impuesto, como ocurrió con los ejidatarios de San Salvador Atenco en el caso del aeropuerto. Al respecto, Gálvez respondió que no duda que haya intereses de las grandes trasnacionales "que le estén echando el ojo al sur-sureste".

Sin embargo, aseguró que mientras continúe en su cargo no permitirá que se imponga nada a las comunidades indígenas. "En lo que tiene que ver con sus territorios, serán las asambleas las que decidirán el destino de sus recursos".

Durante esa reunión con las comisiones de Reforma Agraria de ambas cámaras, que presiden la senadora priísta Arely Madrid Tovilla y el diputado del PT Félix Castellanos, la funcionaria resaltó que se requerirían por lo menos mil millones de pesos para pagar indemnizaciones a los afectados en los 362 conflictos agrarios pendientes de resolver; algunos datan de la década de los 50.

Mencionó, entre ellos, el de Montes Azules, Chiapas, y aseguró que el gobierno federal no tiene considerado desalojar violentamente a quienes han invadido esa reserva natural, pues se busca una solución negociada mediante una mesa agraria que se instaló en aquella entidad.

Al respecto, la senadora Madrid Tovilla le hizo notar que el problema en Montes Azules es que se dice una cosa pero se hace otra, y los recursos no llegan con fluidez a la región.

Después, Gálvez precisó a los legisladores que el Instituto Nacional Indigenista (INI) necesita actualizarse mediante una política multicultural. Entre las propuestas que ha recibido, expresó, está que el organismo se convierta en una secretaría de Estado, pero a su juicio lo mejor es que se le dé una figura jurídica fuerte, sólida.

Cuando ello ocurra, dijo Gálvez, quedaría concluido su trabajo al frente de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indios, con el propósito de que no haya duplicidad de funciones. Adelantó que la transformación del INI podría ser a fin de año, aunque depende de la agenda legislativa en el Congreso.

Con los legisladores no quiso abordar el conflicto de Atenco -"a mí no me tocó", les respondió- , pero en la entrevista final consideró que debieron haberlos convertido en socios del proyecto aeroportuario.