viernes 2 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Forma parte del proyecto carretero Gran Visión y del Plan Puebla Panamá
Ofrece el gobierno estatal a ejidatarios $1.50 por metro cuadrado para construir autopist

Fabián Robles Medrano n
Ejidatarios de San Lorenzo Cuapiaxtla se oponen a que el gobierno estatal les pague a sólo 1.50 pesos el metro cuadrado de sus tierras, que serán utilizadas para la construcción del tramo AmozocPerote, el cual está incluido en el proyecto carretero Gran Visión y en el Plan PueblaPanamá. El presidente del comité de defensa de los derechos de los campesinos afectados, Humberto Domínguez Mendoza, dijo que existe temor de que en este lugar se repita una situación similar a la que se dio en San Salvador Atenco, estado de México.
Esa carretera de cuota abarcará 10 kilómetros de este ejido, con lo que resultarían afectados 80 campesinos propietarios de aproximadamente 60 hectáreas. Además, los labriegos dejarían de recibir el servicio de tres pozos de agua.
"Hemos tenido algunas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), que es la dependencia encargada de adquirir los terrenos para los derechos de vía de esa carretera, y nos han ofrecido pagar nuestras parcelas a un precio comercial, pero no sabemos lo que ellos entiendan por este concepto, pues sólo piensan darnos 1.50 pesos por metro cuadrado y eso nos parece una crueldad", refirió.
Señaló que en varias ocasiones han solicitado, incluso por escrito, que el titular de esa dependencia estatal, Javier Zamora Alarcón, les informe sobre cuál es la oferta real y concreta del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, pero hasta la fecha sólo han recibido evasivas.
"Nosotros no aceptamos un precio comercial porque la tierra no se vende, sino el derecho al usufructo y a su explotación, por el que ellos tendrán un beneficio que no es agrícola, pues nuestras tierras les servirán para un proyecto carretero y no para sembrar maicitos ni habitas, entonces el usufructo es altamente rentable", insistió el presidente del comité de defensa de los derechos de los ejidatarios de San Lorenzo Cuapiaxtla.
Aun cuando no se ha pactado la compraenta de esos terrenos, ya en diversas ocasiones los ejidatarios han impedido que personal de Secoduvi y de la empresa Operadora Estatal de Carreteras de Cuota, con sede en la ciudad de Puebla, cumplan con la colocación de estacas para efectuar los trabajos de medición de los terrenos. Hace unos días, los campesinos echaron del lugar a Armando García, un ingeniero topógrafo que labora para la compañía referida.
"Esas personas sólo se han amparado con un oficio de esa empresa que pide facilidades a las autoridades y a la representación ejidal para sacar adelante sus trabajos, pero se equivocan, porque los dueños de las parcelas somos los ejidatarios, y si no damos permiso, entonces no tienen nada que hacer en nuestras tierras", subrayó Humberto Domínguez Mendoza.
Los ejidatarios afectados, aseguró, están dispuestos al diálogo y a la negociación, además de que no se oponen al desarrollo del país, pero demandan que se les pague "a un precio justo" sus tierras. La pretensión es vender a por lo menos 80 pesos el metro cuadrado.
En un oficio entregado al gobernador Alfonso Sánchez Anaya el pasado 16 de julio, los ejidatarios demandan que los beneficios de esa carretera no únicamente sean para los industriales y transportistas, "por eso es indispensable cuidar que el proyecto incorpore a los campesinos afectados por el mismo, para sumarnos con decisión y entusiasmo al esfuerzo y trabajo que usted realiza, pero sin que se lesione nuestros derechos".
En respuesta, el mandatario tlaxcalteca les dijo que "dentro de las líneas de acción (del proyecto) se encuentran las de ubicar física y materialmente los terrenos para determinar su longitud y superficie, de tal manera que en donde comienza la carretera, al medir los mismos, se está en condiciones de referenciar el valor que cada uno tiene".
La sugerencia es que las partes realicen un recorrido por la zona donde se pretende que cruce esa carretera para definir con exactitud, y no de manera arbitraria, por un perito, la superficie requerida para que, con base en esto, se pueda negociar el pago de los terrenos, el cual deberá ser "justo e inmediato".