jueves 1 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n No hay condiciones para reanudar la negociación, hubo diferencias entre los priistas
La propuesta del PRD de reforma al Poder Judicial, para fortalecer a Sánchez Anaya

Juan Luis Cruz Pérez n
El gobernador Alfonso Sánchez Anaya y la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretenden "adueñarse" de los tres poderes del estado de cara al proceso federal de 2003 e intentan imponer su propuesta de reforma al Poder Judicial, a través de la cual asegurarían que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia quedara en manos de alguno de sus incondicionales. La propuesta perredista, que fue confirmada por el coordinador de esta bancada, Rafael Minor Molina, pretende incrementar a 15 el número de magistrados y que éste último sea quien asuma la presidencia de este poder.
Para tal designación -establece la propuesta perredista- se requeriría emprender un proceso de elección para el nuevo juzgador, en el cual tendría que participar el Ejecutivo del estado, por lo que, a decir de algunos priistas, ésta era la oportunidad manifiesta por la que luchaban el mandatario y los perredistas para "hacerse de otro poder pues, en apariencia, para el año 2003 tendrán a su servicio al Congreso del estado, ya que la presidencia de la Gran Comisión correspondería al partido del sol azteca, un escenario inigualable para tratar de ganar las tres diputaciones federales y preparar el camino hacia la sucesión gubernamental".
Las diferencias políticas y partidistas irreconciliables obligarán al pueblo de Tlaxcala a seguir soportando la parálisis en la impartición de justicia que se da desde febrero pasado. Mientras el tricolor impulsa la consolidación de la división de poderes -a la que por muchos años se opuso y hasta frenó-, el del sol azteca, contrario a su ideología democrática, "pretende impedir la amputación del dedo mediante el cual el titular del Ejecutivo estatal trata de designar al presidente de Tribunal", revelaron diputados del tricolor que pidieron el anonimato.
Sin embargo, tales aseveraciones fueron rechazadas por el líder de los perredistas en el Congreso del estado, Rafael Minor Molina, quien enfatizó que la propuesta que presentaron no tiene dedicatoria y mucho menos responde a una estrategia para coptar los poderes a favor del Ejecutivo del estado, pues "los diputados tienen la última palabra al validar a quienes propongan para este cargo".
Para el diputado priista Antonio Velásquez Nava, la propuesta de los perredistas de respetar la facultad del Ejecutivo para participar en el proceso de selección es una medida que en vez de solucionar el conflicto podría complicar más los escenarios, pues "las facultades compartidas entre los poderes entorpecen estos asuntos, en la fracción del PRI había quienes pensamos que debería derogarse la facultad de participar en esta elección al Ejecutivo estatal, pero otros no".
La postura de este legislador no fue compartida por el presidente de la Gran Comisión, Noé Rodríguez Roldán, quien trató de convencer a sus correligionarios sobre los "beneficios políticos" que ésta tendría y con ello avanzar en los trabajos para la reforma constitucional.
Luego de aceptar que este planteamiento -que compartió con al menos otros seis de sus correligionarios- fue parte de una diferencia que tuvo con el cordinador de la fracción parlamentaria de su partido, Velásquez Nava aseguró que en virtud de lo irreconciliable de las posturas respecto de las adecuaciones a la Constitución local, una de las salidas a este conflicto es iniciar un proceso de juicio político en contra de aquellos magistrados que incumplen con sus funciones, "por lo que es necesario aplicarles la ley de responsabilidades, y si procede, debemos destituir a todos".
Por su parte, Minor Molina, tras descartar que la incomparecencia de los integrantes de la bancada perredista a la continuación de la sesión del pasado martes vaya a tener un costo político para su partido, reconoció que debido a la falta de voluntad política mostrada por algunos legisladores, los trabajos para resolver el problema en el que se encuentra el Tribunal tendrán que aplazarse, pues "aunque existen coincidencias en el fondo de este asunto, hay divergencias en la redacción de las reformas, por lo que noexisten las condiciones para reanudar una negociación".
Al respecto, Alfonso Sánchez Anaya, consideró que a quienes no asistan a las sesiones se les deberá aplicar las sanciones que prevé el reglamento interno del Congreso del estado, pues "no está justificada su actitud".