martes 30 de julio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Insisten los comités comunitarios en que se distribuya equitativamente el presupuesto
Retienen vecinos de Papalotla a integrantes del ayuntamiento y trabajadores administrativos

Carlos Avendaño / Juan Luis Cruz n
Vecinos de Papalotla retomaron sus medidas de presión para que el ayuntamiento realice una redistribución del techo presupuestal del presente año entre los 10 comités comunitarios, al retener este lunes dentro de las instalaciones de la presidencia municipal a la síndico procuradora, Blanca Lara Lara; al director de Gobernación, Alfonso Muñoz Ocotitla; al secretario de la Comuna, Maximino Romero Rojas; al director de Obras Públicas, Jorge Carrera Ramos y a seis trabajadores administrativos.
Los hechos tuvieron lugar a partir de las 9 horas de este lunes, y no obstante que a la síndico procuradora y al director de Gobernación los dejaron salir de los separos -donde los habían obligado a permanecer- alrededor de las 14:35 horas; los integrantes del ayuntamiento y los trabajadores administrativos salieron libres cerca de las 17 horas, a pesar de que no se llegó a ningún acuerdo ni se dio ninguna respuesta a sus demandas.
El grupo de inconformes desistió de esta acción porque consideraron que no iban a lograr nada reteniendo a los funcionarios municipales, y acordaron que este martes invitarán a los demás habitantes de Papalotla para emprender otras movilizaciones, a partir del próximo miércoles en la capital del estado.
Mientras se mantenía la incertidumbre en la presidencia municipal de Papalotla entre los grupos antagónicos, el alcalde Teodardo Muñoz Torres acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para hablar con el titular de esta representación social, Eduardo Medel Quiroz, y asesorarse acerca de lo que debía proceder por la retención de sus colaboradores.
Como resultado de esa plática, el edil de Papalotla levantó un acta administrativa, que quedó asentada con el número 2621/ 2002/Tlax-5, por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad y los que resulten en contra del diputado local, Alberto Amaro Corona y 11 personas más.
La tarde de este lunes se presentaron Blanca Lara Lara, Maximino Romero Rojas, Alfonso Muñoz Ocotitla y Jorge Carrera Ramos, como presuntos agraviados a exponer los hechos ocurridos este lunes, que de acuerdo con la versión de los inconformes, se dio en forma pacífica y en común acuerdo con los integrantes del ayuntamiento.
La semana anterior el mismo grupo de vecinos de Papalotla tomó la presidencia municipal y cerró por espacio de una hora con 15 minutos la carretera TlaxcalaPuebla, a la altura del entronque para este lugar, como medida de presión para que el alcalde Teodardo Muñoz Torres, haga una redistribución del techo presupuestal en las comunidades y para que adelgace la nómina y reduzca los salarios de los empleados del ayuntamiento.
Sobre este asunto, el secretario de Gobierno, Gelacio Montiel Fuentes, consideró que con el propósito de evitar que las diferencias que existen entre autoridades auxiliares y la Comuna de Papalotla culminen en enfrentamientos físicos, es necesario analizar los mecanismos y parámetros utilizados por el ayuntamiento para la asignación de los recursos hacia las presidencias de comunidad, sobre todo "porque son los representantes de siete de los 12 comités comunitarios que integran el municipio los que están inconformes con la distribución de recursos efectuados para la ejecución de obra pública en este año".
Abundó que es indispensable que el ayuntamiento permita revisar el procedimiento que utilizó Muñoz Torres en la distribución de la partida para obra pública, debido a que el año anterior se otorgó alrededor de 500 mil pesos para cada una de las comunidades en este rubro, mientras que para el presente ejercicio dichos recursos disminuyeron hasta en 200 mil pesos.
El funcionario estatal estimó que la solución del conflicto que prevalece en ese lugar podría concretarse a través de una reunión de trabajo entre el ayuntamiento, diputados, los presidentes de comunidad inconformes con la distribución de los recursos y la Secretaría de Gobierno, mediante la cual se establecería una alternativa para la distribución de los recursos autorizados para obra pública.
No obstante, reconoció que las posiciones al respecto están polarizadas, por lo que "se dificulta una solución pacífica que permita mantener la unidad entre los habitantes".
Montiel Fuentes señaló que en virtud de que los inconformes no recurrieron al cierre de las vías de comunicación y mucho menos a la violencia, no fue necesaria la intervención de la fuerza pública para desalojarlos del inmueble.