Será "una contrarreforma, un ropaje": UNT

Ya hay acuerdo en lo general para el proyecto de reforma a la LFT: Abascal

FABIOLA MARTINEZ

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) será enviada al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones (septiembre) por intermedio del Ejecutivo, e incluso podría llevarse al pleno de forma directa por PAN y PRI, informaron fuentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Este proyecto de enmienda será presentado como un documento "de consenso" entre los sectores productivos, aun sin la aprobación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que a decir de sus dirigentes no ha sido convocada a las discusiones de la reforma desde hace más de un mes.

Al respecto, Héctor Barba, representante de la UNT en las mesas en las que se elabora el anteproyecto en cuestión, dijo que la iniciativa que se prepara en la STPS será una "contrarreforma, un ropaje" que no ataca de fondo la corrupción en el sector laboral y, en cambio, incluye elementos que vulneran la estabilidad y la calidad de los empleos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, confirmó que ya existe "un acuerdo en lo general" del anteproyecto de reforma, y aseveró que en los meses anteriores se "ha escuchado muchísimo a la gente, con más de 3 mil propuestas individuales y 25 institucionales".

Dijo que algunas "áreas" no se discutieron, por falta de acuerdos, y adelantó que se eliminará el escalafón ciego de la LFT, pero afirmó que no se tocan derechos sociales de los trabajadores ni el derecho de huelga.

La UNT discutirá en sesión plenaria, la próxima semana, los 39 puntos del anteproyecto, para definir una postura final, aunque desde ahora advierte que el gobierno y los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Congreso del Trabajo elaboran una ley que abaratará más la mano de obra y someterá a una condición más precaria los contratos colectivos e individuales.

Respecto a la libertad sindical, agregó Barba, se coloca "una especie de candado" en los procesos de recuento, para elegir por medio del voto al sindicato de su preferencia, pues las organizaciones independientes que aspiren a la titularidad de un contrato deberán registrar, ante las autoridades del trabajo, una lista con los empleados que pretenden cambiar de representación. "Ello significa que ante una demanda de titularidad se identificará a los trabajadores disidentes, quienes serán corridos de inmediato."

Además, el proyecto que elaboran CCE y CT es inoperante para combatir la corrupción, porque sólo propone la creación de un registro nacional de sindicatos, que deja de lado la posibilidad de que los trabajadores conozcan el contenido de sus contratos colectivos y, especialmente, quiénes son los líderes que lucran con su firma.