Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 27 de julio de 2002
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Política

Miguel Concha

Resistencia regional

Con la participación de más de mil delegados de al menos 350 organizaciones de México, Centroamérica y otros países hermanos, el pasado 18 de julio concluyó en Managua el tercer Foro Popular Meso-americano frente al Plan Puebla-Panamá. Los anteriores habían tenido lugar el año pasado en Tapachula (mayo) y en Xelajú, Guatemala (noviembre). Dos días antes se había realizado en la misma ciudad el segundo Encuentro Campesino Mesoamericano, cuyas resoluciones, juntamente con las de otro encuentro sobre maquilas y represas en la región, fueron adoptadas como parte integrante de los acuerdos del foro. En la declaración política final se denuncian una vez más los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio para la gran mayoría de la población, particularmente en el campo, y se rechazan totalmente los planes de nuevos megaproyectos, como el Plan Puebla-Panamá y el Area de Libre Comercio de las Américas, por ser ajenos a un verdadero desarrollo social autónomo, sostenido y sustentable, respetuoso de la biodiversidad y los recursos naturales, y por lo mismo atentatorios de los derechos humanos más fundamentales, asumidos estos en una concepción integral.

Durante el Encuentro Campesino Mesoameri-cano se aprobó con todo rigor y claridad una plataforma y un plan de acción comunes, que tienen como objetivo el seguir unificando en este marco las causas comunes y las acciones de solidaridad, con el fin de fortalecer la influencia de los movimientos sociales y populares en la definición y realización de otras políticas públicas.

Con un discurso analítico articulado desde las experiencias de base, la plataforma campesina mesoamericana se ocupa de la reforma agraria y la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria, los recursos naturales y la biodiversidad, la conservación del agua como patrimonio común y recurso no privatizable, la economía solidaria y popular, los derechos sindicales y laborales, la migración y los derechos del trabajo, y finalmente los derechos de la juventud rural.

En ella también expresan un rechazo rotundo a los tratados de libre comercio establecidos en la región, "porque no cuentan con el respaldo de la población en su conjunto y porque benefician exclusivamente a los grandes intereses trasnacionales, que operan asociados con los grandes capitales criollos". Rechazan igualmente la imposición del Plan Puebla-Panamá y el establecimiento de corredores biológicos que lo acompañan, "por ser un programa de gobierno al servicio de las trasnacionales, sin estar sancionado por los congresos y parlamentos locales".

A propósito del agua, exigen una información oficial clara sobre la situación crítica de este recurso en México y Centroamérica, y proponen la realización de diagnósticos populares sobre su actual situación de contaminación, depredación tecnológica y mala distribución social, así como la planificación y realización de su manejo democrático, colectivo y autogestivo, que privilegie el consumo humano. De particular importancia son sus planteamientos sobre soberanía alimentaria, en los que denuncian y condenan con energía entre otras cosas la contaminación con transgénicos de los maíces criollos (que se comprobó en México y puede estar presente en otros países de la región), y por lo mismo rechazan la introducción y el uso de organismos modificados genéticamente, incluyendo las tecnologías "terminador" para hacer semillas estériles, por sus efectos sanitarios, ambientales, económicos y políticos nocivos y perjudiciales; y sobre diversidad, en los que se pronuncian claramente contra el establecimiento de patentes que privatizan el derecho de las comunidades rurales y campesinas a la conservación y usufructo de los recursos genéticos y la biodiversidad.

Los participantes en el Encuentro Campesino Mesoamericano se manifiestan también, entre otras cosas, por el establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos de las comunidades sobre el control de sus territorios, así como por el acceso y el uso jurídicamente seguro de la tierra para fines productivos, y declaran que la migración nunca debe ser considerada como un fenómeno aislado de las dinámicas económicas y sociales que desde hace años se han impuesto en la región. Demandan además que México evite el ser instrumentado por las políticas estadunidenses de contención, al aplicar medidas policiacas frente a la migración centroamericana hacia Estados Unidos, pues, "no debe ser el que haga el trabajo sucio por cuenta de los vecinos del norte".

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