Pemex soslayó que el préstamo de $640 millones era impagable

Montemayor pactó directamente con Romero Deschamps apoyos al STPRM

Análisis judiciales señalan que las transferencias de dinero al sindicato petrolero, para renovar equipo de cómputo o remodelaciones, por ejemplo, se hicieron de manera indebida y ajena "a las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo"

GUSTAVO CASTILLO GARCIA /Y ULTIMA

Durante la gestión de Rogelio Montemayor Seguy, Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, líderes del sindicato petrolero, 350 millones de pesos para resarcir al gremio por la caída financiera que sufría desde 1989, derivada de la cancelación del pago de 2 por ciento sobre la adjudicación de contratos, obras y servicios.

Según las constancias del juicio por peculado iniciado en su contra, por el cual se giró una orden de aprehensión, el ex director de Pemex acordó directamente con Romero "apoyar la hacienda sindical" mediante dinero que sería entregado por el entonces director corporativo de Finanzas, Juan José Domene Berlanga.

Ese fondo es adicional a los "apoyos" para la celebración del aniversario de la expropiación petrolera y el desfile del 1º de mayo de 2000.

Destacan las siguientes transferencias: 8 millones de pesos "como apoyo para la renovación y complementación del equipo de cómputo y telecomunicaciones" del sindicato en el país; 40 millones para la remodelación y equipamiento de los edificios del comité ejecutivo general, de Zaragoza 15 y Guerrero 10, en el Distrito Federal; 35 millones "para requipamiento de las cooperativas de las 36 secciones sindicales"; 25 millones "para la rehabilitación de instalaciones y modernización del mobiliario y equipo de las 36 secciones y las 60 delegaciones del sindicato".

Estas entregas de dinero, según las constancias judiciales, se hicieron de manera indebida y ajena "a las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo".

El Pemexgate

Acerca del préstamo de 640 millones de pesos -de los cuales 500 millones se destinaron presuntamente a la campaña de Francisco Labastida- los documentos del auto de formal prisión de Manuel Gomezperalta Damirón señalan: "Es evidente que los sujetos activos (directivos de Pemex y líderes sindicales), mediante la suscripción del convenio administrativo sindical 9399 comprometieron y distrajeron de su objeto recursos presupuestales de la entidad paraestatal, que le fueron otorgados para el cumplimiento de los objetivos y metas asignados a la industria petrolera durante 2000, entre los cuales no se encuentra el otorgamiento de préstamos".

El juzgado 12 de distrito consideró que si bien el contrato colectivo entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) permite el otorgamiento de préstamos, no se cumplieron los requisitos para concederlos.

Resalta que sin "un análisis pormenorizado de las condicionantes, el director general (entonces Montemayor), (junto) con los directivos corporativos de Administración (Gomezperalta y Carlos Juaristi Septién) y de Finanzas (Juan José Domene) y el subdirector de Relaciones Laborales, autorizaron el crédito de 640 millones de pesos".

El préstamo otorgado, argumenta, resultó improcedente, pues se dio "al margen de la relación obrero-patronal".

Menciona que es evidente que los funcionarios pasaron por alto la falta de disponibilidad de recursos, la viabilidad de la recuperación del crédito, la congruencia con anteriores préstamos al sindicato, por lo que la transferencia se hizo "de forma prematura y con demasiada liberalidad".

Señala que el préstamo de 640 millones, "comparado con los similares a este tipo de operaciones, parece excesivo, ya que los otorgados por Pemex en los ejercicios anteriores (1997, 1998 y 1999) no superaron los 5 millones de pesos".

En el análisis jurídico, bajo el cual se dictó auto de formal prisión a Gomezperalta, se señala que "las cuotas sindicales retenidas por Pemex y entregadas al STPRM en 2000, ascendieron a 267 millones 379 mil 600 pesos, por lo que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el sindicato petrolero no tenía capacidad económica para reintegrar los recursos públicos al organismo, y no obstante, los directivos suscribieron el convenio administrativo sindical 9399".

En ese convenio la directiva petrolera se comprometió a pagar, en 20 mensualidades de 32 millones, los 640 millones de pesos.

Sin embargo, según el análisis judicial, cada mes la organización sindical de Carlos Romero Deschamps sólo recibiría 22 millones 281 mil 633 pesos por concepto de cuotas, "cantidad notoriamente inferior al importe de las parcialidades en que se pactó el reintegro" del préstamo.

Judicialmente la entrega de esos recursos no se ajustó a las condiciones establecidas en el contrato colectivo, además de que "la conducta desplegada conjuntamente por los directivos de Pemex se desarrolló en forma dolosa", pues aun cuando tenían "pleno conocimiento de que no estaban satisfechos", los requisitos para la operación, "ello no impidió que distrajeran de su objeto recursos públicos en beneficio de terceros".

Además, "los servidores públicos omitieron, en forma previa a la formalización del convenio, remitir el documento al área jurídica de la paraestatal, a efecto de que se revisara y aprobara su contenido".

Pese a las irregularidades en la celebración del convenio 9399, Romero Deschamps y Aldana Prieto firmaron de recibido el cheque 8648 mediante el cual se transferían 640 millones de pesos de la cuenta bancaria 102135752 de Inverlat al STPRM.

En el documento, según las actuaciones judiciales, al cheque 8648 se le anotó la siguiente leyenda: "Para abono a la cuenta número 559020699 del STPRM Comité". Es decir, Romero Deschamps y Aldana Prieto ingresaron así el capital a la cuenta que poseen en Banorte.

"En dicha cuenta se encontraban autorizados Melitón Cázares Castro y Andrés Heredia Jiménez, entre otros, los cuales en ese momento prestaban sus servicios personales al Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hicieron retiros importantes en la caja general de Banorte.

Melitón Cázares, Alonso Veraza López y Andrés Heredia expresaron (ante el Ministerio Público Federal) cómo fueron instruidos para recoger el dinero en Banorte y la mecánica mediante la cual fue entregado el monto (500 millones de pesos) en el PRI.

Una más

Mediante el acuerdo CMRS/002/2000, suscrito por el director corporativo de Administración y el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, se pagó al STPRM 80 millones de pesos "como complemento al apoyo otorgado a dicha organización" por los gastos "que erogaron de febrero a agosto en la etapa previa y posterior al proceso de revisión salarial".

Según los documentos que tiene el juzgado, ese dinero se otorgó "atendiendo las reiteradas gestiones del Comité Ejecutivo General" y "para resarcir al STPRM de los gastos generados por estudios técnicos realizados por empresas especializadas, sobre investigación documental de mercado de trabajo, perfil económico y costo de la vida, efectuados en los trabajos previos a la revisión salarial.

"Por asesorías relativas a indicadores financieros y estudios comparativos de revisiones salariales de otros contratos colectivos. Por gastos de viaje de los comisionados sindicales a las diferentes asambleas regionales y generales efectuadas a propósito de la revisión salarial.

"Asimismo, para resarcir al STPRM de los gastos generados en la contratación de instructores encargados de la preparación y capacitación de sus representantes que participaron en el proceso de la revisión salarial; por trabajos relacionados con la revisión y análisis del entorno económico nacional; por la celebración de asambleas foráneas en cada una de las 36 secciones sindicales, para dar a conocer a sus agremiados los acuerdos con la administración."

El 20 de septiembre de 2000, Romero Deschamps y Aldana Prieto, en su calidad de secretario general y tesorero del sindicato, respectivamente, "suscribieron el recibo sin número de oficio en el que señalaron haber recibido de la paraestatal" esos 80 millones de pesos, que fueron entregados, según el acuerdo CMRS-CE/002/2000, "a título de compensación especial, por única vez, sin que siente precedente y pueda ser invocado en sucesivas negociaciones."

La última

Mediante el convenio administrativo sindical 9442, del 11 de septiembre de 2000, el STPRM acordó que Pemex le entregaría mil 100 millones de pesos como indemnización por los supuestos compromisos incumplidos de la paraestatal, correspondientes a 1997, 1998 y 1999.

De acuerdo con los documentos del juicio, la obligación de pago prevista en el convenio 9442 "debió ser autorizada por el Consejo de Administración de Pemex, ya que la misma era ajena a las prestaciones pactadas entre la empresa y el STPRM".

Se señala que ese apoyo brindado al sindicato "no forma parte de las prestaciones laborales de naturaleza económica que el organismo tiene con el sindicato" y que "tampoco existía suficiencia presupuestal para hacer frente al compromiso".

Sin embargo, Pemex expidió el cheque 15185, el 19 de octubre de 2000, en favor del sindicato. El monto fue de 460 millones de pesos, pues de los mil 100 millones acordados se descontó el "préstamo" de los 640 millones de pesos, de los que al PRI presuntamente llegaron 500 millones para financiar la campaña presidencial de Labastida Ochoa.

Para el órgano jurisdiccional, "resulta evidente que la celebración del convenio 9442 fue el instrumento para distraer, en beneficio del sindicato petrolero, las sumas pactadas que afectaron la posición financiera denominada 'Ayudas varias al STPRM', que no tenía por objeto pagar indemnizaciones de ninguna especie ni financiar el pago de condenas inexistentes por litigios entablados contra la organización sindical".

En los documentos judiciales se indica, además, que mediante el convenio administrativo sindical 9356, del 8 de mayo de 2000, la paraestatal pagó a Romero Deschamps y Aldana Prieto 350 millones de pesos bajo los siguientes conceptos: cumplir los compromisos adquiridos durante las revisiones del contrato colectivo de los bienios 1997-1999 y 1999-2000, y de la revisión salarial de 1998.

Después el STPRM recibió otros 350 millones de pesos por ese concepto, con lo cual los convenios firmados por supuestos incumplimientos contractuales fueron pagados hasta en dos ocasiones durante la gestión de Montemayor Seguy.