Organizaciones sociales emprenderán un programa de preliberación de presos indígenas

En los ocho centros de reclusión de la ciudad hay más de 300 internos de ese sector

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Organizaciones indígenas del Distrito Federal, con apoyo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) del gobierno capitalino, realizarán un programa de preliberación de presos indígenas, mediante el cual proporcionarán asistencia jurídica a los internos que pertenecen a algún grupo étnico y cumplen con los requisitos para acceder a dicho beneficio.

Epifanio Díaz, dirigente de la Unión de Artesanos Indígenas, informó que actualmente una organización social, la Fundación Legal para la Asistencia Indígena, proporciona este tipo de apoyo en los reclusorios de la capital y, según cifras de la DGPRS, en los ocho centros de reclusión hay más de 300 internos pertenecientes a dicho sector.

La unión, dijo, realizará una evaluación de los casos e intervendrá en aquellos en los que detecte que hubo irregularidades o abusos, ya sea desde que se integra la averiguación previa o durante el proceso penal en el juzgado. Refirió, por ejemplo, el caso de un indígena proveniente del estado de Guerrero, Román Hernández Ramírez, quien fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 17 mil 225 pesos por haber robado una cartera con 50 pesos.

Si bien se trató de un delito agravado -robo específico-, por haber intervenido en los hechos varias personas, la juez de primera instancia Julia Ortiz Leandro, del juzgado 30 penal, consideró en la sentencia, dictada el 8 de noviembre de 1999, que había alto grado de peligrosidad según los estudios de sicológicos practicados por personal del reclusorio, argumentando también que había sido procesado con anterioridad por robo calificado en el juzgado 21 penal.

Pero en la apelación los magistrados que revisaron el expediente no encontraron constancia alguna de esto: "no existe prueba que acredite que haya sido condenado por un delito anterior", señala la sentencia de segunda instancia, por lo que fue reclasificado como delincuente primario.

No obstante, la sentencia de los magistrados confirmó en los mismos términos la sentencia de la juez Ortiz en contra de Hernández Ramírez. Además, la unión argumentará en el amparo que promoverá a favor de Hernández Ramírez, que la juez no admitió algunos testigos de descargo.

Epifanio Díaz, indígena triqui que integra la coordinación de la Unión de Artesanos Indígenas, señaló que si bien la Ley de Ejecución de Sentencias Penales no establece ninguna situación de excepción para los presos indígenas, pues los beneficios se aplican a todos los presos por igual, la intención de la organización es brindarles orientación en los casos en que no es posible ya revertir la sentencia, a fin de que puedan cubrir los requisitos que les permitan, una vez cumplido determinado tiempo de la condena, acceder a algún beneficio de libertad anticipada, como la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena o la libertad en externación.

Una vez inscrita la organización con derecho a acceder a los penales para proporcionar asistencia a presos, la próxima semana sus representantes realizarán su primera visita a uno de los centros de reclusión, con personal del módulo jurídico de la DGPRS.