martes 23 de julio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
Opinión

Acuerdos secretos de Fox-Bush, al descubierto

n Juan Cortés Sánchez
Con la expulsión del país del médico investigador Rafael Pagán Santini, de nacionalidad estadounidense, se pone de manifiesto los acuerdos secretos celebrados por el presidente Fox con su homólogo estadounidense George Bush con la intención de transgredir el orden jurídico internacional suscrito en sexenios anteriores.
El viernes 19 de julio en curso, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero, designada en este gobierno foxista como delegada regional en Puebla del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, cumplió la superior orden que le diera el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica por conducto de su agregado legal en México, para que el INM le niegue al investigador científico Pagán Santini su legal estancia en el país y lo deporte a los Estados Unidos.
La conducta servil, antijurídica y apátrida de Guadalupe Hinojosa, obedeciendo órdenes de funcionarios norteamericanos, constata la política entreguista foxiana de sumisión al gobierno de Bush. Ningún respeto les merece a ambos mandatarios la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Tratado de Extradición firmado en mayo de 1978 por el presidente de José López Portillo, y menos la Ley de Extradición Internacional promulgada por el presidente Luis Echeverría çlvarez.
El doctor Rafael Humberto Pagán Santini, de origen puertorriqueño, realizó sus estudios profesionales de medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, lugar en donde se estableció desde el año de 1976; posteriormente hizo la maestría en Biología Celular en la UNAM y actualmente, desde el mes de febrero de 1998 se encuentra trabajando en el Centro Universitario de Investigación sobre el Sida del Hospital Universitario de la UAP.
La estancia en territorio mexicano del doctor Pagán Santini siempre ha estado autorizada por el gobierno mexicano, y su contribución a la investigación científica es ampliamente reconocida en los medios universitarios. Precisamente, se encontraba iniciando sus trámites de refrendo de su permiso migratorio que vence hasta el día 16 de agosto de 2002.
Por su interés en el combate a la enfermedad del Sida, regresó a su lugar de origen y se desempeñó como director de la Red Comunitaria de Investigación Clínica sobre el Sida, conocida por sus siglas Concra, con sede en San Juan, Puerto Rico.
En junio de 1999 fue llamado a declarar como testigo en un juicio seguido en Puerto Rico por un fraude al Instituto del Sida de San Juan. Hoy en día, las autoridades norteamericanas pretenden involucrar al doctor Pagán Santini en la comisión de diversos delitos de conspiración para obstruir la justicia, por sus declaraciones.
A principios del mes de julio de 2002, el doctor Pagán Santini se percató de que era vigilado por personas con apariencia de agentes judiciales en vehículos con características de esa corporación y, temeroso de ser extraditado sin observarse las disposiciones legales establecidas en el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y las contenidas en la Ley de Extradición Internacional, así como lo establecido en los artículos 119 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó el amparo y protección de justicia federal, y de éste se tiene conocimiento el licenciado Lino Camacho Fuentes, juez sexto de Distrito del estado de Puebla, con expediente 944/02.
Desde el día 5 de julio, el juez Camacho Fuentes le notificó al secretario de Relaciones Exteriores y al procurador general de la República la suspensión de los actos reclamados que había decretado para que el doctor Pagán Santini no fuera detenido ni molestado y se le respetara su derecho constitucional de libertad personal.
Para burlar las instituciones jurídicas mexicanas, los gobiernos de Fox y Bush han instrumentado un brevísimo procedimiento que, menospreciando a los órganos encargados de la impartir justicia en México, empleados de bajo nivel de ambos gobiernos se entienden y hacen que las autoridades migratorias mexicanas cumplan las exigencias de los norteamericanos.
El 17 de julio del año en curso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del FBI dio ordenes al licenciado Rodolfo de la Guardia García, director general de la Interpol en México de la Procuraduría General de la República para que el Instituto Nacional de Migración niegue al doctor Pagán Santini su legal estancia en el país y lo deporte a los Estados Unidos.
El mismo día 17 de julio, el licenciado Rodolfo de la Guardia García transmite estas órdenes a la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero para que determine lo procedente y cumpla las órdenes norteamericanas. Esta funcionaria, que cobra quincenalmente un sueldo proveniente de los impuestos mexicanos, al día siguiente citó al doctor Pagán Santini para que se presente el viernes 19 a las 15 horas.
Por su parte, el 18 de julio el comandante Francisco Javier Garza Palacios, director general de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, les dio órdenes a 4 agentes federales para que el día 19 se trasladaran a la ciudad de Puebla para "llevar a cabo una comisión confidencial" en apoyo a la Interpol y al Instituto Nacional de Migración, debiendo portar el armamento y equipo táctico necesario.
El 19 de julio, para simular su inconstitucional conducta, María Guadalupe Hinojosa Rivero, se constituyó en juez y realizó un juicio sumarísimo al doctor Pagán Santini, y en ese acto determinó cancelar la autorización de su legal estancia en el país y su inmediatísima expulsión entregándoselo en ese acto (16 horas) a los agentes de la Interpol, que estaban custodiados por personal de servicios migratorios y por los agentes federales comisionados para tal efecto por la Procuraduría General de la República. A las 20 horas, el doctor Pagán Santini era colocado en un avión que lo condujo a la ciudad norteamericana de Houston, Texas.
La ignorancia inexcusable de la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero no la exonera de la responsabilidad penal a que se hace acreedora por la conducta desplegada en su obediencia jerárquica a las órdenes recibidas de autoridades extranjeras violando el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, la Ley de Extradición Internacional, así como lo establecido en los artículos 119 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el Procuraduría General de la República se satisface públicamente de haber burlado el mandato del juez sexto de Distrito en el juicio de amparo 944/02, porque sin el procedimiento de extradición logró satisfacer las órdenes del gobierno norteamericano poniendo a su disposición al investigador Pagán Santini en el tiempo record de 48 horas y cumplir de esta manera con las instrucciones recibidas del gobierno foxista.
Ahora que han quedado al descubierto los acuerdos secretos de los presidentes Fox y Bush, cunde la inseguridad entre los inmigrantes radicados en México, que se ven sin ninguna protección jurídica, ya que ni la Justicia de la Unión puede frenar la invasión de la soberanía mexicana.