El ex regente compareció en calidad de indiciado por los hechos del 10 de junio de 1971

Martínez Domínguez calló por motivos de salud; en 30 días responderá por escrito

Está mejor de lo que dice: líderes estudiantiles; la diligencia se realizó en un hospital de Monterrey

DAVID CARRIZALES Y BLANCHE PETRICH CORRESPONSAL Y ENVIADA

Monterrey, NL, 22 de junio. Sentado en una silla de ruedas en el cuarto 315 del hospital Christus Muguerza, Alfonso Martínez Domínguez compareció hoy en calidad de indiciado por los delitos de genocidio, homicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones, derivados de los actos represivos a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, en la ciudad de México.

Sin embargo, el ex regente capitalino se acogió a los beneficios del artículo 20 constitucional y dejó sin respuesta las 95 preguntas que le formuló el titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, quien a solicitud del indiciado, bajo el argumento de su precario estado de salud, le otorgó un plazo de 30 días hábiles para responder por escrito al interrogatorio judicial.

Aunque los ex líderes estudiantiles de 1971 consideraron que hay razones suficientes para que se realice un careo entre Martínez Domínguez y Echeverría, puesto que ambos en declaraciones periodísticas se han responsabilizado mutuamente por la matanza del Jueves de Corpus, el abogado del ex regente, Raúl Guerrero Palma, argumentó que en el expediente no hay ninguna contradicción entre ambos personajes, de ahí que no se justifica la diligencia.

El fiscal Carrillo Prieto consideró que Martínez Domínguez realizó un gran esfuerzo para atender el requerimiento judicial; al final de la comparecencia, en breves declaraciones a la prensa, comentó que al principio de la diligencia se realizó una evaluación médica para ver si su cliente estaba en condiciones de salud, y efectivamente, pudo superar la lectura de tres de las cuatro denuncias que hay en su contra, así como las 95 preguntas que elaboró la fiscalía.

Igualmente señaló que el ex regente estaba en su derecho de no declarar este día, sino cuando pueda hacerlo por escrito.

Jesús Martín del Campo Castañeda, quien presentó una de las cuatro demandas contra Martínez Domínguez por el asesinato de un hermano, comentó con ironía sobre la diferencia en el trato que han recibido el ex gobernador de Nuevo León y Luis Echeverría Alvarez, amparándose en las leyes vigentes, mientras los líderes estudiantiles de 68 y 71 sufrieron cárcel, torturas y fueron eliminados o desaparecidos, nada más por ser estudiantes y jóvenes.

''A nosotros, que luchábamos por las libertades democráticas, gente como Martínez Domínguez y Echeverría no nos reconocían el derecho de permanecer callados ni nos daban tiempo para responder por escrito; a golpes y torturas nos hacían firmar declaraciones inventadas'', agregó Salvador Martínez della Rocca, en conferencia de prensa, quien también asistió a la comparecencia en representación del movimiento estudiantil de los años de la guerra sucia.

Del Campo Castañeda expuso que Martínez Domínguez pertenece a la generación de ''políticos autoritarios y con mente criminal, que consideraban natural o razón de Estado ejercer la brutalidad sobre cualquier grupo de ciudadanos que hicieran alguna crítica a las políticas gubernamentales; incluso decían que ser autoritario era tener visión de estadista''.

Por eso, agregó, ''durante los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, en que ese tipo de politicastros tuvieron el poder, los organismos de inteligencia del Estado, como el Cisen, espiaron a cuatro millones de jóvenes y elaboraron 12 millones de fichas de información''.

El fiscal Ignacio Carrillo Prieto llevó a cabo la diligencia judicial en el cuarto 315 del Hospital Muguerza, donde el veterano político neoleonés permanece internado desde hace una semana por problemas renales, cardiacos y pulmonares, además de una encefalopatía multisectorial, de acuerdo con los dictámenes presentados por el cardiólogo José Luis Assad Morel, quien incluso aseguró que en las últimas 24 horas el ex regente sufrió una arritmia cardiaca que obligó a proporcionarle medicamentos.

Pero en opinión de Martínez della Rocca, el ex gobernador de Nuevo León presentaba mejor aspecto de salud del que han referido sus médicos.

Jesús Martín del Campo, Mario Ramírez, David Vega, Salvador Martínez della Rocca y Enrique Avila coincidieron en que el ex regente tuvo una rápida reacción mental para acogerse a los beneficios del artículo 20 constitucional y estimaron que sí está en condiciones de responder verbalmente a un interrogatorio e incluso participar en un careo con Echeverría.

Los ex líderes estudiantiles solicitaron que tanto Echeverría como Martínez Domínguez sean sometidos a la medida precautoria del arraigo, para evitar que abandonen el país y se sustraigan de la acción de la justicia.

Durante el desarrollo de la comparecencia activistas de El Barzón exigieron en silencio justicia, con el despliegue de una manta frente a la entrada principal del hospital Muguerza.

Ya superada la primera ''prueba'' ante la fiscalía especial, y con 30 días hábiles de plazo para responder al interrogatorio, es inminente la salida de Martínez Domínguez del hospital. Su hija Atala Martínez comentó que ello dependerá de su estado de salud, que en este momento es ''delicado, pero estable''. También afirmó que su padre estuvo tranquilo durante la diligencia, ''porque está libre de culpa de los hechos de 71, eso lo sabe todo el pueblo de Nuevo León''.

Primer interrogatorio judicial a Martínez Domínguez

La sombra de Echeverría enmarcó la comparecencia del ex regente

Pálido y en silla de ruedas escuchó los cargos en su contra

BLANCHE PETRICH Y DAVID CARRIZALES ENVIADA Y CORRESPONSAL

Monterrey, NL., 22 de julio. Pocos minutos después de la hora prevista, el ex regente del Distrito Federal y ex gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, en calidad de acusado de genocidio, homicidio y encubrimiento ingresa empujado en una silla de ruedas por una mujer enjoyada. Es su hija Atala. Viste camisa azul a cuadros, pantunflas azules, se tapa con una manta azul. Tiene colocado en la nariz un tubo que lo conecta a un tanque de oxígeno. Se le ve desvalido y pálido detrás de sus gruesos anteojos.

Frente a él se prepara el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, con un auxiliar del Ministerio Público que toma nota. El viejo priísta que el Jueves de Corpus de 1971 encubrió el ataque de paramilitares a una marcha estudiantil, con un saldo sangriento; que seis días después de la matanza fue obligado a renunciar como chivo expiatorio, y que muchos años después ''confesó'' que los Halcones sí existieron y fue Luis Echeverría quien dio la orden de reprimir, matar e incluso desaparecer cadáveres, es interrogado judicialmente por primera vez.

Comparece a su lado su médico, José Luis Assad, quien deja asentado que la diligencia de la semana pasada fue postergada porque su paciente -que a los 80 años cumplidos padece enfisema pulmonar- se encontraba en estado ''subconsciente'', debido a una ''encelopatía metabólica difusa multifactorial'', pero que al momento de declarar se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

Martínez Domínguez, al que la imaginería popular rebautizó como Halconso, escudriña al grupo de hombres vestidos informalmente que asisten a la diligencia como acusadores. Son veteranos de los movimientos estudiantiles de 68 y 71: David Vega, del Comité 68, director de la Vocacional 5 del Poli, el orador que estaba al micrófono en el balcón del edificio Chihuahua cuando empezó la matanza de Tlatelolco; Jesús Martín del Campo, cuyo hermano Edmundo murió el 10 de junio de 1971, y varios más.

A las 11:55 se da a conocer la primera demanda, por parte de Martín del Campo. Cuando se lee la lista de una treintena de muertos ese día, se interrumpe la diligencia. Atala Martínez proporciona a su padre un medicamento. El trámite continúa. Por momentos el anciano se agita. Pero después de media hora pierde la concentración. Se leen, de manera resumida, otras denuncias: las del Comité 68, que acusa por genocidio y vincula los hechos de 68, de 71 y los delitos de la Brigada Blanca; la de Oscar Luis Argüelles, de Sonora, cuyo hermano Raúl cayó también el 10 de junio, y la de Pablo Gómez. Entonces el fiscal le plantea preguntas.

El interrogatorio, en opinión de los acusadores, ''es correcto'', pues se basa fundamentalmente en el contenido de las denuncias. Dos abogadas del Comité 68, Gracia Moheno y Adriana Carmona, señalan que estudiarán el cuestionario y, de proceder, propondrán otras vetas más para investigar.

Enemigos en el mismo barco

En 1969, cuando Echeverría fue nombrado a dedo como candidato del PRI a la Presidencia por Gustavo Díaz Ordaz, Martínez Domínguez era presidente nacional del tricolor. La rivalidad y el odio que se dispensan desde entonces ambos personajes es conocida. Un testimonio, escrito por Heberto Castillo en 1979, da cuenta de una confesión del ex regente, que entonces era un político caído en desgracia. Martínez Domínguez, de acuerdo con la cadena de mandos dentro de la administración, era responsable de los actos de la policía capitalina y del cuerpo paramilitar formado el sexenio anterior. Pero -le aseguró a Castillo- cuatro días antes del 10 de junio recibió la orden del presidente de que los Halcones pasaban en ese momento a las órdenes del jefe de Estado Mayor Presidencial y que él, el regente, se ''desentendiera'' de vigilar la marcha estudiantil que se preparaba.

El día de la matanza, según ese relato, el regente estaba reunido con el presidente y dos funcionarios más, Leandro Rovirosa Wade y Carlos Hank González. Ahí supieron todos, por informes telefónicos que recibía directamente Echeverría, del trágico desenlace de la marcha y escucharon las órdenes del mandatario en el sentido de ''quemar, desaparecer'' los cuerpos de los muertos y de llevar a ''los demás'' al Campo Militar. ''Daba órdenes que helaban la sangre'', le dijo Martínez Domínguez a Heberto Castillo en 1971. Y se declaraba en ese momento perseguido y amenazado de muerte. En 1979, la lealtad de Martínez con el sistema fue premiada con la gubernatura de Nuevo León, donde la casta empresarial lo reclamaba como operador idóneo. Castillo reveló entonces esa plática.

Décadas después, ya jubilado, Martínez Domínguez amplió sus confesiones. El lunes por la noche, un canal local retransmitió dos viejas entrevistas de 1997. En una, el ex gobernador reconoce que los Halcones sí existieron, que la dependencia a su mando -el DDF- pagaba su nómina, que eran mil elementos y que bajo las órdenes directas del Ejército y el presidente Echeverría reprimieron la marcha de Corpus.

Echeverría llegó de visita a Monterrey esos días. De sus declaraciones a la televisión -retransmitidas ayer- destaca su interpretación de la matanza del 10 de junio: ''Jóvenes que se trenzaron a golpes''. Y del ex regente, que lo acusaba, decía: ''Mi buen amigo al que he admirado tanto; un gran luchador desde muy joven''.

Y su renuncia, dijo sonriente, ''fue cosa suya''. Hoy lo dicen los políticos de la época, como el ex secretario de Gobierno de Nuevo León, Graciano Bortoni: ''Echeverría traicionó a Alfonso''. Se sabe que por órdenes de su jefe, el regente, que tenía detalles de lo ocurrido, ofreció el día de la matanza una conferencia de prensa para negar los hechos y encubrir a los autores. Y a pesar de ello Echeverría lo sacrificó cinco días después, pidiéndole su renuncia como ''solución'' al conflicto. Hace dos semanas Echeverría volvió a torcer su versión para hacer recaer la culpa sobre su enemigo. Dijo a la prensa que él ''no sabía'' de las órdenes de reprimir giradas a los Halcones, y que ''Alfonso cometió un error''.

El cuestionario del fiscal aborda, entre otros, todos estos aspectos. Una de las preguntas indaga sobre lo que el ex regente le dijo a Heberto Castillo. Cuando Martínez Domínguez lo responda tendrá que acusar a su antiguo jefe y reconocer su culpa de encubrimiento. O desmentir a Castillo.

Estos antecedentes históricos vienen a cuento hoy día porque, como señaló aquí Jesús Martín del Campo en conferencia de prensa después de la diligencia del fiscal, ''las acusaciones mutuas entre Echeverría y Martínez Domínguez constituyen un reconocimiento de culpabilidad'' de ambos. El fiscal, señaló, ''debe darle valor ministerial'' a los señalamientos, porque ''hay elementos suficientes para fincar las responsabilidades que se deriven de los distintos grados de jerarquía''.

En esta dirección, dos integrantes de la Comisión Ciudadana de Apoyo al Fiscal Especial, Salvador Martínez della Rocca y Mario Ramírez, aseguraron que le han propuesto a la fiscalía que, ''cuando proceda judicialmente'', sean llamados a un careo los dos ex funcionarios. ''En principio -indicaron-, el fiscal está de acuerdo.''

En el proceso judicial por las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, esta diligencia concluyó sin novedad y sin avance visible. Se abre otro compás de 30 días para conocer las respuestas de Martínez Domínguez. En la lista de indiciados siguen dos militares de alto rango en retiro, los generales Luis Gutiérrez Oropeza y Jesús Castañeda, jefes de Estado Mayor con Díaz Ordaz y Echeverría, respectivamente. Cuando comparezcan, si se presentan, el juicio habrá entrado a otra etapa.