Luis Hernández Navarro

Atenco: raíz y razón

El decreto presidencial que expropia más de mil hectáreas de San Salvador Atenco no sólo afecta las viviendas y tierras de labranza de sus pobladores, sino también su iglesia y el panteón donde descansan sus muertos. Se pretende desaparecer casi todo aquello que para la comunidad es sagrado, es decir, diferente, y más importante que la realidad ordinaria: lo que le da continuidad y raíces.

El gobierno federal quiere comprar en Atenco lo que para los campesinos no está en venta. Quiere adquirir con pesos y centavos lo que escapa a las relaciones mercantiles.

Muchos ejidatarios consideran a la tierra tan sagrada como su cementerio y su santuario. Para ellos no es una mercancía cuyo valor dependa de la ley de la oferta y la demanda ni un producto que deba entrar al mercado. De ella viven. Con ella han forjado su identidad y razón de ser. Merced a ella han sacado adelante a sus familias. No es un bien intercambiable, ni siquiera por uno similar ni aunque sea de mayor calidad. No necesitan haber ido a la escuela para saber que la obtuvieron por la lucha de sus antepasados; lo suyo no es enseñanza escolar, sino la vida misma. No están dispuestos a perder su único patrimonio por causa de una dudosa "utilidad pública" que servirá a unos cuantos para hacer negocios.

Los campesinos de Atenco no se oponen al progreso, pero sí a una de sus versiones que no los incluye. "Queremos el progreso", han dicho de muchas maneras. "Queremos proyectos para el campo", han respondido a quienes los acusan de frenar el desarrollo.

Sus palabras no hacen otra cosa que corroborar sus acciones. Durante décadas se han organizado para introducir agua y luz, por tener servicios, por mejorar sus tierras. Antes que líderes políticos sus dirigentes han sido gestores sociales a favor del bienestar de sus pueblos.

Pero el gobierno federal no los escucha. Prefiere inventar interlocutores a modo y simular la existencia de una importante corriente de opinión a favor de la venta de tierras entre los campesinos afectados que tratar con los dirigentes reales que se oponen a ello.

El pasado 17 de julio el secretario de Gobernación se reunió con representantes de 10 comunidades que, en palabras de ellos mismos, "nos hemos disciplinado... pero el único punto de partida es el precio". Sin embargo, la mayoría de esas autoridades agrarias presentes en la reunión no son tales o han sido desconocidas o pertenecen a los ejidos de Texcoco a los que se les quitan pequeñas cantidades de terreno.

El decreto expropiatorio perjudica 15 núcleos ejidales pertenecientes a tres municipios: seis en Atenco, uno en Chimalhuacán y siete en Texcoco. Dos de ellos, ubicados en Texcoco, pierden sólo tierras de uso común. El mayor número de ejidatarios y la mayor cantidad de superficie expropiada se localiza en Atenco. Tan sólo en San Salvador, centro de la resistencia, mil 482 labriegos perderían más de mil hectáreas.

Entre los 10 delegados que asistieron a la reunión con Santiago Creel se encontraba, a pesar de que no representa a nadie, David Olivares, ex presidente municipal perteneciente al PRI. Estuvo presente también, no obstante que fue destituido desde el inicio del movimiento de resistencia, el presidente del comisariado de Tocuila, quien fue nuevamente cesado en sus funciones el pasado domingo. Aunque la Secretaría de Gobernación informó que al encuentro habían asistido los comisariados de Magdalena Panoaya y de Acuexcomac, éstos participaron a esa misma hora en una reunión pública en la Universidad de Chapingo. El delegado de Nexquipayac fue con el titular de Gobernación sin consultar a los campesinos de su ejido. En síntesis, la negociación resultó más una impostura gubernamental que un paso serio en la solución del conflicto.

El gobierno federal no tiene ahora mucho margen de maniobra. Sabe que la oferta de una indemnización menos tacaña y la entrega de tierras en otros poblados será rechazada por la mayoría de los ejidatarios. El tiempo no corre de su lado: el movimiento de resistencia es hoy más fuerte que en octubre del año pasado. Las demandas legales que impiden el inicio de las obras caminan con lentitud y pueden cancelar definitivamente el proyecto, y aunque resultaran a su favor se enfrentarían con la resistencia campesina a dejar sus parcelas y casas. El uso de la fuerza pública le haría perder legitimidad. La opinión pública está del lado de los campesinos. Un debate serio sobre el plan en los medios de comunicación mostraría muchas insuficientes técnicas en su diseño: el 11 de septiembre, como señaló Manuel Camacho, modificó las reglas de seguridad de los aeropuertos y no están contempladas en la propuesta original.

La resistencia de los atenquenses nace de la amenaza que su cultura e identidad sufren por parte de una iniciativa que no se les consultó y que se les pretende imponer. No los convencerán de lo contrario. Más valdría que el gobierno federal anunciara a la brevedad que la nueva terminal aérea metropolitana será construida en otra parte.