Embarga Garzón cinco sedes de Batasuna

Sensible disminución del "apoyo total" de la población vasca a ETA, revela encuesta

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 18 de julio. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó hoy el embargo de cinco sedes de la coalición de la izquierda independentista vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA, en una medida calificada de "auto político" por la directiva abertzale (nacionalista).

De este modo, el magistrado español ya ha inmovilizado 109 cuentas bancarias, 75 herriko tabernas y cinco inmuebles de la formación radical.

El auto de Garzón se inscribe en la decisión adoptada hace dos semanas en la que consideró que Batasuna, como "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera en el País Vasco, tenía que pagar una fianza de 24 millones de dólares.

Esta vez, Garzón ordenó el embargo al considerar que "han realizado una serie de negocios simulados en la búsqueda de los mayores beneficios de sus titulares, aprovechando para ello a dichas entidades, legalmente constituidas con el único propósito de ocultar la real detentación de su patrimonio para hacer imposible que terceros o ajenos pudieran reconocer la verdadera titularidad de los bienes embargados".

Los bienes afectados por esta decisión judicial son una sede de Batasuna en San Sebastián; un solar ubicado en Rentería (Guipúzcoa); la sede de Batasuna en Vitoria, un pabellón industrial ubicado en el Polígono de Santa Agueda, en la carretera de Izorroza a Castrejana, y un inmueble que figura a nombre de Mesal/Martzelianoetxea Sal, "incluida en el proyecto Udaletxe de ETA como proyecto exclusivo de HB" (Herri Batasuna, antecesora de Batasuna).

El vocero de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, caracterizó la decisión de Garzón como un "auto político que implica el acoso y derribo" de la coalición abertzale.

Indicó que la organización no tiene propiedades, "ninguna de las embargadas es nuestra. Hay que recordar que lo mismo ocurre con las herriko tabernas, que no son de Batasuna, sino propiedad de los pueblos y los barrios afectados".

Destacó que "esta situación es muy similar a la que se vivió durante la dictadura de Primo de Rivera" y subrayó que "la ley de confiscación ya fue utilizada por (el ex dictador Francisco) Franco", y preguntó al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder regional) y a Eusko Alkartasuna (EA) qué esperan para reaccionar contra "esta nueva agresión".

Euskobarómetro

El gobierno vasco dio a conocer hoy los resultados del Euskobarómetro de los seis meses anteriores, en el que como tendencia más destacada figura la sensible disminución del "apoyo total" de la población vasca a la organización armada ETA, que según los datos difundidos no supera "uno por ciento", cuando en 1981 era de 8 por ciento.

El apoyo a la violencia entre el electorado de Batasuna retrocede "significativamente" al pasar la "justificación crítica" del terrorismo de 66 a 12 por ciento, mientras que simultáneamente en este grupo crece de 32 a 72 por ciento la opción de quienes apoyan los "fines" de ETA pero no los "medios", según explicó Francisco Llera, responsable del estudio estadístico.

El mismo informe permite constatar que la ley de partidos políticos, creada ad hoc por el Ejecutivo español, del conservador José María Aznar, para declarar ilegal a Batasuna, es ampliamente rechazada en la región, al considerarla "desaconsejable, perjudicial y antidemocrática".

En otro asunto, los tribunales españoles condenaron a 33 años de prisión a los presuntos miembros de ETA encontrados culpables del asesinato a tiros en 2000 del dirigente socialista Ernest Lluch, ex ministro durante los gobiernos socialistas de Felipe González y un firme defensor de la negociación política para lograr una resolución en el conflicto vasco. Los condenados son José Ignacio Krutxaga, Lierni Armendáriz y Fernando García Jodra.