El lunes, la diligencia; el ex regente capitalino, en calidad de indiciado
Interrogarán a Martínez Domínguez en NL
La defensa argumenta precario estado de salud del político para evitar su traslado al DF
JESUS ARANDA Y DAVID CARRIZALES REPORTERO Y CORRESPONSAL
El ex regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez comparecerá en calidad de indiciado el próximo lunes 22 de julio ante la fiscalía para asuntos del pasado en un hospital de Monterrey, adonde acudirá su titular, Ignacio Carrillo Prieto, a tomarle la declaración previa, informaron ayer Salvador Martínez della Rocca y Mario Ramírez, integrantes del comité ciudadano de apoyo a la fiscalía.
En tanto, trascendió que el fiscal Carrillo Prieto solicitó al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, que la Federación aporte mayores recursos para investigar los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, ya que se han retrasado las indagatorias al no poder instalarse al menos cinco mesas ministeriales, además de la insuficiencia de agentes del Ministerio Público Federal, ya que la fiscalía cuenta con 30 cuando se requieren al menos 60 más.
El lunes pasado, familiares y los abogados de quien fuera regente capitalino en junio de 1971 entregaron al fiscal Ignacio Carrillo Prieto 11 dictámenes médicos en los que se señala que la salud de Martínez Domínguez no le permite viajar de Monterrey -donde se encuentra hospitalizado- a la ciudad de México, por lo que se decidió aplazar la audiencia ministerial programada para celebrarse este miércoles en la capital del país.
Pese a que la fiscalía oficializó que la audiencia será el próximo lunes a las 11:30 horas, en el hospital Muguerza de Monterrey, el abogado defensor de Martínez Domínguez, Raúl Guerrero Palma, sostuvo en esa ciudad norteña que aún está por decidirse si la diligencia se lleva a cabo en su domicilio particular de la colonia Bosques del Valle o en el hospital Muguerza, donde permanece desde el pasado lunes atendiéndose de problemas renales y respiratorios. Otra opción es que se le permita hacerlo por escrito, en caso de que se considere que no está en condiciones de responder a los interrogatorios, expuso el abogado.
Ignora los delitos que se le imputan
Asentó que el ex líder nacional del PRI está en calidad de indiciado ante los hechos de 1971, según los artículos que se mencionan en el citatorio que se le hizo llegar a su domicilio, pero aseguró que todavía desconoce los delitos que se le imputan.
Guerrero Palma, quien junto con Raúl Cárdenas Rioseco se hizo cargo de la defensa legal de Martínez Domínguez, señaló que ayer se presentó una promoción ante la fiscalía especial para solicitar que la comparecencia se llevara a cabo en una fecha distinta al 17 de julio y se efectuara en Monterrey, no en la capital del país como estaba previsto, atendiendo el estado en que se encuentra el ex regente, quien desde ayer permanece en la sala dos de terapia respiratoria del Muguerza.
El abogado rechazó que se trate de una estrategia para evitar que Martínez Domínguez vaya a la ciudad de México, y agregó que además de que existen constancias médicas sobre las intervenciones quirúrgicas y las veces que el político ha sido hospitalizado, le consta que es muy difícil que pueda mantener una conversación por más de 10 minutos, ya que se agita muy pronto.
"Los médicos me comentaron que tiene cardiopatía coronaria, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia valvular aórtica e insuficiencia renal crónica, entre otros padecimientos", dijo el defensor legal.
Expuso que Martínez Domínguez está consciente y lúcido, pero su estado de salud es precario, sin posibilidades de viajar a la capital del país "porque no puede mantener un ritmo constante de trabajo".
En tanto, Graciano Bortoni Urtega, quien fuera secretario general de Gobierno cuando Martínez Domínguez fue gobernador de Nuevo León, luego de visitarlo en el hospital señaló que los problemas legales en que está implicado su amigo "son por la falta de hombría del ex presidente Luis Echeverría", ya que al comparecer ante la fiscalía especial le achacó la responsabilidad por la matanza del jueves de Corpus, siendo que con anterioridad había dicho que nada tenía que ver en eso.
Por su parte, ante la falta de información oficial de la fiscalía sobre este asunto, Martínez della Rocca dijo en conferencia de prensa que las dificultades que tiene para comparecer Martínez Domínguez, aun cuando le ha dicho al fiscal que sí quiere hacerlo, son resultado de juzgar hechos después de más de 30 años de que ocurrieron, cuando muchos de los actores ya murieron o su avanzada edad impide llevar los procesos respectivos de manera adecuada.
Pide apoyo el comité ciudadano
Martínez della Rocca y Mario Ramírez, quienes forman parte del comité ciudadano de apoyo a la fiscalía y tienen cargo "honorario", le solicitaron al fiscal Carrillo Prieto que los apoye económicamente para que puedan asistir a la audiencia programada el lunes próximo en Monterrey.
Por su parte, Jesús Martín del Campo dijo que quienes interpusieron demanda contra Martínez Domínguez tienen todo el derecho de asistir a la comparecencia, por lo que no descartó que pudiera estar presente. El mismo derecho lo tienen Raúl Alvarez Garín y los integrantes del comité 68-98, así como Oscar Luis Argüelles, en su calidad de denunciantes.
Martínez della Rocca comentó que debido al estado de salud de Martínez Domínguez sería conveniente que la audiencia se desarrolle de manera ágil, que la lectura de las demandas en su contra sea breve y las preguntas que se le formulen sean directas.
Por ejemplo, indicó: "Ƒquién fue el responsable de la matanza del 10 de junio de 1971?, Ƒpor qué ocultó tantos años información en el sentido de que Los Halcones estaban en la nómina del Departamento del Distrito Federal?, Ƒqué opina de que Luis Echeverría afirmó que la responsabilidad de los hechos es precisamente de Martínez Domínguez?"
Respecto a la falta de recursos de la fiscalía para actuar, trascendió que Carrillo Prieto se reunió con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien prometió dar respuesta en los próximos días.
Precisamente, se indicó, la falta de dinero no ha permitido echar a andar la propuesta de Raúl Alvarez Garín de crear cinco mesas ministeriales con el objetivo de que se puedan realizar al mismo tiempo los interrogatorios de los sospechosos de las matanzas de 1968 y 1971. Tampoco se ha podido contratar a los 60 agentes del Ministerio Público que se requieren para acelerar las indagaciones.
Nueva denuncia contra Echeverría Alvarez
Federico Emery Ulloa interpuso ayer ante la fiscalía de asuntos del pasado una demanda contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez por la matanza del 2 de octubre de 1968, en la que destaca la participación de un comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que, en el tercer piso del edificio Chihuahua, de Tlatelolco, participó en la detención de más de 200 personas, enviadas al Campo Militar Número Uno.
Emery denunció que en los primeros días de mayo de 1969 fue secuestrado por agentes de la DFS, bajo el mando de Miguel Nazar Haro, quienes lo mantuvieron en cautiverio más de un mes y lo sometieron a tortura sicológica, que le dejó secuelas. La querella de quien formara parte del Consejo Nacional de Huelga se suma a otras demandas contra Echeverría Alvarez, a quien responsabiliza directamente de los hechos.
Dice que él estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua y observó que las luces de bengala fueron lanzadas desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no desde el helicóptero que realizaba maniobras sobre la plaza. "Los primeros disparos fueron aislados, luego se escuchó el tableteo de armas automáticas y enseguida miles de disparos que parecían de fuego cruzado y algunos de tanquetas", relata.
La terraza del tercer piso del Chihuahua fue tomada por 12 hombres armados con pistolas que llevaban un guante blanco en la mano izquierda y eran comandados por un tal Cuauhtémoc Cárdenas, que era director de la Policía Judicial del Estado de México, había tenido el mismo cargo en el Distrito Federal y colaboraba en asuntos políticos de la DFS.
Llama la atención que según su relato, el comandante Cárdenas dijo a los detenidos -que estaban en el piso porque los tiros continuaban- que gritaran: "šBatallón Olimpia, blanco, no disparen!" Posteriormente el denunciante fue trasladado semidesnudo en un convoy militar al Campo Militar Número Uno y recluido junto con cerca de 200 personas en un dormitorio para soldados, donde permanecieron varios días.
Emery, quien se hacía llamar Ricardo Chávez Peimbert, fue liberado después y se incorporó al Consejo Nacional de Huelga en la clandestinidad, hasta que en los primeros días de mayo de 1969 fue secuestrado por agentes de la DFS, que lo llevaron a una casa de seguridad hasta el 5 de junio de ese año, cuando fue entregado al Ministerio Público y recluido en la cárcel de Lecumberri; ahí permaneció hasta mayo de 1971, cuando fue obligado a emigrar a Chile.
En entrevista afuera de la fiscalía, el ex activista reveló que los interrogatorios en la casa de seguridad los hacía Miguel Nazar Haro, y en ese tiempo lo obligaron a consumir cápsulas para eliminar los moretones que tenía por las golpizas, antes de que fuera presentado ante el Ministerio Público. Más adelante, un siquiatra de nombre Rafael Roquet Pérez le reveló que le habían suministrado una droga que provocaría cambios cíclicos en su conducta, por lo que era mejor que no se resistiera -"puedes terminar loco o morir", le advirtió-, y acto seguido le dijo que tenía 400 preguntas que hacerle. Después el propio Roquet encabezaba sesiones en que le proyectaban videos pornográficos, escuchaba música de Wagner a todo volumen y recibía tortura sicológica.
Por otra parte, la ex edil de Atoyac María de la Luz Núñez Cabañas se presentó también ante la fiscalía para interponer una demanda por la matanza de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, de la que responsabiliza al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
JESUS ARANDA
"ƑNos vamos a morir sin ver a esos tipos en la cárcel?"
Justifica Martín del Campo ajustar cuentas con el pasado
El ex dirigente ofrece su testimonio de la matanza del 71
BLANCHE PETRICH /I
Una noche reciente, dos amigos veteranos de los movimientos estudiantiles del 68 y el 71, Jesús Martín del Campo y Raúl Alvarez Garín, se trabaron en una larga plática, dándole vueltas a la sinrazón de la impunidad en México. Surgió una pregunta: "ƑEntonces qué? ƑNos vamos a morir sin ver a esos tipos en la cárcel?"
La pregunta no quedó en el aire. El 10 de junio, en el 31 aniversario de la matanza de Corpus y del asesinato de su hermano Edmundo, el maestro Martín del Campo, actual funcionario del Gobierno del Distrito Federal, acudió a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la PGR, y citando como antecedente la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, presentada por el comité 68 para juzgar como genocidio los hechos de Tlatelolco y San Cosme, y las desapariciones forzadas de los años 70, interpuso por primera vez una denuncia penal por la matanza de estudiantes "planeada, ejecutada y encubierta" por el gobierno el 10 de junio de 1971.
Tres décadas atrás, las familias de las víctimas de la represión no acudían a las procuradurías ni a los tribunales en busca de justicia. "Era como acudir con una queja a casa del verdugo, Ƒpara qué? Como generación no creímos en la vía jurídica, no existía. Los que participamos en los movimientos del 68 y del 71, los que militábamos, que caíamos presos y tuvimos bajas incluso entre nuestras familias, reaccionamos con estoicismo. Buscamos otras formas de combatir al régimen", sostiene Martín del Campo.
El enterró a un hermano en 1971. Edmundo, un año menor que él, carpintero de oficio y activista de los comités de lucha del Politécnico, cayó el jueves de Corpus frente al número 4 de la calle Tláloc, a media cuadra de la avenida de Los Maestros, por San Cosme, con una bala expansiva en el tórax. Iba en las hileras frontales de la gran marcha estudiantil inicial después de la noche de Tlatelolco, y
fue de los primeros en ser cazados por el grupo paramilitar Los Halcones. Jesús y sus padres, José de Jesús y Guadalupe, enjugaron las lágrimas, levantaron una lápida con la V de la victoria en el panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, y siguieron adelante.
"Es necesario el ajuste de cuentas con el pasado. Por eso dimos este paso, para que por nosotros no quede", relata.
Junto a esa tumba yace Jorge Callejas Contreras, un muchachillo de 14 años, vecino de San Cosme, quien hacía un mandado para su mamá ese jueves de Corpus. Y José Moreno Rendón, un estudiante de antropología, también abatido.
Los hermanos Martín del Campo, hijos de obreros, siguieron los pasos de José Revueltas después de su escisión del Partido Comunista, militando en las filas de la Liga Leninista Espartaco. Después de los hechos del 68, ese movimiento estaba fraccionado. Por supuesto que ambos fueron al mitin de Tlatelolco el 2 de octubre. Jesús cayó preso y pasó tres semanas en la crujía C de Lecumberri.
En 1971, a los 20 años, Edmundo era carpintero, había terminado la secundaria en una nocturna y justo en la mañana del 10 de junio se había inscrito en la Vocacional 6 del Politécnico. Tenía muchos amigos en la Escuela de Economía y participaba en sus comités de lucha.
El día de la marcha, primera reagrupación masiva después del golpe del 68, quedó de ver a su hermano Jesús en la descubierta de la marcha. Pero éste, que ya era profesor, se retrasó porque la estación Normal del Metro estaba cerrada y había tenido que seguir hasta San Cosme. Desde ahí Jesús empezó a notar que algo iba mal. En las bocacalles había fuertes contingentes de granaderos agazapados y núcleos de jóvenes diferentes -en el modo, en la ropa- ya empezaban a corretear a los manifestantes. Cuando atisbó la columna humana a distancia escuchó los primeros disparos y corrió en sentido contrario. Una puerta, en una calle, se abrió y unos brazos solidarios jalaron a Jesús y a otro joven hacia el interior de una casa. Nunca supo el nombre de ese señor. Pero durante el largo tiempo que duró el fuego graneado en las calles presintió que algo malo había pasado con su hermano.
Salió cuando los disparos cesaron y caminó hacia Melchor Ocampo. Un cerco policiaco impedía el paso. Se desvió hacia avenida de Los Maestros y ahí vio el primer cuerpo inerte de un joven frente a la puerta de la Normal. Un grupo lo rodeaba. Recorrió el trayecto de la marcha preguntando por Edmundo, hasta que cayó la noche. Alguien le sugirió ir al hospital Rubén Leñero, donde habían llevado a los heridos. Ahí lo atendió un médico muy amable. Dio las señas de su hermano, alto, moreno. No lo habían visto, pero ese doctor le refirió que minutos antes "grupos de choque" -así dijo- habían irrumpido en la sala de urgencias y se habían llevado a algunos estudiantes heridos.
Desalentado llegó a casa de sus padres, en la Agrícola Oriental. Horas más tarde llegó un amigo, Hugo Moseschi. El les dio la mala noticia: Edmundo iba en las primeras filas y cayó con el pecho abierto por una bala expansiva. Entre varios compañeros lo cargaron hasta una vecindad. A los pocos minutos murió.
Siempre ha habido guerras sucias, afirma la abogada de detenidos y perseguidos
Un espectáculo, la apertura del archivo 68: Merino
JOSE EDUARDO TAPPAN M. ESPECIAL
Carmen Merino figura entre los abogados sobrevivientes del equipo que defendió a los presos del movimiento de 1968 y de otros que por razones políticas eran perseguidos o estaban detenidos. A 32 años de distancia, Merino subraya que los expedientes de esa época "salían de los juzgados los lunes para ser limpiados y corregidos en la Procuraduría", y considera que la apertura actual de estos archivos es "un simple espectáculo", "pan y circo".
Merino perteneció a un grupo que hoy es célebre con nombres como Emilio Krieger Vázquez, Carlos Fernández del Real, Guillermo Andrade Gesler y Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Militante de las izquierdas claras y refugiada de la Guerra Civil Española, es sobreviviente de persecuciones y amenazas de este periodo que hoy se llama guerra sucia.
-ƑQué opina sobre las acciones para enfrentar lo que se llama guerra sucia?
-No sabría por dónde comenzar, quizá por el sentido jurídico. Cuando leo la prensa o escucho el conjunto de declaraciones de supuestos especialistas o de políticos, me molesta la ambigüedad que han construido para justificar el que realmente no se haga nada. Por ejemplo, Ƒqué es un desaparecido? Jurídicamente, Ƒqué se hace frente a los desaparecidos?, Ƒqué se hace con los desaparecedores?
"Esto no es un asunto nimio, como tampoco el hecho de que se reconoce a los zapatistas como ejército beligerante, ya que esto se encuentra legislado por el derecho internacional, mientras que si se habla de ellos como revoltosos, Ƒqué es eso?, Ƒqué voz pueden tener desde el punto de vista de la ley? Simplemente se trata de que la ambigüedad no es efecto de la ingenuidad jurídica, sino de manipulación, imposibilitando la tarea misma del quehacer jurídico."
-ƑQué posición tiene de que se abran a la consulta pública los documentos de la antigua DFS y de otras dependencias?
-A mí me consta que los expedientes del 68 salían de los juzgados los lunes para ser limpiados y corregidos en la Procuraduría; además, el testimonio escrito y documental de ese periodo fue destruido, por lo que mucha información escrita ha desaparecido para siempre.
"Por lo tanto, Ƒno sería interesante generar un acervo testimonial oral sobre cada uno de esos eventos, desde el 2 de octubre hasta Acteal? Además, me pregunto: en el caso de que se lograra filtrar alguna información en los documentos, y una vez que se demuestren los delitos, Ƒquién integrará las denuncias a que esos expedientes den lugar? Seguramente lo harán otros funcionarios del gobierno y presumiblemente de derechos humanos. ƑDebemos confiar en que se hará lo procedente legalmente? Creo que no se trata de apelar a la buena fe, porque desde que yo recuerdo todos los funcionarios en turno han pedido lo mismo y la impunidad continúa, en medio de un espectáculo grotesco de descalificaciones y provocaciones por todos lados, y se nos muestra en los medios masivos la peor dimensión de la retórica.
"Lo que se trata es simplemente de sacarle la vuelta y de no aplicar la ley. La impunidad es uno de los problemas más importantes de este país porque nadie tiene responsabilidades directas de nada, nadie tiene que dar cuenta de su irresponsabilidad, siempre es culpa de otro, en especial de algún subalterno. Esta es la razón de que los políticos y funcionarios públicos inventen dobles discursos y eufemismos, para no decir las cosas como son.
"Por ejemplo, quieren que queden claras ahora cosas que nosotros siempre supimos: que existió intervención telefónica. Sin embargo, Ƒlo están investigando como delito? ƑO se trata de una travesura que hacían los funcionarios públicos? Si hay delitos, Ƒexisten delincuentes o se trata de delitos de generación espontánea? Yo viví con el teléfono intervenido. El asunto era tan simpático que ni los recibos de teléfono me llegaban a la casa. šEl teléfono era gratis! Incluso pusieron un micrófono en mi cuarto; a mi hijo de ocho años le dijo una señora que era trabajadora de Teléfonos y entró a mi casa. Ese es otro delito.
"Por eso todo me parece simple espectáculo, pan y circo. Como no han resuelto el asunto del alimento, nos distraen con todo un gran circo, hacen de la aplicación de la ley un espectáculo, pero cada día creemos menos; el sentido falso y sensacionalista de estas supuestas persecuciones contra los inescrupulosos ex gobernantes y sus equipos queda más de manifiesto.
"Toda la historia de México, desde la Conquista hasta su presente, está repleta de guerras sucias. De hecho, quizá ese sea el real escenario de la política mexicana. Lo que sucede y se cocina tras bambalinas, en donde se decide incluso quién vive y quién muere. Si no, cómo explicar las muertes de Colosio y de Ruiz Massieu. En México nunca hay responsables."
-ƑY la fiscalía especial?
-Ese es el mejor ejemplo. Se trata de simulaciones. Los fiscales especiales son coadyuvantes. No tienen ni responsabilidad ni acción directa. Los verdaderos responsables son los procuradores. ƑHan logrado sacar algo en claro estas fiscalías especiales? ƑExiste alguna averiguación? ƑSe ha integrado algún expediente?
"Se trata de una figura jurídica que se crea para dar una solución política a un problema jurídico, lo que provoca que si la averiguación está mal dirigida, Ƒquién es el responsable? Pues el procurador. No se hagan bolas. Nadie más, porque si no lo hacen, los actuales serán corresponsables, por lo que se les puede fincar responsabilidad por encubrimiento."