Son investigadas cinco dependencias, informa la Contraloría estatal

Investigan en Yucatán a ex funcionarios por presunto desvío de 50 millones de pesos

Es factible que les hayan dado un uso de cajas chicas, indica Patrón Laviada

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 15 de julio. El gobierno del estado advirtió que no habrá "impunidad" para ex funcionarios de la anterior administración que incurrieron en el presunto desvío de 50 millones de pesos. Las indagatorias se realizan en cinco dependencias y el gobernador Patricio Patrón Laviada consideró que puedieron haber sido utilizadas como cajas chicas con fines electorales.

Ante esta situación, la Contraloría estatal indicó que la Procuraduría General de Justicia del estado investiga, entre otras instancias, al Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas de Yucatán (Icemarey), la Secretaría de Hacienda, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), el Patronato Cultur y el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán (ISSTEY).

Según la Contraloría estatal, a cargo de Jorge Ceballos Ancona, la corporación policiaca ya consignó el expediente del Icemarey ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, la ex directora del organismo, Miriam Fáller Campos, quien está fuera del país -presuntamente en Europa- es buscada por la Procuraduría de Justicia para que responda en caso de ser requerida.

Sin embargo, la Contraloría yucateca indicó que al Icemarey sumó las denuncias de otras cuatro direcciones más que fueron dirigidas por colaboradores cercanos del entonces gobernador Cervera Pacheco.

En total, el presunto desvío de recursos federales y estatales ascendería a 50 millones de pesos. Tan sólo el problema del Icemarey, ya documentado, es de 10 millones de pesos. Dicho monto provino del Programa de apoyo al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF).

A este respecto, el gobernador panista Patricio Patrón Laviada aseguró hoy que en su gestión no se propiciará la impunidad y tampoco se "premiará" a los malos ex funcionarios que defraudaron la confianza de la sociedad yucateca y se aprovecharon de sus impuestos.

Añadió que en breve podrían liberarse las órdenes de aprehensión para los ex funcionarios que cometieron algún delito. De igual manera destacó que la Procuraduría de Justicia estatal investiga las pesquisas en torno de las denuncias por malos tratos en la correccional para menores y el penal de adultos en Mérida.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) sesionó hoy, por primera ocasión, con su consejo consultivo y acordó participar en la investigación de las irregularidades y denuncias contra la Escuela de Educación Social para Menores Infractores y el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mérida, las cuales tienen recomendaciones de la CNDH.

Sergio Salazar Vadillo, recién designado ombudsman, reportó que la dependencia estará atenta y vigilante sobre el desarrollo de los abusos cometidos en aquellos reclusorios contra los internos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en el último año recomendaciones por trato inhumano hacia los reclusos, aunque el actual gobierno asegura que éstas ya se cumplieron parcialmente.