DESFILADERO
Jaime Avilés
Intifada en Atenco
Desde anteayer a mediodía, los dirigentes campesinos
Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle están presos
en alguna cárcel del estado de México -todavía no
se sabe en cuál- por defender sus legítimos derechos a la
tierra, al trabajo y a la vida. A finales del año pasado, el gobierno
de Vicente Fox expropió el pequeño mundo que habitan -sus
casas, sus calles, sus escuelas, sus milpas, su todo- y anunció
que les pagaría la fabulosa suma de siete pesos por cada metro cuadrado.
Ayer por la tarde, mientras miles de campesinos como ellos
resistían el acoso militar y policiaco, exigiendo la liberación
de sus líderes, la empresa Alfombras y Decoraciones SA, que opera
en la capital del país, dio a conocer que de acuerdo con su catálogo,
el tapete más barato en existencia tenía un precio de 55
pesos el metro cuadrado. Esto quiere decir que para comprar un metro de
ese producto textil, Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle
necesitarían vender ocho metros de su universo al gobierno de Vicente
Fox.
Pero, ¿a cuánto ascendería el precio
del metro cuadrado en San Salvador Atenco una vez que la administración
federal construyera en ese lugar el nuevo aeropuerto internacional que
planea? En Santa Ursula Coapa, donde en 1984 el gobierno de Miguel de la
Madrid expropió 33 hectáreas de la familia Ramos Millán,
el pasado 20 de mayo un tribunal condenó a la Secretaría
de la Reforma Agraria a pagar a los quejosos 3 mil 700 pesos por cada metro
cuadrado.
Claro, cuando el gobierno de De la Madrid se apoderó
de aquella superficie, ese rincón de Coapa era un mosaico de ciudades
perdidas, que había renunciado a su antigua vocación rural
y estaba a punto de ser engullido por la especulación del mercado
inmobiliario. ¿No sucedería exactamente lo mismo con las
tierras agrícolas de San Salvador Atenco? A Ignacio del Valle, a
Jesús Adán y a los jefes de 4 mil 375 familias de ejidatarios
que viven en la zona de Texcoco, el gobierno de Fox intenta comprarles
el suelo donde tienen echadas sus raíces desde hace más de
100 años a un precio ocho veces inferior al del tapete más
deleznable.
El
problema, por fortuna, no es de pesos y centavos. Los ejidatarios de San
Salvador Atenco; Chimalhuacán; San Martín Texcoco; Francisco
I. Madero; Santa Isabel Ixtapan; San Bernardino; Santiago Cuautlalpan;
San Felipe y Santa Cruz de Abajo; Magdalena Panoaya; Huexotla; Nexquipayac;
San Francisco Acuexcoman, secciones primera y segunda, y Tocuila no están
peleando por obtener mayor indemnización.
Luchan, cosa que no pueden entender Fox y los empresarios
del grupo Atlacomulco, por preservar su unidad cultural, su modo tradicional
de ganarse la vida y su proyecto comunitario. Si Diego Fernández
de Cevallos, el mayor coyote de México, litigara en favor
de ellos y consiguiera que les pagaran no a 7, sino a 7 mil pesos el metro
cuadrado, tampoco aceptarían la recompensa.
Abandonar la tierra que habitan y labran representa para
ellos, y bien lo saben, la muerte cultural con todas las amargas y terribles
consecuencias que ello implica. De allí su tenacidad y su feroz
resistencia. Si Santa Teresa de Avila escribió los clásicos
versos que empiezan diciendo: "muero porque no muero", los campesinos del
vaso de Texcoco bien podrían, cada uno, recitar: "muero para que
no me maten".
Gobierno de empresarios
Hace un año y medio, cuando estaba en plena luna
de miel con sus eufóricos electores -la inmensa mayoría de
ellos pobres, desesperados, sin perspectivas, pero llenos de esperanzas
en el supuesto "cambio"-, Vicente Fox declaró que el suyo era un
"gobierno de empresarios, por empresarios, para empresarios". Esa definición
es la que hoy está en juego en Texcoco.
Después de un largo forcejeo con el gobierno y
la clase política y empresarial de Hidalgo, el gobierno y la clase
política y empresarial del estado de México lograron que
la administración de Fox decidiera la edificación de un nuevo
aeropuerto en el territorio de los 15 sobrepoblados ejidos mexiquenses
que tienen como centro gravitacional a San Salvador Atenco.
Vino el decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001,
por el cual, sintiéndose más listos que nadie, los empresarios
foxistas, hechos gobierno, condenaron a 4 mil 375 familias a abandonar
la región y a aceptar la famosa y humillante cantidad de siete pesos
por metro cuadrado, con la cual no alcanzarían a pagar siquiera
la mudanza hacia la nada. Porque a nadie se le ocurrió, ni en Atlacomulco
ni en Los Pinos, buscarles una solución espacial y laboral que los
pusiera a salvo de la indigencia.
El nuevo aeropuerto, les dijeron, los reconvertiría
en maleteros, trapeadores de pisos y baños, empleados de MacDonald´s,
etcétera. Sólo tenían que confiar en Fox. De dueños
y señores de su tierra pasarían a convertirse en parias.
Cómo no.
Quince días después de haber conocido la
sentencia de muerte que de buenas a primeras les dictaron los empresarios
foxistas, los ejidatarios resolvieron ampararse y, en el hecho más
sorprendente y asombroso de esta historia, confiaron su asunto al mayor
amparista del país, el abogado Ignacio Burgoa Orihuela, quien, en
un gesto aún más insólito, afirmó que ganaría
el pleito y "marearía" con su deslumbrante estrategia al gobierno
federal hasta vencerlo.
En pocos meses, y con toda la razón de su lado,
Burgoa consiguió la suspensión del decreto expropiatorio,
y ahora la última palabra, o más bien la penúltima,
la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, no obstante
que la ley frenó el proceso, los empresarios del grupo Atlacomulco,
divididos tras la muerte de su patriarca, el profesor Carlos Hank González,
pero alentados tercamente por Fox, continuaron con los preparativos, efectuando
mediciones topográficas a la sorda, mientras los campesinos, con
Jesús Adán e Ignacio a la cabeza, fortalecían su lucha
política presentándose en todos los foros posibles y apostando
incansablemente al recurso de la movilización.
Argentina en Texcoco
Aprovechando la palpable debilidad de Fox, a quien "sus"
empresarios, en público y en privado, presionan diariamente para
que actúe con mano firme y ponga de una vez por todas en marcha
el proyecto para el cual lo hicieron Presidente de la República,
el gobernador del estado de México montó el jueves por la
mañana una burda provocación contra los campesinos de Atenco.
Se acercó a la zona del conflicto, sabiendo que iba a ser interpelado
por aquéllos, y les echó encima a la policía.
Lo que no imaginaban Montiel y sus secuaces era que, al
golpear la cabeza del movimiento aprehendiendo a sus líderes, las
bases reaccionarían como lo hicieron. Allí están los
resultados de la "jugada maestra" del torpe y cavernario gobernador: más
de mil camiones de carga atrapados hace más de 24 horas en la carretera
Texcoco-Lechería, un subprocurador y un puñado de funcionarios
públicos retenidos en la alcaldía de San Salvador Atenco,
autos y patrullas quemados y expuestos a la vigilancia mediática
de la opinión pública internacional.
Ante los ojos del mundo, ¿va Fox a tomar el palacio
municipal de San Salvador Atenco, empleando, porque no le quedaría
de otra, la saña y la furia de la que hizo gala Ariel Sharon en
el campamento palestino de Jenin? ¿Lanzará un ataque de comandos
especiales, bajo nubes de gases lacrimógenos, para sofocar la resistencia
y restablecer el "orden"? Eso le están exigiendo "sus" empresarios.
El pasado martes, Adolfo Gilly publicó en este
diario un artículo donde examina la útima recomendación
del economista estadunidense Rudiger Dornbusch para Argentina: "implantar
una dictadura militar (...) para poner orden y crear las condiciones para
que esa nación vuelva a recibir ayuda financiera externa". Dos años
antes, al hablar del "éxito" económico de aquel país,
Dornbusch afirmó que México debería hacer lo mismo,
esto es, dolarizar su economía siguiendo el ejemplo de Carlos Menem.
Hoy, cuando el "modelo" ha hundido a los argentinos en
la miseria absoluta, Dornbusch pide para ellos el golpe militar. Toda proporción
guardada, gracias al error estratégico de Arturo Montiel, Fox tendría
que establecer una pequeña dictadura en el vaso de Texcoco para
llevar adelante el proyecto del aeropuerto. Eso es lo que quieren "sus"
empresarios. Pero falta el veredicto de la Suprema Corte, que tiene, insisto,
la penúltima palabra. Si ésta fallara contra las 4 mil 375
familias en resistencia, la situación regresaría exactamente
al punto en que se encuentra hoy.