Jaime Avilés

Intifada en Atenco

Desde anteayer a mediodía, los dirigentes campesinos Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle están presos en alguna cárcel del estado de México -todavía no se sabe en cuál- por defender sus legítimos derechos a la tierra, al trabajo y a la vida. A finales del año pasado, el gobierno de Vicente Fox expropió el pequeño mundo que habitan -sus casas, sus calles, sus escuelas, sus milpas, su todo- y anunció que les pagaría la fabulosa suma de siete pesos por cada metro cuadrado.

Ayer por la tarde, mientras miles de campesinos como ellos resistían el acoso militar y policiaco, exigiendo la liberación de sus líderes, la empresa Alfombras y Decoraciones SA, que opera en la capital del país, dio a conocer que de acuerdo con su catálogo, el tapete más barato en existencia tenía un precio de 55 pesos el metro cuadrado. Esto quiere decir que para comprar un metro de ese producto textil, Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle necesitarían vender ocho metros de su universo al gobierno de Vicente Fox.

Pero, ¿a cuánto ascendería el precio del metro cuadrado en San Salvador Atenco una vez que la administración federal construyera en ese lugar el nuevo aeropuerto internacional que planea? En Santa Ursula Coapa, donde en 1984 el gobierno de Miguel de la Madrid expropió 33 hectáreas de la familia Ramos Millán, el pasado 20 de mayo un tribunal condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria a pagar a los quejosos 3 mil 700 pesos por cada metro cuadrado.

Claro, cuando el gobierno de De la Madrid se apoderó de aquella superficie, ese rincón de Coapa era un mosaico de ciudades perdidas, que había renunciado a su antigua vocación rural y estaba a punto de ser engullido por la especulación del mercado inmobiliario. ¿No sucedería exactamente lo mismo con las tierras agrícolas de San Salvador Atenco? A Ignacio del Valle, a Jesús Adán y a los jefes de 4 mil 375 familias de ejidatarios que viven en la zona de Texcoco, el gobierno de Fox intenta comprarles el suelo donde tienen echadas sus raíces desde hace más de 100 años a un precio ocho veces inferior al del tapete más deleznable.

El problema, por fortuna, no es de pesos y centavos. Los ejidatarios de San Salvador Atenco; Chimalhuacán; San Martín Texcoco; Francisco I. Madero; Santa Isabel Ixtapan; San Bernardino; Santiago Cuautlalpan; San Felipe y Santa Cruz de Abajo; Magdalena Panoaya; Huexotla; Nexquipayac; San Francisco Acuexcoman, secciones primera y segunda, y Tocuila no están peleando por obtener mayor indemnización.

Luchan, cosa que no pueden entender Fox y los empresarios del grupo Atlacomulco, por preservar su unidad cultural, su modo tradicional de ganarse la vida y su proyecto comunitario. Si Diego Fernández de Cevallos, el mayor coyote de México, litigara en favor de ellos y consiguiera que les pagaran no a 7, sino a 7 mil pesos el metro cuadrado, tampoco aceptarían la recompensa.

Abandonar la tierra que habitan y labran representa para ellos, y bien lo saben, la muerte cultural con todas las amargas y terribles consecuencias que ello implica. De allí su tenacidad y su feroz resistencia. Si Santa Teresa de Avila escribió los clásicos versos que empiezan diciendo: "muero porque no muero", los campesinos del vaso de Texcoco bien podrían, cada uno, recitar: "muero para que no me maten".

Gobierno de empresarios

Hace un año y medio, cuando estaba en plena luna de miel con sus eufóricos electores -la inmensa mayoría de ellos pobres, desesperados, sin perspectivas, pero llenos de esperanzas en el supuesto "cambio"-, Vicente Fox declaró que el suyo era un "gobierno de empresarios, por empresarios, para empresarios". Esa definición es la que hoy está en juego en Texcoco.

Después de un largo forcejeo con el gobierno y la clase política y empresarial de Hidalgo, el gobierno y la clase política y empresarial del estado de México lograron que la administración de Fox decidiera la edificación de un nuevo aeropuerto en el territorio de los 15 sobrepoblados ejidos mexiquenses que tienen como centro gravitacional a San Salvador Atenco.

Vino el decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001, por el cual, sintiéndose más listos que nadie, los empresarios foxistas, hechos gobierno, condenaron a 4 mil 375 familias a abandonar la región y a aceptar la famosa y humillante cantidad de siete pesos por metro cuadrado, con la cual no alcanzarían a pagar siquiera la mudanza hacia la nada. Porque a nadie se le ocurrió, ni en Atlacomulco ni en Los Pinos, buscarles una solución espacial y laboral que los pusiera a salvo de la indigencia.

El nuevo aeropuerto, les dijeron, los reconvertiría en maleteros, trapeadores de pisos y baños, empleados de MacDonald´s, etcétera. Sólo tenían que confiar en Fox. De dueños y señores de su tierra pasarían a convertirse en parias. Cómo no.

Quince días después de haber conocido la sentencia de muerte que de buenas a primeras les dictaron los empresarios foxistas, los ejidatarios resolvieron ampararse y, en el hecho más sorprendente y asombroso de esta historia, confiaron su asunto al mayor amparista del país, el abogado Ignacio Burgoa Orihuela, quien, en un gesto aún más insólito, afirmó que ganaría el pleito y "marearía" con su deslumbrante estrategia al gobierno federal hasta vencerlo.

En pocos meses, y con toda la razón de su lado, Burgoa consiguió la suspensión del decreto expropiatorio, y ahora la última palabra, o más bien la penúltima, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, no obstante que la ley frenó el proceso, los empresarios del grupo Atlacomulco, divididos tras la muerte de su patriarca, el profesor Carlos Hank González, pero alentados tercamente por Fox, continuaron con los preparativos, efectuando mediciones topográficas a la sorda, mientras los campesinos, con Jesús Adán e Ignacio a la cabeza, fortalecían su lucha política presentándose en todos los foros posibles y apostando incansablemente al recurso de la movilización.

Argentina en Texcoco

Aprovechando la palpable debilidad de Fox, a quien "sus" empresarios, en público y en privado, presionan diariamente para que actúe con mano firme y ponga de una vez por todas en marcha el proyecto para el cual lo hicieron Presidente de la República, el gobernador del estado de México montó el jueves por la mañana una burda provocación contra los campesinos de Atenco. Se acercó a la zona del conflicto, sabiendo que iba a ser interpelado por aquéllos, y les echó encima a la policía.

Lo que no imaginaban Montiel y sus secuaces era que, al golpear la cabeza del movimiento aprehendiendo a sus líderes, las bases reaccionarían como lo hicieron. Allí están los resultados de la "jugada maestra" del torpe y cavernario gobernador: más de mil camiones de carga atrapados hace más de 24 horas en la carretera Texcoco-Lechería, un subprocurador y un puñado de funcionarios públicos retenidos en la alcaldía de San Salvador Atenco, autos y patrullas quemados y expuestos a la vigilancia mediática de la opinión pública internacional.

Ante los ojos del mundo, ¿va Fox a tomar el palacio municipal de San Salvador Atenco, empleando, porque no le quedaría de otra, la saña y la furia de la que hizo gala Ariel Sharon en el campamento palestino de Jenin? ¿Lanzará un ataque de comandos especiales, bajo nubes de gases lacrimógenos, para sofocar la resistencia y restablecer el "orden"? Eso le están exigiendo "sus" empresarios.

El pasado martes, Adolfo Gilly publicó en este diario un artículo donde examina la útima recomendación del economista estadunidense Rudiger Dornbusch para Argentina: "implantar una dictadura militar (...) para poner orden y crear las condiciones para que esa nación vuelva a recibir ayuda financiera externa". Dos años antes, al hablar del "éxito" económico de aquel país, Dornbusch afirmó que México debería hacer lo mismo, esto es, dolarizar su economía siguiendo el ejemplo de Carlos Menem.

Hoy, cuando el "modelo" ha hundido a los argentinos en la miseria absoluta, Dornbusch pide para ellos el golpe militar. Toda proporción guardada, gracias al error estratégico de Arturo Montiel, Fox tendría que establecer una pequeña dictadura en el vaso de Texcoco para llevar adelante el proyecto del aeropuerto. Eso es lo que quieren "sus" empresarios. Pero falta el veredicto de la Suprema Corte, que tiene, insisto, la penúltima palabra. Si ésta fallara contra las 4 mil 375 familias en resistencia, la situación regresaría exactamente al punto en que se encuentra hoy.