Argumento jurídico para obtener su devolución
Desvío de recursos públicos y no lavado, el dinero de Raúl Salinas en bancos suizos
RENATO DAVALOS Y ROBERTO GARDUÑO
Frente al vencimiento, el próximo día 26, para fincar jurídicamente el desvío de recursos en que incurrió Raúl Salinas de Gortari al recibir recursos triangulados de la partida secreta cuando su hermano Carlos fue presidente, un grupo de abogados y economistas prepara una denuncia suspensiva administrativa para evitar la prescripción del delito.
Paralelamente, ayer se conoció en la Cámara de Diputados que el presidente Vicente Fox pretende resucitar una vertiente de la partida secreta bajo una modalidad que, de acuerdo con la iniciativa que llegaría próximamente, correspondería a ''gastos de seguridad nacional'', que el mandatario ejercería con sólo informar al Congreso, según informó la bancada perredista en San Lázaro.
El expediente que tiene integrado la Procuraduría General de la República (PGR), por el que reclama al gobierno suizo la devolución de 114 millones de dólares, sustentado en el argumento jurídico de que los recursos depositados por Raúl Salinas en bancos suizos no provienen del ''lavado de dinero'', sino del desvío de recursos públicos, ha sido conocido ya por el gabinete de seguridad nacional, informaron fuentes gubernamentales.
Aunque se trata de un documento bajo la responsabilidad de la PGR, entidad responsable de presentar la acusación ante la autoridad judicial respectiva, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, ha conocido del mismo en reuniones del primer círculo foxista, al igual que sus compañeros de ese gabinete de trabajo.
Las fuentes revelaron también que se prevé la presentación de la denuncia respectiva, en una acción que compete exclusivamente a la PGR y que ''no admitirá ni politización ni sesgo alguno''.
La historia de ese expediente de la partida secreta, de cuyos recursos discrecionales dispuso Raúl Salinas, se dio a conocer por La Jornada hace unos días. Ahí se detalló que el llamado hermano incómodo tuvo acceso a esos fondos. A partir de la indagatoria, la PGR ha argumentado a los jueces suizos que las cuentas de Salinas en ese país se derivan de recursos públicos desviados.
Así, el gobierno mexicano reclama los 114 millones de dólares congelados a Raúl Salinas en bancos suizos desde 1995. Buena parte de los fondos de la partida secreta fueron utilizados por Carlos Salinas en su administración para financiar gastos de la oficina presidencial, el Estado Mayor, la Coordinación de Comunicación Social, el PRI y organizaciones ''fantasma'', entre otros rubros.
En la Cámara de Diputados se explicó que el manejo discrecional de la partida secreta no puede tipificarse como delito, en virtud de las características de los fondos, aunque sí cuando asumieron la modalidad de desvío para fines personales.
Salinas de Gortari ejerció en su gobierno por esta vía 6 mil millones de pesos. La cifra se redujo a 50 millones en 1999, cuando el Congreso le suspendió la partida al entonces presidente Ernesto Zedillo.
La documentación presentada por el gobierno a las autoridades suizas da cuenta de recibos de los recursos que fueron a parar a manos de Raúl Salinas, que fueron firmados por Pedro Aspe, Salvador Martínez Cervantes, Carlos Ruiz Sacristán, Jorge Chávez Presa, Ernesto Sentíes -operador de las cuentas-, Rogelio Gasca, Carlos Altamirano y del propio Ernesto Zedillo, funcionarios de las administraciones salinista y de su sucesor.
En forma simultánea, la fracción perredista en la Cámara de Diputados reveló que se conoce de la iniciativa que remitiría al Congreso de la Unión el presidente Vicente Fox Quesada para disponer de una partida para ''seguridad nacional''. La pretensión, señaló el grupo legislativo, es canalizar nuevos recursos para emergencias vinculadas a las grandes coyunturas nacionales.
A la fecha, el Ejecutivo federal puede ordenar a las dependencias a su cargo que destinen parte de sus recursos presupuestados a la solución de problemas y emergencias que incidan en la seguridad de la sociedad.
