13 gatilleros, involucrados en homicidios del 24 de mayo

Hoy darán conclusiones del proceso contra pistoleros del caso Posadas

CAYETANO FRIAS FRIAS CORRESPONSAL

Guadalajara, 8 de julio. La Procuraduría General de Justicia del estado deberá presentar este martes ante el juzgado cuarto de lo criminal sus conclusiones en contra de 13 pistoleros procesados, quienes entre otros cargos enfrentan 17 homicidios, siete de ellos ocurridos el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Dentro del mismo proceso 20/2001 del juzgado cuarto de lo penal se está juzgando a Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, y quien es considerado uno de los más peligrosos gatilleros que estaban al servicio de los Arellano Félix.

Desde el 11 de junio de 2001 se declaró cerrado el proceso de instrucción y abierto el de juicio, por lo cual José Antonio Malcom Faranoni, Edgar Eduardo Mariscal Rábago, Santiago Nieblas Rivera, Jorge Isaías Mark Hernández, Alvaro Osorio Osuna, Javier y Rodrigo Villegas Bon, José Guadalupe Armenta Valdez, Manuel Alberto Rodríguez Rivera, Gastón Ayala Beltrán, Juan Enrique Vascones Hernández, Juan Carlos Mendoza Castillo y Ulises Murillo Mariscal enfrentarán la solicitud de sentencia que formulará el Ministerio Público del estado correspondiente.

Malcom Faranoni está acusado de haber participado en hechos relacionados con 12 homicidios y ser responsable de asociación delictuosa, lesiones, tres robos, usurpación de funciones y uso indebido de uniformes e insignias, privación ilegal de la libertad y dos tentativas de homicidio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y de Tomás Colsa McGregor.

Mariscal Rábago, alias El Negro, es señalado como uno de los autores materiales del crimen de Posadas y de otras ocho personas, así como dos tentativas de homicidio y tres por acusaciones por lesiones. Nieblas Rivera también es señalado como responsable de participar en nueve crímenes, lesiones, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, usurpación de funciones y uso indebido de uniformes e insignias.

Alvaro Osorio, alias El Nahual, está acusado de haber intervenido en 10 crímenes y otros delitos conexos, mientras que Armenta Valdez, alias El Vainillo, enfrenta cargos por siete crímenes. A su vez, Rodríguez Rivera fue acusado de participar en diez homicidios y tentativa de homicidio, lesiones y asociación delictuosa, en tanto que Ayala Beltrán fue acusado de haber asesinado a un médico por órdenes de La Rana.

Vascones Hernández y Mendoza Castillo son señalados de participar en los siete homicidios del 24 de mayo y de intentar asesinar El Chapo Guzmán. Rodrigo Villegas está procesado por su presunta responsabilidad en diez crímenes, contando el de un comandante de la entonces Policía Judicial del Estado y del ex procurador Leobardo Larios Guzmán.

Murillo Mariscal es acusado de intervenir en una docena de homicidios, además de los delitos de robo, lesiones, asociación delictuosa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, usurpación de funciones y uso indebido de uniformes e insignias, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio.

Mark Hernández enfrenta cargos por un homicidio, asociación delictuosa, robo y privación ilegal de la libertad. Javier Villegas está procesado por dos homicidios y una tentativa de homicidio, asociación delictuosa y lesiones, pero no se les relaciona con los hechos del 24 de mayo de 1993.

En el caso de Humberto Rodríguez su proceso seguirá abierto, porque fue el último en ser puesto a disposición del juzgado, a mediados de 2001. Se encuentra formalmente preso por su presunta relación con 11 crímenes, entre los que se cuenta el del cardenal, un ex comandante de la Judicial Federal y un comandante de la Judicial del estado. También se le imputan tentativa de homicidio, asociación delictuosa, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Rodríguez Bañuelos fue absuelto dentro del término constitucional de robo calificado, usurpación de funciones y uso indebido de uniformes o insignias y privación ilegal de la libertad.

Fuentes del juzgado cuarto informaron que una vez presentadas las conclusiones acusatorias, los defensores tienen cinco días hábiles para responder a lo expuesto por el agente del Ministerio Público. A partir de esa fecha, el juez tendrá entre 10 y 12 meses para emitir sentencia.

A más de nueve años de iniciado el proceso no se ha dictado una sola sentencia, quedan 20 órdenes de aprehensión por cumplimentar y el expediente ya pasó por 11 juzgados, debido a recusaciones sin causa de los propios procesados.