Luis Hernández Navarro

La salud está enferma

Multitud de conflictos han aflorado recientemente en el sistema de salud pública. Ha emergido la ruinosa situación de las finanzas de las principales instituciones de seguridad social. Poderosos actores empresariales presionan a favor de la subrogación de servicios y la privatización casi completa de la medicina social. Los usuarios se quejan de la calidad del servicio.

La lista es aún más larga y muestra el avance de la revolución conservadora de Vicente Fox: el gobierno federal recortó arbitrariamente 2 mil 400 millones de pesos al IMSS. El sindicato de esta dependencia es víctima de una campaña en su contra. No se promueve suficientemente el uso de genéricos intercambiables. Con el Seguro Popular se pretende que la población pague un servicio que por ley debe ser gratuito.

Se está "midiendo el agua a los camotes" para ver la posibilidad de aumentar la edad laboral para alcanzar la jubilación de 65 a 70 años. Las redes de seguridad social son precarias e insuficientes, los servicios que prestan tienen mala calidad y se han deteriorado en los últimos años, a costa de los que laboran en ellas, pero constituyen una conquista social. Son públicas y motivo de inconformidad las deficiencias del servicio médico, el crónico desabasto de medicamentos y las largas esperas para intervenciones quirúrgicas. Las pensiones que reciben los jubilados son insuficientes para que vivan con decoro. Sin embargo, para millones de personas son mejor que nada. Y es que hay 40 millones de mexicanos que el sistema deja solos cuando requieren atención médica.

Según un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se encuentra en el lugar 144 en materia de justicia en el financiamiento de salud. La institución más importante del sector, el IMSS, protege a menos de 30 por ciento de la población económicamente activa.

A finales del año pasado, los pasivos laborales del IMSS fueron de 300 mil 278 millones de pesos. La transición demográfica y epidemiológica por la que atraviesa el país ha cambiado la naturaleza de la atención que el instituto presta. Las primas para el seguro de gastos médicos establecidas en la ley son insuficientes, y la plantilla de trabajadores es la más grande del apartado A del artículo 123: 371 mil trabajadores en activo. Además, debido a la desaceleración económica, 350 mil trabajadores perdieron su afiliación al IMSS entre 2000 y 2002. Por si fuera poco la Secretaría de Hacienda le recortó ilegalmente el presupuesto a la institución en 2 mil 400 millones de pesos.

La situación en el ISSSTE no es mejor. En los próximos 10 años sólo podrá generar la tercera parte de los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones de 650 mil trabajadores en retiro. Con excepción del fondo de vivienda y préstamos personales, el resto de programas enfrenta fuertes presiones financieras y no cuenta con las reservas para afrontar la magnitud del déficit de los pasivos.

Para "dar solución" al reto de las pensiones, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, tuvo la ocurrencia de poner a estudio el incremento de la edad para la jubilación de 65 a 70 años. En una economía incapaz de generar los nuevos empleos que cada año se requieren, el secretario ofrece como respuesta hacer más lenta la movilidad laboral. Los empresarios, diputados del PAN y medios de comunicación afines han respondido a la emergencia lanzando una ofensiva en contra del sindicato del IMSS. Afirman que su contrato colectivo debe sacrificarse y hay que despedir personal. Como prueba de los "privilegios" que obtienen los trabajadores ofrecen el salario de un médico con cuatro años de servicio: casi 15 mil pesos.

Se niegan a aumentar las cuotas que pagan al IMSS. No importa que la aportación de 6.5 por ciento del salario que se hace al sistema, más la cuota social, sea uno de los porcentajes más bajos a nivel internacional. Con el debilitamiento de las redes de seguridad social desde el gobierno federal se le está tendiendo la cama al proyecto de los grandes intereses privados: la desamortización de las áreas del sistema de salud pública a las que aún no tienen acceso o, lo que es lo mismo, la privatización de la medicina social.

Las compañías aseguradoras, los monopolios farmacéuticos, los grandes centros hospitalarios, pero también grupos como el Bilbao Vizcaya/Bancomer buscan -como han documentado Gustavo Leal y Alberto Barranco- la adopción de un sistema de mercado en el que la oferta de salud pública desaparezca gradualmente para abrir paso a la competencia entre particulares. En él la iniciativa privada asumiría todos los activos de la seguridad social, excepto el de zonas marginadas. Los pobres, se sabe, no son buen negocio.

El sistema de salud público está enfermo; necesita sanar. Pero no puede hacerlo con la medicina que la iniciativa privada receta: matar al paciente. Se requiere de un tratamiento que le permita recuperar su vocación de servicio público, de instrumento de solidaridad social y redistribución de la riqueza, y deje de lado el clientelismo político y la corrupción con los que ha funcionado.