Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 9 de julio de 2002
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Política
Genocidio de naturaleza continuada, el cargo, señala

Es posible sentenciar a Martínez Domínguez, dice Alvarez Garín

Medio centenar de ex funcionarios podrían ir al banquillo

BLANCHE PETRICH

La clave para lograr que el ex presidente Luis Echeverría y otro medio centenar de altos ex funcionarios y comandantes del Ejército y de la policía rindan cuentas ante la justicia por los hechos represivos que ocurrieron entre 1968 y 1982 -cárcel incluida para quienes resulten culpables- es la denuncia penal por el delito de "genocidio de naturaleza continuada", que sanciona el artículo 7, fracción III del Código Penal, que hoy martes se desahoga en una segunda diligencia ante el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto.

Explica Raúl Alvarez Garín, ex líder estudiantil y actualmente uno de los denunciantes más activos del proceso judicial que se sigue en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado: "Genocidio es una política de Estado por definición. Es una persecución con fines de exterminio de un grupo social determinado, en este caso estudiantes y opositores de izquierda al régimen. Es una acción que no es momentánea, sino que se desarrolla en un periodo de tiempo determinado. Y este periodo de tiempo determinado en México va desde la matanza de Tlatelolco, pasa por la matanza del jueves de Corpus (1971), continúa con la creación de la brigada de la Dirección de Investigaciones para la Prevención del Delito y abarca todo el periodo en que actuó este cuerpo, conocido también como Brigada Blanca. Hasta 1982 se tiene la última evidencia de una acción de esta corporación".

El grueso de estos sucesos ocurrieron en los años en los que Echeverría tuvo altas responsabilidades, primero como secretario de Gobernación y después como Presidente.

Brigadas Blancas y Plan Cóndor: almas gemelas

Toda la cadena de acciones represivas de esa época "corresponde a la política anticomunista y genocida que se desarrolló en América Latina bajo la estrategia de la doctrina de seguridad nacional'', señala Alvarez Garín. Se nos olvida que al mismo tiempo que entró en acción el Plan Cóndor (junio-julio de 1976) en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, fue creada en México la Brigada Blanca (junio de 1976)".

Ex dirigente del Comité Nacional de Huelga por el Politécnico, ex preso político, el denunciante admite que si bien no se conoce que hubiera una relación orgánica entre la Brigada Blanca y el Plan Cóndor (que coordinó las acciones de las policías políticas de los países mencionados, todos ellos bajo dictaduras militares, para capturar, apresar, torturar y desaparecer a opositores políticos en una persecución transfronteriza que abarcó todo el Cono Sur), "sí existió una unidad y una identidad conceptual".

Otro tipo de liga, "no me atrevería a decir si existió o no. Hay algunos indicios, testimonios o ideas que identifican a algún asesor estadunidense, pero no son muy sólidas. Hay que recordar que el gobierno mexicano emanado del PRI tenía una participación muy reticente en los organismos de seguridad hemisférica de la época".

Alvarez Garín, experto en estadística e investigación de operaciones, destaca que son tres los "momentos significativos que conformaron la política genocida" de la era de Echeverría: el 2 de octubre, el 10 de junio y el periodo junio de 1976 hasta 1982, lapso en el que operó, según consta en documentos y evidencias plenamente comprobables, la Brigada Blanca.

"Y en esa dirección vamos a ir agregando pruebas y evidencias."

Un hilo conductor

En la primera ampliación presentada por el Comité 68 a su demanda inicial de octubre de 1998, se señala que el ex presidente Luis Echeverría fue la "cabeza visible del conjunto de los presuntos responsables de genocidio" contra estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y el 10 de junio en San Cosme. El ex mandatario, dice el alegato judicial, "asumió explícitamente una política de Estado centrada en la persecución y represión de los estudiantes y otros grupos opositores".

Entre el 2 de octubre, el 10 de junio y el exterminio de las organizaciones guerrilleras que surgieron en los años posteriores "existe un hilo conductor" en el "uso abusivo y antijurídico" del poder público y la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Las acciones de exterminio continuaron años después con ejecuciones sumarias de opositores al régimen y son "claramente tipificatorias de un delito de genocidio de naturaleza continuada", sostiene la ampliación de la demanda penal.

La acusación por genocidio en los hechos de 1971 en San Cosme se basa en que el objetivo de aquel "patrón gubernamental" tenía como objetivo "reprimir, sofocar y aplastar con la fuerza y los recursos del Estado a sectores de la población mediante la utilización de un sofisticado esquema de planeación estratégica de la represión política cimentado en la actuación del grupo paramilitar Los Halcones".

Los denunciantes declaran tener interés jurídico directo en dicha investigación como partícipes de los acontecimientos y por haber sido señalados en ese momento responsables de lo sucedido.

Desde la publicación de su libro La estela de Tlatelolco, editado en 1998, cuando fue presentada la denuncia de hechos ante la PGR, Raúl Alvarez Garín ya plantea esa idea del hilo conductor. No sólo reconstruye el movimiento estudiantil del 68 y los hechos en torno a la matanza, sino que analiza los efectos y consecuencias que tuvo en los hechos posteriores que hicieron de la década de los 70 una de las más cruentas de la historia contemporánea.

Algunos investigadores, como el estadunidense Roderic Ai Camp, atribuyen al entonces regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, la responsabilidad de haber organizado y dado la orden para la acción de Los Halcones en 1971, ya que al estar enfrentado con Echeverría buscaba crear un incidente que orillara la caída del Presidente.

Según esta interpretación, Echeverría logró revertir y capitalizar el golpe gracias, precisamente, a la lealtad de los principales comandantes militares que le permitieron pedir la renuncia de Martínez Domínguez, del jefe de la policía capitalina y del arresto del coronel Díaz Escobar. Este, a pesar de esta sanción pasajera, pronto pudo reanudar su carrera dentro de la institución armada e incluso obtener ascensos, según reseña Federico Anaya en el libro colectivo Siempre cerca, siempre lejos: las fuerzas armadas en México.

Alvarez Garín disiente de esta interpretación. "Es cierto que había tensiones entre Martínez Domínguez y Echeverría. Estas se debían a que Echeverría, durante su campaña presidencial de 1970, intentó sacudirse el estigma del 68. En un acto de campaña en Morelia un grupo de estudiantes le exigió guardar un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Y lo hizo. Eso irritó sobremanera a los generales del Estado Mayor, que amenazaron con una ruptura con el candidato. Entonces Díaz Ordaz ordenó que los militares escribieran un discurso de rectificación y lo leyera Echeverría. Fue Martínez Domínguez el operador y de ahí la fricción. Pero eso no quita que la formación de Los Halcones haya sido, como está debidamente documentado, una decisión articulada entre Echeverría, Martínez Domínguez y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia."

El coronel Manuel Díaz Escobar fue el coordinador operativo de este cuerpo. Este fue despedido después del 10 de junio, pero ascendido poco después y asignado como agregado militar en Chile. Falleció en 1974. El coordinador administrativo fue su superior, José Antonio González Aleu. Hay evidencias de que el tesorero del Distrito Federal, Octavio Calvo Marroquín, pagaba la nómina de los Halcones reclutas.

El plan para la entrada en acción de este cuerpo paramilitar, que entrenaba en unos campos detrás del aeropuerto, por el rumbo de San Juan de Aragón, comprendía acciones de distracción para encubrir la participación directa del gobierno federal. Para entonces el movimiento estudiantil empezaba a reagruparse y se daban nuevas manifestaciones de lucha, en especial para defender la autonomía de la Universidad de Nuevo León, amenazada por un decreto del gobernador Eduardo Elizondo. Para sofocar ese nuevo brote, el operativo debía aparentar que se trataba de un choque entre estudiantes de distinta ideología.

Está comprobado, sostiene Alvarez Garín, que la policía del Distrito Federal (bajo el mando del general Rogelio Flores Curiel y del general Raúl Mendiolea Cerecero) coordinó la acción de Los Halcones y actuó para encerrar a la manifestación del 10 de junio -la más grande vista desde el 68, con una participación de entre 5 mil y 10 mil participantes, según diferentes versiones- y conducir al grueso del contingente a un lugar previamente determinado. Así fue como se cerraron las calles de acceso a la avenida Instituto Técnico Industrial, hacia el oriente, y las vías hacia el sur. En la confluencia de San Cosme, avenida Instituto Técnico y calle Tláloc, los francotiradores empezaron a disparar. Se documentan de ese sangriento hecho 35 jóvenes muertos.

Hay testimonios que sostienen que el jefe del Servicio Secreto del DF, Eduardo Estrada Ojeda, y el jefe de Servicios Especiales, coronel Alfonso Guarro, participaron en el tiroteo. En el lugar de los hechos, coordinando la acción, fueron vistos -y hay pruebas- los coroneles Angel Rodríguez García, jefe del Estado Mayor de la Policía, y Emanuel Guerra, director de la Academia de Policía.

La cabeza del general Flores Curiel también rodó a raíz de la investigación sobre la matanza. Pero de su puesto como jefe de la policía capitalina brincó al gobierno de Nayarit. Otro sacrificado fue el procurador general de Justicia, Julio Sánchez Vargas, quien a los pocos días de su caída fue nombrado director de la paraestatal Somex.

También participaron agentes del Servicio Secreto bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Ibarra, y las policías judiciales del estado de México y del Distrito Federal. En operativos de prevención y refuerzo fueron desplegadas tropas del Ejército en el Zócalo, la estación de trenes de Buenavista y Ciudad Universitaria.

''Por todo esto -dice Alvarez Garín- es posible procesar y sentenciar de Martínez Domínguez para abajo, para arriba y para los lados."

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