Los mexicanos, desplazados en Madero y Cadereyta

En refinerías, mano de obra asiática y firmas fantasmas

Múltiples anomalías de Pemopro, contratista de Pemex

ENRIQUE MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

En la reconfiguración de las refinerías de Madero y Cadereyta, el consorcio Pemopro, integrado por Sunkyong Engineering (Sk), Triturados Basálticos (Tribasa) y Siemens, se adjudicó el contrato en forma irregular e ingresó a casi 4 mil obreros y técnicos de Corea del Sur, Filipinas y Tailandia -la mayoría sin la aprobación del Instituto Nacional de Migración (INM)-, que desplazaron a la mano de obra local.

Además, en el puerto de Madero, Sunkyong constituyó empresas fantasmas -una de ellas se denominó "Cochinita Mundial"-, y según sindicatos locales, cuando funcionarios de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han acudido a embargar las empresas subcontratistas de Sk por falta del pago de la retención de cuotas a los obreros, se han encontrado con que éstas ya no existen.

Las que permanecen en el puerto no tienen garantía para cumplir con la reclamación del IMSS, pues fueron constituidas por accionistas coreanos con visas de turista -algunas vencidas- y por otros "de paso" por Madero, quienes aportaron capitales sociales de 50 mil pesos, pero tenían contratos con Sk superiores a 20 millones de dólares cada una.

Los asiáticos fueron contratados con la anuencia del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitrace), constituido para limitar la participación de obreros nacionales y facilitar a Sk el uso de mano de obra barata.

En una maniobra para ocultar que había ingresado indocumentados, Sunkyong constituyó las empresas Ilwon de México y Maya Industrial Products. El principal accionista de esta última es Hong Sik Moon, gerente general administrativo de Sunkyong.

Desde 1997, Sk internó al país a casi 4 mil asiáticos, en grupos de 50 y hasta 700 trabajadores en forma ilegal, mediante el pago de mil 500 dólares por cada uno a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), en un acto de corrupción que fue denunciado a la Presidencia de la República desde enero de 2001 por el secretario general de la Unión de Técnicos y Profesionistas de Tampico, Madero y Altamira, Sergio Lerma.

El caso fue asignado para su investigación al superintendente de relaciones laborales del corporativo Refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Antonio Camacho Melo, quien en el oficio PXR-SUFA-GRH-100/2002 -del que La Jornada posee copia- envió a la directora de Atención a la Correspondencia de la Presidencia de la República, María Julia Sobarzo Morales, la siguiente respuesta el 14 de enero pasado:

"Le comunicamos que de acuerdo con lo que manifiesta la unidad de administración de la subdirección de producción de este organismo, no existen evidencias documentales de que las compañías contratistas del consorcio Pemopro estén realizando discriminación de la mano de obra nacional."

Y señaló que el personal extranjero que se contrató para la reconfiguración de la refinería "cuenta con los permisos correspondientes para laborar en este país".

Sin embargo, este diario obtuvo copias de los oficios 1124, 1125, 1126, 1127, 1128 y 1133, que firmó el jefe del departamento de regulación de estancia del INM, Francisco Javier Puga Rodríguez, el 2 de mayo de 2001, en los que informó a los coreanos Hyeong Chan Kang, Bok Ku Lim, Byeong Ik Jeong, Dal Sik Jung, Kwang Woo Lee y Jong Jun Park que tenían 10 días para abandonar el territorio nacional.

Los coreanos sólo tenían visa de turista, por lo que según el artículo 42, fracción I de la Ley General de Población, sólo podían permanecer en el país "con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables".

La delegación del INM detectó que esos extranjeros, al trabajar en la refinería, ejercían "actividades lucrativas" no permitidas por su calidad de turistas.

Desde el 13 de noviembre de 2000, el secretario general del Sitrace, Raymundo Botello Figueroa, envió una carta al INM, en la que detalla "la necesidad" del consorcio Pemopro -en el que Sunkyong tiene 68 por ciento de participación en acciones- de internar temporalmente "a un grupo no mayor de 700 trabajadores especializados en soldadura, tuberos, montadores e instrumentistas, por lo cual este sindicato no tiene inconveniente alguno" en que el instituto les otorgara el permiso migratorio correspondiente.

La irregularidad en el ingreso de asiáticos a Madero fue denunciada ante el agente del Ministerio Público Federal desde el 15 de mayo de 2001 por el delegado local del INM en Tampico, Juan José Rodríguez Alvarado.

En su denuncia, el funcionario presentó las declaraciones que se le tomaron en la delegación del INM al representante de la Cámara de la Construcción, Benito Torres, y al director administrativo de Sk, Se Hun Yang. El empresario ratificó que, en una reunión en la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas, el directivo coreano reconoció: "Tenemos que darle a Migración mil 500 dólares por cada coreano del que tramitamos su asunto".

Como Hun Yang negó haber hecho esa declaración, Rodríguez Alvarado turnó el caso al Ministerio Público para que investigara "hechos presumiblemente constitutivos de delito".

Ese día, sin embargo, Hun Yang envió un fax a Botello Figueroa en el que le solicita "nos provean de mano de obra calificada" a partir del día siguiente, debido al "aumento radical" en la demanda de soldadores, tuberos, maniobristas y paileros.

"Como podrán estar enterados -agregó en su documento-, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con el fin de minimizar el número de trabajadores extranjeros. Aún más, estamos inevitablemente dispuestos a detener la movilización de la segunda parte de los trabajadores extranjeros, por el momento, debido a una profunda deliberación del grado de desempleo, la opinión pública, el ambiente político y su propia opinión también."

Complicidad sindical

Las empresas coreanas, con Sunkyong a la cabeza, no sólo ingresaron ilegalmente a sus empleados, también modificaron el contrato colectivo de trabajo, con el aval de Botello Figueroa, para reducir el pago de salarios y aumentar las horas de trabajo, y al mismo tiempo redujo el monto del tiempo extra.

La lista de salarios de Sunkyong, "basada en el nuevo contrato de febrero de 2000", modificó el oficio del 17 de febrero de 1999, en el que se definía que la jornada semanal era de 48 horas, para ampliarla a 55.

De la revisión de los documentos que tiene La Jornada se desprende que en febrero de 1999, por ejemplo, el salario diario para un yesero fue de 107.43 pesos, y a partir del arreglo con el sindicato, un año después, se redujo a 71.63. El sueldo de un oficial fierrero, que ganaba 107.43 pesos, pasó a 69.62, y el de un electricista también bajó de 107.43 pesos diarios a 89.74, en la categoría A, y a 74.08 en la B.

Además, el 10 de enero de 2000, los representantes de Sk, Kwang Hyun Park, y Kwang Sun Yoo, de Ilwon de México -la empresa que fue utilizada para internar a los obreros asiáticos-, firmaron ante el notario público 271 de Tampico, Joel Vela Robles, el nuevo tabulador para los trabajadores traídos desde Tailandia, lo que abarató la mano de obra.

El documento detalla las categorías de Ilwon, todas con un sueldo reducido. Por ejemplo, un soldador argonero recibía un salario mensual neto de 550 dólares, y un cadenero ganaba 480 dólares, mientras que un maniobrista recibió 420 dólares, todo por 55 horas a la semana.

En el caso de los obreros mexicanos, estas acciones constituyen "un fraude salarial", porque el sueldo base, que se redujo a 40 por ciento del original, se determinó a partir de una minuta suscrita por Pemopro y el Sitrace, y no a partir del contrato colectivo de trabajo.

Para una obra de esta magnitud el cálculo de los egresos por pago de nómina se calcula en aproximadamente 40 por ciento del total del contrato, que para Pemopro fue de mil 198 millones de dólares; esto es, el consorcio debió destinar en contrato colectivo casi 480 millones de dólares.

A partir de estas cifras, dirigentes obreros de Tamaulipas estiman que el "fraude al salario" llegó a más de 192 millones de dólares. Además de los defectos en la obra detectados por la subdirección de proyectos de la gerencia de proyectos 1 de Pemex Refinación, también se reportaron fallas en la seguridad de los trabajadores.

Por ejemplo, en el reporte semanal del 17 al 23 de marzo de 2001, se informó que el consultorio médico no tenía "el mínimo necesario" para atender a los empleados; que el personal era transportado en camiones de redilas; las empresas subcontratistas no proporcionaban equipo de seguridad; no había capacitación al personal técnico para combatir incendios, y el armado de andamios era inseguro.

"Pemopro -reportó Pemex Refinación- no utiliza lonas contra fuego en los trabajos de soldadura, motivo por el cual se han suscitado varios incendios sin mayores consecuencias. No utiliza mascarillas para gases en áreas afectadas por quemador de campo o en áreas adyacentes a la planta de azufre BX, y desaloja a su personal cuando las concentraciones de contaminantes exceden el límite permisible."

Además, la insalubridad y el hacinamiento de los empleados de Sk -dormían hasta cuatro personas en un cuarto- generaron brotes de hepatitis C, lo que provocó un problema de salud para el municipio gobernado por Joaquín Hernández Correa, hijo del ex dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina.