En dos semanas presentarán propuesta a los partidos

Plantean empresarios prohibir a legisladores litigar contra el Estado

DAVID ZUÑIGA

A más tardar en dos semanas, el Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, formado por más de 50 organizaciones ciudadanas y empresariales, presentará a los partidos una propuesta de reforma para prohibir a los legisladores litigar contra el Estado, lo que terminaría con algunos negocios de Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, Natividad González Parás, Fernando Gómez Mont y Salvador Rocha Díaz, entre otros, que han ''lastimado gravemente a la sociedad'' al ''proteger'' a funcionarios acusados de peculado y otros ilícitos, afirmó el vicepresidente del organismo, José Antonio Ortega.

En conferencia de prensa, el asesor de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que esta ''dualidad de funciones'' sí constituye una conducta ''viciada y éticamente cuestionable'' que implica un conflicto de intereses y se presta a tráfico de influencias; no obstante, reconoció que las reglas, en caso de aprobarse, sólo podrían aplicarse para evitar nuevos juicios y no a los que ya ganaron los ''superdespachos'' de los diputados y senadores, entre ellos el que el panista Diego Fernández de Cevallos ganó en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por un monto que supera el presupuesto anual de esa dependencia.

En estos litigios ''el bien social no está debidamente diferenciado y el legislador puede incurrir en tráfico de influencias para beneficiar a particulares. Debe haber una total distinción entre los asuntos que los legisladores tratan en el Congreso de aquellos que les reporten un beneficio personal. La ley se tiene que modificar para que estos legisladores se dediquen a litigar o a servir al pueblo que los elige. Queremos que haya una diferenciación total y creemos que sí hay conflicto de intereses''.

En algunos despachos, comentó, hay panistas y priístas que trabajan juntos. En la arena política son adversarios, ''pero en cuestión de dinero hay intereses comunes que la sociedad civil debe romper''.

Ortega señaló lo anterior en una conferencia de prensa en la cual el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer su programa de trabajo. Explicó que la finalidad de este organismo no es aumentar los castigos contra los delincuentes, sino que se cumplan las leyes, para lo cual se diseñarán mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo que realizan las autoridades.