Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 2 de julio de 2002
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Mundo

El fallo de un magistrado podría suspender ejecuciones en tres estados

Anticonstitucional, la ley federal sobre la pena capital en EU

REUTERS, AFP Y DPA

Washington, 1Ɔ de julio. Un magistrado de una corte federal se convirtió este lunes en el primer juez de Estados Unidos en declarar inconstitucional la vigencia de la pena de muerte federal, fallo que probablemente desatará un intenso debate nacional sobre el tema y que podría suspender las ejecuciones en los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont.

El juez Jed Rakoff, del tribunal de distrito de Manhattan, afirmó que la ley federal que penaliza con la muerte "priva a gente inocente de una significativa oportunidad de demostrar su inocencia" y "crea un riesgo indebido de que se ejecute a gente inocente", violando así el debido proceso.

Académicos locales consideran que es el primer juez en declarar inconstitucional la ley federal de pena de muerte desde que fue promulgada en 1994.

Se espera que la determinación sea apelada, pero si es ratificada por la Segunda Corte de Apelaciones de Estados Unidos podría poner fin a las ejecuciones en los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont.

No tendría vigor en casos que se diriman en cortes estatales en los 38 estados que aplican la pena capital.

Al privar a las personas del derecho a probar su inocencia, la ley federal de pena de muerte de 1994 viola un juicio con el debido procedimiento y la debida sustancia, como garantiza la Quinta enmienda de la Constitución, agregó el magistrado.

Citó una investigación académica sobre prisioneros que fueron incorrectamente condenados a muerte cuando emitió una determinación preliminar el 25 de abril indicando que las ejecuciones federales eran inconstitucionales.

Dos dictámenes recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos pusieron limitaciones a la pena capital, al señalar que debe ser dictada por jurados y no por jueces y que la ejecución de convictos con retraso mental viola la prohibición constitucional de aplicar penas crueles e inusuales.

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