Plantón ante la PGJDF

Comerciante acusa a policías judiciales de secuestro

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Después de ser presuntamente secuestrado por policías judiciales del Distrito Federal con el fin de extorsionarlo, Moisés González Solórzano, comerciante de Iztapalapa, presentó la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, pero su desconfianza hacia el Ministerio Público lo llevó a hacer un plantón frente a la dependencia acompañado por una veintena de familiares y amigos.

Lo que más sorprendió a Moisés fue la información que de él tenían los cuatro sujetos que el 19 de junio pasado lo interceptaron por la madrugada cuando se dirigía a su domicilio y lo subieron a un taxi Volkswagen a punta de pistola: "No te vayas a hacer pendejo, sabemos que vendes motocicletas, tiene lana, joyas y una casa bien chingona"-le dijeron de entrada, para luego darle detalles de lo mismo.

Recuerda que ese día estaba en una fiesta familiar y salió a comprar bebidas con tres personas más; eran las 4 de la madrugada cuando, de regreso al domicilio, en la calle Compañía de la colonia Ejército de Oriente, delegación Iztapalapa, uno de los cuatro sujetos que bajaron del taxi le puso la pistola en el cuello y lo obligó a subir, pidiéndole de entrada 100 mil pesos "o te vamos a chingar de una u otra forma", le advirtieron.

Después lo subieron a la patrulla 1406 de la PJDF, donde dos policías judiciales persistieron en su intento de extorsión antes de llevarlo a una comandancia de la Policía Judicial en Venustiano Carranza, donde -asegura- lo torturaron golpeándolo tras cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico.

Ante el Ministerio Público lo acusaron de portar droga, por lo que se inició la averiguación previa VC-4T3/776/02-06. Los policías que hacen la presentación son Alejo de Nova Villa y Julio Alberto Terrón Morales.

"Les dije que aunque fueran a matarme jamás iba a aceptar esos cargos", comentó Moisés. De la agencia del MP en Venustiano Carranza lo trasladaron al Ministerio Público Federal ubicado en Camarones, donde pudo salir libre con el pago de una fianza.

Después se enteró de que su esposa, Raquel Pérez, pagó a los policías 20 mil pesos para que lo dejaran libre. "ƑQuieres que te lo regrese, dáme 100 mil pesos?" -dijo uno de ellos.