Emilio Pradilla Cobos
Asistencia privada y regulación pública
A finales de 1998 la Asamblea Legislativa, con mayoría del PRD, aprobó la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, propuesta por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Sus objetivos fueron: perfeccionar la regulación de esas instituciones que, aunque privadas, actúan en un ámbito de interés público; transparentar el manejo de sus recursos, en los que se incluyen aportes públicos, sometiéndolos a la vigilancia de una contraloría interna y de la Contraloría del DF; establecer la paridad entre sector público y privado en la Junta de Asistencia Privada, rectora del sector, y precisar los procesos de designación de su director por el jefe de Gobierno del DF. Este proceso legislativo fue precedido por los conflictos, con tinte de escándalo, en el Nacional Monte de Piedad y la Cruz Roja, que evidenciaron tanto la buena labor social de muchas de estas instituciones como los abusos, corruptelas e intereses personales y familiares que oscurecen la labor de otras de ellas.
Inmediatamente los partidos de oposición al gobierno local, encabezados por el PAN, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad que rechazó, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia en 1999; los recursos de amparo interpuestos por muchas instituciones de asistencia privada poco a poco han sido fallados en contra. Hoy los partidos de oposición, con la aceptación de un sector de diputados perredistas y funcionarios del Gobierno del DF, intentan dar marcha atrás en aspectos básicos de la ley, mediante la presentación de una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada que, con dictamen favorable, será sometida al pleno de la ALDF en una sesión extraordinaria próxima.
Los cambios propuestos son: romper la paridad entre sector público y privado en la junta, en beneficio de las instituciones privadas, lo que debilita el papel regulador del primero; modificar el proceso de elección del director, dándole la iniciativa a las instituciones privadas; eliminar el límite temporal del mandato y la libre remoción por el jefe de Gobierno, y debilitar el control de los recursos y la observancia de la Contraloría del DF. Es decir, darle nuevamente plena libertad a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y desvanecer la regulación y el control públicos.
Entre las IAP hay organismos civiles que cumplen una meritoria labor de asistencia social compensatoria, pero hay otras cuyas acciones y fines son oscuros, cuyo manejo de fondos es poco transparente, y que son redes de interés familiar y de amistad, con nombres que aparecen con papel de dirección en decenas de ellos, incluyendo a dirigentes-propietarios de un partido político nacional. En estos meses se observa el protagonismo de la fundación Vamos México, presidida por la esposa del Presidente, que cuenta con su apoyo, apadrinada por los empresarios más poderosos del país, cuya estructura, origen y uso de recursos y fines poco conoce la opinión pública; podemos suponer que detrás de las acciones de asistencia está el interés político y publicitario de la primera dama y sus apoyos conservadores. Este protagonismo conservador se observa también en los monopolios privados de la comunicación, como Televisa y TV Azteca, sus fundaciones y el Teletón de la primera.
Ante el abandono neoliberal de la responsabilidad social del Estado mexicano, la privatización, debilitamiento o supresión de los organismos públicos de seguridad y asistencia social y el crecimiento de la pobreza extrema, la derecha y sus partidos dejan la responsabilidad de la asistencia social y de compensar o mitigar el desastre social causado por las políticas neoliberales y su globalización autoritaria en manos de las instituciones privadas y las organizaciones no gubernamentales. La izquierda, en cambio, ha sostenido que el Estado debe garantizar los derechos humanos, sociales y constitucionales a toda la población, sobre todo a los sectores mayoritarios que no pueden resolverlo por otra vía, a través de instituciones públicas, y que la asistencia social privada debe estar sometida a la regulación legal y el control público emanados de la sociedad, sin frenar su iniciativa pero inhibiendo su actuación lucrativa o en función de intereses privados, lo que exige la presencia y vigilancia del sector público.
Por ello, llamamos al Gobierno del DF y a los diputados del PRD a que impidan que la oposición en la ALDF desmantele esta ley, ayer impulsada y defendida por su partido ante los embates de la derecha. En este sentido se han pronunciado Rosario Robles, otros dirigentes del PRD y ex funcionarios del gobierno de Cárdenas. Hay que resistir los cantos de sirena del asistencialismo de derecha, de la austeridad que significa desmantelar las instituciones sociales, y la confusión de la iniciativa de la sociedad civil con la privatización empresarial de la seguridad y la asistencia social, porque terminaríamos confundiéndonos con la derecha y dejaríamos de ser una alternativa a ésta.
