Entregan informe a la comisionada Mary Robinson

Riesgo de expulsión de indígenas por el Plan Puebla-Panamá: observadores

Mientras no se acepten los puntos esenciales de los acuerdos de San Andrés como están expresados en la llamada ley Cocopa, la mayoría de los problemas que padecen los pueblos indígenas no podrán ser resueltos no sólo en Chiapas, sino en el resto de entidades con comunidades étnicas, concluyó la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en un informe que entregó a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Mary Robinson.

En el documento se establecen también observaciones sobre el aumento de la presencia del Ejército, la paramilitarización y el impacto del Plan Puebla-Panamá en las comunidades indígenas.

En la nueva ley indígena, señala el informe, no están considerados los grupos étnicos como sujetos de derecho, la propiedad colectiva y la autonomía política de las comunidades. Además se viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México ha ratificado.

Erica Hennequin, de Suiza; Margareta Strömbom, de Suecia, y Raina Zimmering, de Alemania, integrantes de la comisión civil, se reunieron con Norberto Frydman, responsable para América Latina de la oficina de Robinson, y con José Dougan-Baca, coordinador para las actividades latinoamericanas de la misma oficina de Naciones Unidas, a quienes entregaron el informe.

El documento refiere que en torno a la militarización se reportó una constante presencia de efectivos castrenses en lugares estratégicos como Montes Azules y en la región fronteriza guatemalteca. Ningún soldado abandonó Chiapas después del cierre de siete de las 259 posiciones del Ejército existentes en esa entidad del sureste mexicano.

Con relación al Plan Puebla-Panamá el informe establece que existe el riesgo de expulsión de las comunidades indígenas por los intereses de las empresas trasnacionales.

Esa circunstancia puede derivar en una situación de etnocidio, pues la tierra es la base de su cultura, añade el informe. Sin la tierra, la vida en las comunidades y la cultura indígena van a extinguirse.

Otro punto incluido fue la impunidad prevaleciente en el país. La situación preocupó especialmente a la comisión civil en las comunidades visitadas. Asesinos que han matado a otras personas en las núcleos de población siguen viviendo sin ser inquietados por la justicia o por la policía, alerta.

Respecto a los presos de conciencia, el documento subraya los casos del general José Francisco Gallardo, preso por su propuesta de crear un ombudsman en el Ejército y recientemente liberado, así como el de dos campesinos ecologistas de Guerrero, son realidades que derivaron de una presión internacional importante, concluye. DE LA REDACCION