Lo convertiría en oficialía de partes de prosperar cambios, señala Sara Murúa

Reforma silenciosa relegaría de la JAP al gobierno

Algunos cambios parecen tener dedicatoria para impedir que García Lizama regrese

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La "reforma silenciosa" que se pretende aplicar a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada considera a la jefatura de Gobierno como una "oficialía de partes" para el nombramiento del presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), indica un análisis de Sara Murúa, ex asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e impulsora de la ley aprobada por la ALDF en diciembre de 1998.

Establece que uno de los riesgos de las modificaciones ya definidas por la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su dictamen se materializa en el tercer artículo transitorio que plantea renovar a los integrantes del consejo directivo que primero fueron electos durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente renovados.

Con el planteamiento de los asambleístas que integran la citada comisión se tendrían que realizar nuevas elecciones de los representantes de las instituciones en el consejo directivo, órgano que adicionalmente tendría una mayoría del sector privado por encima de los representantes del gobierno, precisamente en virtud de las propias enmiendas que propone el dictamen.

Una de las transformaciones graves se refiere el artículo 76, en el que la Comisión de Desarrollo Social elimina el lapso de tres años en la presidencia de la junta, propuesta que incluso es contraria a la posición del consejo directivo de la Junta de Asistencia Privada, que emitió su propia posición sobre los requerimientos de una nueva ley del sector asistencial privado.

Al desaparecer el periodo de la gestión se corre el riesgo de que nuevamente se "eternice" un presidente, como lo hizo Víctor García Lizama, quien permaneció ocho años en el encargo, hasta que fue removido por Cárdenas en 1998.

Murúa apunta que es conveniente conservar el plazo de duración en la presidencia, pues de otra forma hay contradicción con el mecanismo fijado para la designación del titular a partir del jefe de Gobierno, pues no se sabría cada cuando se aplicaría.

La ex diputada local consideró que se restan facultades al jefe de Gobierno para la designación del presidente, pues tendrá que atender una consulta entre las instituciones para el nombramiento, por lo que parece circunscribirse a una "oficialía de partes".

Modificaciones sustanciales

Una de las transformaciones sustanciales del dictamen que será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa en su periodo extraordinario, que inicia el 2 de julio, indicó Murúa, se refiere al capítulo X de la Junta de Asistencia Privada, pues suprime totalmente la definición como un "órgano administrativo desconcentrado de la administración pública del DF, con autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado al jefe de Gobierno del Distrito Federal".

En el dictamen aparece que la Junta de Asistencia privada "tiene por objeto ejercer la vigilancia, asesoría, coordinación, fomento y cuidado de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen conforme a esta ley".

De esta manera, apunta, "se pretende dejar a la junta como un organismo privado, pero sin decirlo literalmente", toda vez que no aparece la relación orgánica en la estructura del gobierno de la ciudad.

Otros de los cambios que se plantean tendrán un mayor detalles en el reglamento de la ley, el cual no se ha elaborado desde 1998 por las diferencias entre los grupos de la asistencia privada, la negativa de la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP) a acatar la norma y por interponer juicios.

Si procede la modificación a la ley corresponderá al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, la emisión del reglamento correspondiente.

El análisis destaca también que algunos cambios parecen tener dedicatoria para impedir que nuevamente García Lizama intente acceder a la presidencia de la Junta de Asistencia Privada. Se indica que el aspirante no debe tener entre sus antecedentes el haber sido presidente del organismo.