viernes 21 de junio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Si Judith García interpone un juicio de amparo, se podría reabrir el caso, dice la PGJ
El gobierno sí entregará documentación del caso Arriaga a la FEMSPP: Morales Flores

Jorge Machuca Luna n
El titular del Poder Ejecutivo de Puebla, Melquiades Morales, prometió que su gobierno colaborará con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) para que indague el asesinato del luchador social universitario Joel Arriaga Navarro. Por su parte, el procurador general de Justicia, Héctor Maldonado, dijo que la viuda del luchador social de la UAP puede recurrir al juicio de amparo para que el caso sea reabierto.
En conferencia de prensa realizada durante una gira de trabajo por Teziutlán, Morales aseguró que su gobierno no ocultará documentación a la FEMSPP, ya que de lo contrario el asunto se complicaría más. Por el contrario, sostuvo que dará todas las facilidades necesarias para que la fiscalía que preside Ignacio Carrillo Prieto realice su labor en el caso Arriaga.
Cuando se le interrogó si el gobierno a su cargo está protegiendo a quienes fraguaron el crimen ocurrido el 20 de julio de 1972, el mandatario negó el hecho categóricamente y descartó que alguno de sus actuales colaboradores esté involucrado.
"No creo que haya funcionarios del gobierno del estado y de esta administración involucrados en un asunto tan delicado, sobre todo porque ya pasaron 30 años y es imposible que todavía estén en activo personas de aquella época".
Afirmó que ha dado instrucciones a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que atiendan todas las peticiones de Judith García Barrera, la viuda de Arriaga, y de la FEMSPP; "de ninguna manera ponemos oídos sordos a una petición tan justa de la señora, tenemos que buscar la forma de dar respuesta a la demanda aplicando la ley y no de manera caprichosa".
-¿Sí está cerrado el caso? -le insistió una reportera.
-No le puedo decir yo si está cerrado o no el caso, tendría que tener a la mano un documento donde me dijeran que hay una resolución o un acuerdo del procurador, y no lo tengo a la mano
Asimismo, dijo que el gobierno estatal no solaparía a funcionarios que fueran sospechosos; subrayó Morales Flores que no desea que las acciones de su gobierno enrarezcan más, "sólo quiero que los interesados queden satisfechos de las actuaciones de la PGJ" y "que no quede la duda de que se solapa o encubre a los involucrados en este asunto".
El reportero preguntó al gobernador si se está protegiendo al ex gobernador Gonzalo Bautista O`Farrill o a sus colaboradores, a lo que respondió: "(Bautista) es el presidente de una fundación, pero no es mi colaborador".
Por separado, el procurador general de Justicia del estado, Héctor Maldonado Villagómez, sostuvo que hasta el momento no ha recibido petición alguna de la FEMSPP para que le sea entregada la copia certificada de los expedientes
Cuando se le interrogó si el "carpetazo" del asunto es definitivo, el funcionario dijo que la viuda aún puede agotar "el otro medio legal que tienen a su alcance" -que es el juicio de amparo- y conforme a esa resolución "ya se verá" si la PGJ retoma la indagatoria.
Al referirse a las peticiones de asociaciones poblanas de abogados respecto a que el Poder Ejecutivo ya no intervenga en la designación de magistrados y del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Morales dijo que lo correcto sería modificar la constitución para que sólo el Poder Judicial decida quién ocupa esos puestos. Tras apoyar la total independencia del TSJ, insistió en que los tiempos de "la línea" para escoger a los magistrados ya pasaron.
Empero, aseguró que él no promoverá tal reforma que excluya al Ejecutivo del nombramiento del titular del TSJ, para que su sucesor no lo acuse de "acotarle espacios o cerrarle caminos".
Por otra parte, a la llegada de Morales Flores a Teziutlán, una decena de personas encabezadas por el ex edil panista Jesús Macip Ríos exigió la intervención de la contraloría estatal para que auditen a las administraciones de los ex ediles José Sánchez Tinoco y Jorge Barrón, que según el quejoso incurrieron en el delito de malversación de fondos públicos.