Guanajuato

Acusan de rebelión y terrorismo a cuatro campesinos

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Romita, Gto., 19 de junio. El gobierno del estado acusó de los delitos de rebelión, sedición, motín y terrorismo a cuatro dirigentes de los campesinos que participaron en la manifestación del martes en este municipio y que provocó la intervención de la policía con saldo de 300 detenidos.

La demanda fue interpuesta por la secretaría de Gobierno contra los campesinos detenidos durante la protesta que encabezaron para pedir la destitución del presidente municipal, Elías Hernández Ontiveros, a quien acusan de permitir al municipio de León la extracción de agua de pozos clandestinos de Romita.

Los líderes Enrique y Rogelio Barroso Díaz, Gilberto Tapia y Francisco Sandoval Mireles, que serán los primeros a quienes se les aplicarán sanciones por estos delitos derivados de las modificaciones al Código Penal, que se mantuvieron congeladas hasta el pasado mes de enero.

Respecto de los cuatro delitos invocados, el Código Penal señala que por el de rebelión "se aplicará de dos a 10 años de prisión por abolir o reformar la Constitución Política del estado, por impedir la integración de las instituciones emanadas de la Constitución local, por separar de sus cargos a alguno de los funcionarios del estado".

El delito de sedición se adjudica a quienes "en forma tumultuaria y violenta resistan o ataquen a la autoridad para impedir u obstaculizar el ejercicio de sus funciones".

El de motín será aplicado a quienes "pretendan ejercitar un derecho, o pretendido derecho, tumultuariamente, empleen violencia en las personas o en las cosas".

A los cuatro campesinos se les pretende culpar por terrorismo que, según la legislación, se aplicará "a quien por cualquier medio realice actos contra las personas, las cosas, o servicios al público que produzcan alarma, temor o terror en la población".

Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique, denunció que se desconoce el paradero de dos personas que fueron ingresadas a la cárcel municipal de Romita, y "existen rumores de que dos personas perdieron la vida en los separos... esperamos a que nos aclaren esta situación o que la desmientan".

Por esa razón, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la desaparición.

De su lado, el procurador estatal de derechos humanos, Manuel Vidaurri Aréchiga, advirtió que la situación se ha vuelto preocupante, toda vez que pareciera que en Guanajuato no impera el diálogo.

Dijo que los acontecimientos que se han suscitado en las semanas recientes en Irapuato, Romita, San Luis de la Paz y Celaya -todos gobernados por panistas- son un aviso que se debe atender el problema por parte de la autoridad que gobierna.

El dirigente estatal del PRI, Wintilo Vega Murillo, exigió la salida del secretario de Seguridad Pública, Felipe Arturo Camarena García, "porque no aplica la ley, sino la represión, el secuestro, la violación a los derechos humanos y los golpes".

Además, pidió al secretario de Gobierno y senador con licencia del PAN, Juan Manuel Oliva Ramírez, que deje su cargo para que "se frene la represión contra los detractores del gobierno del PAN".