Protestas antiglobalización, de inmigrantes y huelga general, el contexto de la reunión
Sevilla, en virtual estado de sitio por el fuerte dispositivo policial previo a la cumbre de la UE
Difícil, que países aspirantes logren una fecha para su adhesión al club europeo
ARMANDO G. TEJEDA ENVIADO
Sevilla, 19 de junio. Esta ciudad se convertirá a partir del próximo viernes en la sede de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) y, al mismo tiempo, en la capital efímera del movimiento antiglobalización, por lo que se vive desde ahora un virtual estado de sitio con un abrumador dispositivo policial puesto en marcha por el Ejecutivo español y presidente de turno de la Unión Europea, José María Aznar.
La cumbre de Sevilla se recordará seguramente por dos cosas: primero, por el previsible giro que dará la UE en materia de política migratoria, al adoptar criterios y discursos similares a los expresados recientemente por las formaciones emergentes de extrema derecha en Europa con Jean-Marie Le Pen, en Francia; Jörg Haider, en Austria, y el recientemente asesinado Pim Fortuyn, en Holanda.
En segundo lugar, por el contexto en el que se desarrollará la cumbre, quizás el más adverso de los últimos años: una huelga general en la integridad del Estado español la víspera de la cita, el encierro de 500 migrantes en una universidad sevillana en protesta por su condición miserable y de explotación y los actos reivindicativos del movimiento antiglobalización, que se espera movilizarán a más de 100 mil personas contra las políticas neoliberales de la UE.
La capital andaluza es una burbuja de seguridad en la que al parecer no ha quedado ningún frente sin cubrir: 5 mil 300 policías nacionales serán los responsables de garantizar el "control" de la ciudad; 2 mil 300 guardias civiles vigilarán todos los accesos por carretera y aire a Sevilla; 800 policías municipales intentarán ordenar el tráfico; 150 agentes secretos se dedicarán en exclusiva a vigilar los sitios de agrupación del movimiento antiglobalización.
Además, el espacio aéreo quedará protegido por dos aviones radar AWACS de la alianza atlántica y un escuadrón de cazas F-18. Por último, como "medida de refuerzo", se han cercado todos los accesos al Palacio de Congresos, donde se llevará a cabo el encuentro multilateral el viernes y sábado próximos. En total más de 9 mil agentes que vigilarán durante día y medio los debates de los líderes europeos en un encuentro que costará a las arcas públicas europeas alrededor de 9 millones de dólares.
Vigilancia extrema
Si en la cumbre de marzo en Barcelona se pensó que el dispositivo de seguridad había tocado fondo, en Sevilla ha quedado patente que no es así, ya que en esta ocasión el celo policial ha llegado a límites insospechados, al adoptarse medidas de prevención contra posibles ataques terroristas similares a los sufridos en Estados Unidos recientemente o, incluso, ante un eventual ataque bacteriológico.
Entre las fuerzas de elite que movilizó el Estado español para esta cita destacan al menos cuatro: los Técnicos en Desactivación de Explosivos (Tedex), que normalmente actúan ante las amenazas de bomba de la organización armada vasca ETA, y que vigilan desde hace meses los itinerarios, subsuelo y sitios de encuentro y alojamiento de los líderes europeos; el Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes), francotiradores especializados en la vigilancia de edificios y en garantizar la seguridad de los desplazamientos.
Asimismo, el equipo Nuclear, Químico y Bacteriológico (NQB), que estará en alerta ante un posible ataque con ántrax o sustancias similares y, por último, la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida como antidisturbios, es la responsable de garantizar la protección por tierra de los 26 mandatarios europeos que acudirán a Sevilla. Además, se destinó un amplio contingente de la policía montada, perros adiestrados para la detección de explosivos y helicópteros que vigilarán desde el aire las protestas.
Esta fortaleza de seguridad cuenta con otras medidas de excepción, habituales los últimos años en las eurocumbres, como la suspensión de los acuerdos de libre circulación entre los países europeos, con la intención que negar la entrada al país a simpatizantes del movimiento anticapitalista con "antecedentes penales" y la instalación de numerosos controles policiales en las carreteras comarcales. Del mismo modo, se decretó la alerta máxima en los hospitales y un grupo de magistrados permanecerá de guardia en un cuartel policial ante posibles disturbios.
Este impresionante dispositivo de seguridad tiene la intención de salvaguardar el debate que llevarán a cabo durante dos días 26 mandatarios europeos, incluidos los países aspirantes a integrarse en la región, que centrarán sus debates en dos puntos: la política migratoria y la ampliación de la UE a países del este del continente.
A pesar de que Sevilla había sido concebida desde hace seis meses como la cita en la que se decidiría el destino inmediato en el seno de la UE de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Malta y Chipre, hoy este debate ha pasado a segundo término, después de que el propio Aznar fijó como "prioridad" de la UE el endurecimiento de las medidas para luchar contra la migración "ilegal".
Sin acuerdos definitivos, en la política migratoria se han acercado posturas entre los distintos países, con lo que se vislumbran al menos cuatro medidas que serán refrendadas por Europa: la creación de una policía fronteriza única, el endurecimiento de las políticas de asilo y expulsión, la reducción de las cuotas de trabajadores extracomunitarios y, quizá la más polémica de las propuestas, la que pretende condicionar los fondos de ayuda al desarrollo -que representa 0.33 por ciento del PIB de la UE- a que los países pobres ejerzan un férreo control en sus fronteras para evitar la migración.
En cuanto a la ampliación, la UE no ha llegado a ningún acuerdo por un escollo al parecer insuperable, el de las ayudas agrícolas a los países aspirantes, que previsiblemente regresarán a sus casas sin haber fijado una fecha para iniciar su adhesión a la región más próspera de Europa, ahora más preocupada por cerrar el paso a la migración "ilegal" y a luchar contra la "amenaza terrorista".