El paro nacional del día 20 se adelanta para hoy en el País Vasco

Decidirá el Tribunal Supremo español si son válidos decretos contra el derecho de huelga

Sindicatos inundan cortes con recursos contra el gobierno; advierten a los empresarios

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

madrid, 18 de junio. La polémica creada por los decretos del presidente José María Aznar para garantizar que los españoles tengan un mínimo de servicios durante la huelga ge-neral del próximo jueves, calificados por los sindicalistas como "abusivos y que vulneran el derecho de huelga", se resolverá en los tribunales, después de que el Supremo decidió hoy admitir en trámite tres recursos en los que los sindicatos solicitan la suspensión cautelar de las medidas aprobadas el pasado viernes por el gobierno.

El paro nacional, convocado una vez que el Ejecutivo aprobó vía decreto la reforma a la ley de protección al desempleo, se llevará a cabo la víspera de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en Sevilla, la última que presidirá Aznar como presidente en turno de los 15. Unicamente en el País Vasco, donde los sindicatos mayoritarios son ELA y LAB, la huelga se llevará a cabo este miércoles.

A dos días de que España se paralice por la huelga convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), la controversia surgida por los servicios mínimos fijados por el gobierno se resolverá en una sesión extraordinaria del Tribunal Supremo, que se pronunciará so-bre los criterios fijados por Aznar en los sectores de radiodifusión sonora, televisión, sociedades de salvamento marítimo y seguridad marítima. En caso de prosperar la tesis de los sindicatos, el Tribunal Supremo ordenaría la "suspensión cautelar" de los criterios manejados por el Ejecutivo.

Las organizaciones sindicales informaron que presentaron hoy otro recurso de apelación al decreto en el que el gobierno fijó los servicios esenciales en el sector del transporte público, que de ser admitido por el tribunal también podría quedar suspendido.

Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, José Luis Sánchez y Antonio Ferrer, respectivamente, explicaron que el tribunal se reunirá mañana con carácter de urgencia para decidir si acepta o no suspender los mínimos que aprobó el gobierno, y agregaron que "es cuestión de tiempo" que se resuelvan los recursos presentados contra los criterios fijados en la seguridad privada y de la Comunidad de Madrid.

La batería de recursos judiciales presentados por los sindicatos frente a la huelga general tuvo hoy otra buena noticia, al resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspender por "razones de urgencia" la orden de servicios mínimos fijada por el gobierno regional, presidido por el Partido Popular.

En todo caso los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, reiteraron que no cumplirán los decretos de Aznar, a quien acusaron de "vulnerar y recortar el ejercicio del derecho a la huelga imponiendo unos servicios mínimos claramente abusivos".

Tras denunciar las coacciones que han re-cibido miles de sus afiliados por secundar el paro nacional, los líderes de UGT y CCOO advirtieron que "estaremos muy atentos a las vulneraciones por parte de determinadas empresas, y queremos advertir muy seriamente que de la misma manera que llevaremos al gobierno a los tribunales por los de-cretos de mínimos, también inundaremos con demandas los tribunales de lo social si hay represalias contra los trabajadores".

Las sindicatos criticaron que el gobierno les haya citado a negociar servicios mínimos de ciencia y tecnología dos días antes de la huelga general, con lo que se ven imposibilitados para presentar un recurso en caso de disconformidad.

En ese sentido, Méndez precisó que los sindicatos velarán por los derechos constitucionales de los trabajadores, sobre todo de los temporales, y resaltó que la huelga general es "un ejercicio de salud democrática y un día en el que los trabajadores van a demostrar que son ciudadanos dispuestos a ejercer un derecho constitucional para exigir la devolución del derecho a la protección por desempleo y a un juicio laboral justo en caso de despido improcedente".

Una vez que los sindicatos han advertido que no respetarán los mínimos fijados, Az-nar señaló desde Dinamarca, durante una gira preparatoria para la cumbre de Sevilla, que "afirmar que no se van a acatar los servicios mínimos significa decir que uno no está dispuesto a cumplir con la legalidad, lo cual es algo muy serio. La ley no puede estar al albur de que a uno le apetezca o no cumplirla, y es necesario respetar la ley, las normas y los preceptos establecidos en nuestra propia legislación, por lo que es una obligación elemental y de sentido común que espero que nadie olvide".

Aznar dijo que que en su "opinión, cada día que pasa es menos explicable esta actitud y esta convocatoria (a la huelga general), hay actitudes como la de avisar del incumplimiento de una obligación legal que supone todavía una mayor injustificación a estas actitudes y a estas decisiones".

En contraste, el líder del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, estimó que las reformas llevadas a cabo por Aznar suponen una revisión del modelo social de la democracia y un "collar que asfixia el modelo exitoso de convivencia", que ha motivado un profundo descontento social por "las formas, el tono, la arrogancia y la soberbia del gobierno".

A juicio de Rodríguez Zapatero, Aznar aplica "una política vieja, reaccionaria, in-justa, rancia, neoliberal y autoritaria que niega por imposible el acuerdo social; no hay ningún sindicato en el mundo que pudiera aceptar esta orientación del mercado de trabajo", además de "criminalizar" a los mo-vimientos sociales.