Es la primera aplicación de la ley de transparencia gubernamental: director del AGN

Desde hoy se dará acceso al público a los documentos de la guerra sucia en México

La revelaciones que salgan implicarán meses y años de consulta, afirma Herrera

ALONSO URRUTIA

Desapariciones, seguimiento de organizaciones y personajes políticos connotados, durante la época de mayor movilización social en el país, así como los enigmáticos documentos castrenses sobre la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968 serán objeto de consulta pública a partir de que este mediodía, el presidente Vicente Fox oficialice la apertura de los documentos concentrados en casi 5 mil cajas, los cuales avalan la versión oficial de los acontecimientos.

Siete meses después del anuncio presidencial que ofrecía la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, este mediodía en el antiguo Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General de la Nación (AGN), se concretará el acceso público, como parte de las acciones gubernamentales para desentrañar esa época del pasado.

Junto con la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, forman hasta ahora las dos acciones para investigar lo ocurrido aquellos años. Empero, aún falta la creación del comité interdisciplinario que, se anunció, evaluaría las formas y procedimientos de apoyo a las víctimas y ofendidos por los hechos del pasado, según lo ofrecido en el Acuerdo del 27 de noviembre de 2001, en el que se anunciaron todos las acciones.

Sin duda, los documentos que atraen la mayor atención son los enviados por la Defensa Nacional, cuyo volumen, sin embargo, apenas representa 10 por ciento del conjunto de documentos enviados, comenta el director del Archivo Histórico Central, Juan Manuel Herrera.

En su mayoría, son informes provenientes del Cisen, mismos que agrupan los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. "Las revelaciones que saldrán de estos nuevos documentos -subrayó Herrera- implicarán meses y años de consulta." Y agrega que la consulta de los documentos de la guerra sucia y de 1968, entre otros, representará propiamente la primera aplicación práctica de la Ley de Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información, dado el esquema que operará para garantizar el acceso a la información.

-Da la impresión de que se tardaron mucho tiempo desde que se anunció su apertura, hace siete meses.

-En realidad no son siete meses. En el acuerdo presidencial, el envío de los archivos tenía fijado un plazo de 90 días, razón por la cual fue en marzo cuando llegaron los documentos aquí, por lo que no han pasado tres meses desde entonces; además ese tiempo, para lo que implica la organización de archivos, es realmente muy rápido. Lo que pasa aquí es que para la sociedad no es una espera de meses, sino de tres décadas para conocer esta parte de la historia.

Y es que la apertura de archivos implicó la remoción de la galería 1 de 200 mil rollos de microfilm y 10 mil cajas de documentos referentes a un tema que hasta hace poco tiempo era muy recurrente entre los investigadores. Será pues esa galería la que mayor movimiento tenga en el Antiguo Palacio de Lecumberri. Las crujías donde antaño se recluían a los presos políticos hoy darán albergue a parte de esa historia desconocida.

Si bien para algunas organizaciones, como el Comité Eureka, la apertura de los archivos no tiene mayor relevancia en la búsqueda de la justicia, los alcances que podrá tener en el conocimiento histórico de esa faceta reciente del país son "muy importantes", a decir del responsable del Archivo Histórico Central.

Su apertura representa, declaró el secretario de Gobernación, Santiago Creel, una suerte de sustituto de la Comisión de la Verdad que demandaban algunos actores para investigar el pasado, lo cual resultaba inviable jurídicamente para la dependencia. Serán millones de mexicanos quienes podrán consultar los archivos del pasado, ha sido su argumentación para justificar el esquema adoptado.

La organización que tenía el Cisen en sus archivos, dijo Herrera, permitirá sin duda tener un acceso menos complicado del que en su momento tuvo la primera documentación enviada por la Secretaría de Gobernación, en 1982, que abarca la década de los 60 y una parte de los 70. Sin embargo, los millones de fichas que envió el Cisen no servirán como catálogo para la consulta del conjunto de documentos, sino que formarán parte de la consulta.

En las previsiones del AGN destacan esquemas de control para la salida de los mismos y la garantía de que realmente sean auténticos: la expedición de copias certificadas en el caso de los documentos incluidos en las 4 mil 223 cajas del Cisen.

En tanto, el subsecretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, señaló que la administración capitalina entregará a la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encargada de esclarecer las muertes relacionadas con el movimiento estudiantil de 1968, los ocho expedientes que tiene en su poder de personas desaparecidas durante esa época.

Encinas dijo que hay especialistas que continúan investigando otros expedientes de la ex penitenciaría de Lecumberri y la cárcel de Santa Martha proporcionados por la PGR para determinar si hay más desaparecidos del movimiento estudiantil.