lunes 17 de junio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Conciencia y organización, recursos para exigir esclarecimiento de desaparecidos políticos, dice
Es posible una nueva represión similar a la de 1968, dice Raúl Álvarez Garín

Ignacio Juárez Galindo n
Para el ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga en 1968, Raúl Álvarez Garín, a más de 30 años de la masacre del 2 de Octubre en Tlaltelolco aún se encuentra vigente la posibilidad de que ocurra una nueva represión gubernamental de esa naturaleza, así como de la puesta en marcha de "políticas de gobierno criminales" contra el pueblo. Dijo que sólo basta recordar las matanzas de Aguas Blancas y Acteal para entender que dicha posibilidad depende de muchos factores como el poder, la personalidad de los políticos en momentos coyunturales y el clientelismo.
Por el contrario, sostuvo, la sociedad civil cuenta con recursos limitados para hacer frente a esta situación, siendo los más importantes la conciencia social y educativa y la organización, a los que se les une la exigencia para con las autoridades de llevar a cabo los juicios penales correspondientes para castigar a los responsables por los hechos de 1968 y la guerra sucia de los años 70. De hecho, estableció que el "jurado popular" podría ser una alternativa para los ciudadanos de exigir el esclarecimiento de tales ilícitos.
Lo anterior se desprende de la participación de çlvarez Garín en la mesa redonda "¿Algún día sabremos la verdad?", en la que participaron Raúl Jordán, periodista e integrante del Frente Zapatista de Liberación Nacional, Judith García, viuda del ex líder universitario Joel Arriaga, así como Mario Alberto Cartagena López, ex miembro de la Liga 23 de Septiembre y desaparecido político, y que formó parte del ciclo de conferencias por el XII aniversario de La Jornada de Oriente.
En su intervención, çlvarez Garín hizo una amplia exposición de los pros y contras que han tenido lugar en el largo proceso para esclarecer las matanzas, persecuciones y desapariciones. Advirtió que la sociedad sólo cuenta con la conciencia social organizada de que es posible castigar a los responsables, e hizo un llamado a los ciudadanos a que se movilicen y presionen a las autoridades para que cumplan esa demanda.
Ante unas 200 personas, quienes el viernes pasado abarrotaron la sala de conferencias del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, recordó que la conciencia y organización permitieron en 1994 evitar que el Ejército mexicano masacrara a los indios sublevados de Chiapas, pero afirmó que estas acciones también deben ir acompañadas de procesos penales o cambios legales que rompan con la "permisividad" de la que goza el gobierno para aplicar la ley contra el pueblo. Señaló que aunque cada quien puede interpretar lo que ocurrió en 1968, todos estamos obligados a respetar el marco legal y juzgar los hechos a la luz de la ley, así como poner en marcha juicios de responsabilidad.
El también integrante del PRD recalcó que en nuestro país sigue latente la posibilidad de que se lleve a cabo políticas de gobierno criminales contra el pueblo, pero ahora es posible profundizar y esclarecer lo ocurrido en esas décadas. Todos, dijo, tenemos una idea clara de lo que ocurrió en el 68, los Halcones y la guerra sucia de los 70, en Puebla, pero debemos saber cómo transformar ese conocimiento en una fuerza suficiente para frenar nuevas acciones represivas, lograr una presión basados en la conciencia nacional y el respeto a los derechos humanos.
Más adelante, Raúl çlvarez también criticó a postura del actual gobierno mexicano y los senadores por la decisión de firmar el tratado de la Corte Penal Internacional bajo la condición de que no será retroactivo a los crímenes ocurridos en los años anteriores, situación que, subrayó, deja en una completa impunidad a militares y autoridades involucradas en la guerra sucia. A decir del dirigente de izquierda, las autoridades están haciendo "marrullerías" y "absolviendo" de cualquier culpa a los responsables de esos hechos.
Pese a que sacar a la luz diferentes arbitrariedades y anomalías de la fiscalía especial para investigar el caso de los desaparecidos políticos, aclaró que la creación de dicha instancia "es algo favorable" ya que, de entrada, está obligada a ofrecer una respuesta a esta situación, misma que deberá ser juzgada y exigida por la sociedad.
En tanto, Raúl Jardón apuntó que la represión contra el movimiento de 1968, incluida la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, fue realizada como "una política de Estado aplicada por el gobierno", la cual estuvo orientada a realizar "un genocidio continuado" que lo mismo abarcó el 10 de junio de 1971 -"el halconazo"- y la guerra sucia de los años 70, "todo con el objetivo de acabar con la izquierda y los sectores sociales que se oponían al gobierno, destacadamente los estudiantes".
Continuó: "Para tener una idea del clima del terror y persecución que se mantuvo más de una década, oficialmente se reconoció que en 1968 más de 5 mil personas estuvieron detenidas y que, aparte de los cientos de desaparecidos, informaciones extraoficiales conservadoras estiman que en la década de los 70 más de 10 mil mexicanos pasaron por las cárceles debido a las redadas policiacas y militares en las que se secuestraba a cualquier persona considerada de izquierda para tratar de ubicar, mediante presiones o torturas, a los integrantes de los grupos guerrileros".
De igual forma, Jordán señaló que, contrario a la postura de la fiscalía especializada para investigación de los desaparecidos políticos, para que el esclarecimiento de estos hechos sea de fondo y sirva para evitar que se repitan masacres como la del 2 de Octubre, Acteal, El Charco o Aguas Blancas es "imprescindible sacar a la luz el entramado institucional, las complicidades en el aparato del poder y de éste con los medios de comunicación, y la ejecución de órdenes a todas luces ilegales e inhumanas por partes de quienes debían ser servidores públicos".
Por su parte, Mario Alberto Cartagena López relató todas las penurias que atravesó al ser aprehendido y recluido, en dos ocasiones, en el campo militar número 1 tras ser identificado como integrante del grupo guerrillero Liga 23 de Septiembre, que operó en la década de los 70. "El Guaymas", como se le conoce coloquialmente, lo mismo refirió las torturas que sufrió, las desventuras, ilusiones y el compromiso político por luchar por un país mejor y diferente.
Su liberación, producto de la movilización de su madre y de Rosario Ibarra de Piedra, presidente del comité de desaparecidos políticos, abrió la posibilidad de conocer las innumerables arbitrariedades y torturas que se cometían en el centro militar.
Finalmente, Judith García vuida de Arriaga aseguró que la verdad sobre lo que ocurrió en Tlatelolco y la Guerra Sucia "todos la sabemos", así como quiénes son los culpables, por lo que es necesario que las autoridades dejen de encubrir a los responsables y los castiguen conforme a la ley. Apuntó que su principal lucha es lograr que los responsables de la muerte de su compañero Joel Arriaga sean encarcelados, que la guerra sucia no continúe y que la impunidad se detenga.