Todos declararon, pero nadie actuó. La Procuraduría General de la República no atrajo el caso aunque existen delitos federales, la procuraduría estatal detuvo a los que se encontró en la presunta comunidad "enemiga", y para lo único que alcanzó el consenso entre legisladores fue para guardar un minuto de silencio.

Las autoridades federales y estatales pedían, en medio de una guerra de acusaciones, paz entre las comunidades. Había que eliminar al partido contrario para concentrar el manejo del presupuesto y el capital político, y redimir a los comuneros de la violencia.

Estas certezas inmediatas se esfuman a medida que observamos con mayor detenimiento la situación de la Sierra Sur oaxaqueña. Una región en la que conviven centenarios conflictos entre las comunidades con el resurgimiento de identidades indígenas, donde el aislamiento y la falta de satisfactores materiales comparten terreno con empresas comunales en crecimiento, donde transnacionales de extracción de recursos naturales y narcotraficantes tienen grandes proyectos y donde parece no hay ninguna estrategia para revertir la espiral de violencia.

"Desgraciadamente es algo cotidiano" afirma Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, que está a punto de editar, con Guadalupe Espinosa, un libro sobre los conflictos agrarios en Oaxaca. "La intervención de las autoridades, en particular las agrarias, ha buscado, más que solucionar los conflictos, manejarlos de acuerdo a intereses de grupos políticos. Conozco comunidades en la Mixteca que cuando pidieron solución a su conflicto les ofrecieron fertilizantes".

La Sierra Sur ha destacado por la violencia de los enfrentamientos entre comunidades. En 1996 un informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro afirmó: "Pelear o ceder territorio, es el dilema que desde hace una década enfrentan las comunidades indígenas de la Sierra Sur. Ante la negligencia de la Secretaría de la Reforma Agraria por solucionar viejos conflictos de tierra, optan cada vez más por la violencia, para resolver sus disputas. De 1944 a la fecha, se han registrado más de 300 muertes por dicho conflicto. Ya en 1986 se dio un enfrentamiento entre mixtecos y zapotecos de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza con 28 muertos y decenas de heridos".

La violencia persiste, pero un hecho ha cambiado. Ya no se pueden relegar estos asuntos, como sucedió en 1986, a una nota roja. Quizá la frase más socorrida en el tratamiento de reciente matanza es la de "foco rojo". Agua Fría se ha entendido como una llamada de alerta, de que las cosas tienen que cambiar.

Dispersas pero crecientes, han aparecido contraargumentaciones de las organizaciones indígenas y forestales, refutando al gobernador oaxaqueño José Murat, en el sentido de que el conflicto se debía a los permisos de explotación forestal. Los representantes de las empresas forestales comunales han hecho ver la importancia de sus esfuerzos, logrados a contracorriente de la política de libre mercado maderero que los enfrenta a una competencia desleal contra productores extranjeros y una tala ilegal e impune.

"Rechazamos la manipulación de estos hechos para frenar los esfuerzos de numerosas comunidades e instituciones que trabajan para fomentar el buen manejo, conservación de los recursos naturales y mejoramiento económico local" declaró el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Rodolfo López Arzola, presidente de Asesoría Técnica a Comunidades Oaxaqueñas (ASETECO), organización pionera en el acompañamiento a las empresas comunales forestales, relata su desarrollo en la Sierra Sur de Oaxaca:
 

La historia de las empresas forestales comunales de las comunidades vecinas de Xochiltepec, como Textitlan o San Pedro El Alto, arranca en 1982 cuando terminó la concesión de la empresa privada que explotaba los bosques. El gobierno apoyaba a las compañías madereras para extraer la mayor cantidad de la madera posible, sin cuidar el bosque. Las comuneros no sabían ni cuanta madera salía.

En 1982 los comuneros se opusieron a que se renovara la concesión, hicieron huelgas y no permitieron la entrada a sus tierras a ningún empleado del gobierno. Entonces no existía la cantidad de empresas comunales de ahora. Fue difícil. Los comuneros no se sentían capaces de crear su propia empresa y mucha gente de organizaciones no gubernamentales decía que formar una empresa destruiría a la comunidad. Nosotros creíamos que sólo desarrollando económicamente a la comunidad, ésta se fortalecería.

El carácter de la empresa forestal se adaptó a la estructura de las comunidades. Sus dirigentes son nombrados en asamblea y se rotan cada dos o tres años, para evitar que concentren poder. Son rasgos que las comunidades le impusieron a sus empresas.

El subsuelo del asunto

La Sierra Sur esta en la mira del capital transnacional. Los pinos de Santa María Zaniza, vecina de Xochiltepec, están parados sobre el yacimiento de hierro más importante de México. Durante 1999 debió de iniciarse un desarrollo que dejaría chico al de Cananea. Como parte del llamado Megaproyecto del Istmo, el Grupo Acerero del Norte (GAN), complementado por capital español, planeó llevar por medio de un ferroducto de 280 kilómetros de largo, el hierro de Zaniza a una fundidora ubicada en el Puerto de Salina Cruz, donde se instalaría una termoeléctrica alimentada por gas traído desde Tabasco. La realización de este proyecto se ha pospuesto una y otra vez.

Del contexto de la matanza no se puede borrar un hecho denunciado por el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco: la empresa GAN ha comprado a algunas autoridades municipales de Zaniza, por lo cual la comunidad ya ha destituido a dos presidentes municipales.

La primera noticia de enfrentamientos por tierras entre comunidades de la Sierra Sur está contenido en un documento colonial de 1656. La violencia se ha fraguado a lo largo de siglos. Romper el círculo vicioso de la violencia en la Sierra Sur no es tarea sencilla.

Las organizaciones sociales independientes consideran que un punto clave en este proceso es que el gobierno se abstenga de manipular las divisiones entre comunidades. Para decirlo en palabras de Francisco López Bárcenas: "Que la ley se vuelva una norma para resolver conflictos, y no un instrumento que se aplica en cada caso concreto para intereses particulares".

Existen opiniones que afirman que la negociación agraria debe ser el resultado de la plena ejecución de proceso agrarios desarrollados correctamente a los cuales se deben sujetar las partes. Pero muchos opinan que esto no es lo primero, ni lo principal.

Así lo expresa Hugo Aguilar, abogado mixteco y coordinador de Servicios del Pueblo Mixe, organización que ha asesorado a comunidades de la zona:

 
Cuando a las comunidades se nos mete en el lógica de trazar líneas sobre el terreno se genera esta dificultad enorme de encimamiento de planos y pretensiones de las comunidades. Un conflicto así es altamente explosivo. La legislación nos ha metido en una dinámica muy difícil desde el surgimiento de nuestro país, incrementada recientemente por las reformas al artículo 27 de la Constitución. Es un enfoque individualista del territorio en el que forzosamente tiene que haber un propietario con su documento. En el caso Oaxaca los límites son un acuerdo entre las partes que dura determinado tiempo, para unos años y siempre esta latente un punto, una coma, una palabra para que un conflicto que parece superado, vuelva a surgir.

La verdad jurídica no corresponde con la verdad de las comunidades ni implica una solución. Apegarse sólo a lo jurídico desata los conflictos. Y esto es precisamente lo que han hechos las instancias gubernamentales, que en vez de resolver los problemas se encargan de enredarlos.