La explotación en Burgos será como en Texas y Alberta, afirma Rodríguez Padilla
Otorgar los CSM por 20 años rompe el monopolio del Estado y viola la Constitución
La reunión que se hará los días 20 y 21 es otra muestra de la poca transparencia de Pemex
Los contratos están dedicados a las grandes compañías de EU, dice el investigador
ISRAEL RODRIGUEZ
El otorgamiento de permisos hasta por 20 años a contratistas para explorar y explotar gas natural a través de los contratos de servicios múltiples (CSM) es equiparable a una concesión que rompe el monopolio del Estado y viola los preceptos constitucionales, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, profesor investigador de la UNAM, miembro de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía y asesor en el Senado de la República.
El objetivo, agregó, es que las operaciones en el área de Burgos tengan el mayor parecido con las de Texas en Estados Unidos, y Alberta, en Canadá, en términos de libertad operacional para las petroleras internacionales, marcos regulatorios, así como regímenes fiscales similares.
Cifras infladas en la producción de gas
Señaló que la reunión privada concertada para el 20 y 21 del presente mes en el Hotel María Isabel Sheraton es una muestra más de la poca transparencia con la que pretende actuar Petróleos Mexicanos (Pemex) pasando por encima del Poder Legislativo.
Además, ''Pemex no duda en inflar las cifras sobre el déficit en la producción de gas que se tendrá en los próximos años, aun sabiendo que la economía no crecerá 7 por ciento. La urgencia de Pemex no se justifica. Lo que se justifica es actuar rápidamente para detener el desperdicio del gas que ya se extrajo'', comentó.
Explicó que la pretendida celebración de los CSM se realizará mediante rondas, cada una de las cuales ofertará una cierta cantidad de bloques. Las características de la primera ronda implicará que se pongan a concurso ocho bloques en la Cuenca de Burgos, localizada en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. La mayoría de los bloques colinda con Estados Unidos, por lo que la dedicatoria de los CSM es para las grandes compañías estadunidenses. La superficie de los bloques que se pretenden poner a concurso varía de 600 a mil 700 kilómetros cuadrados.
La Cuenca de Burgos sigue siendo el área más importante del país en términos de reservas y producción de gas no asociado; en una zona con vocación gasera, por lo que se espera una producción compuesta fundamentalmente por gas natural y en menor medida de líquidos, condensados y aceite. Contiene 2 billones 283 mil 600 millones de pies cúbicos de gas de reservas probadas, que representan 34.1 por ciento del total de las reservas probadas del país.
La producción diaria promedio de la Cuenca de Burgos durante 2001 fue de alrededor de mil millones de pies cúbicos, que representan 21.9 por ciento de la producción total de gas del país. De esta manera, con una producción de gas similar a la del año pasado, las transnacionales que ganaran la licitación de esta cuenca podrían explotarla en un lapso de seis años y tres meses.
Rodríguez Padilla reveló que la segunda ronda a licitar podría ser en la misma Cuenca de Burgos pero en la zona donde el riesgo geológico es más elevado (40 por ciento de la cuenca). En virtud de la presencia de un mayor riesgo, Pemex prevé ofertar condiciones más favorables para los inversionistas. También se preparan nuevas rondas en cuencas fuera de Burgos con una producción constituida principalmente por gas no asociado, por ejemplo las de Macuspana y Veracruz.
Sin embargo, el investigador académico destaca que Pemex asegura que dichos contratos están apegados al marco jurídico vigente pero no sabe explicar ni convencer a propios y extraños que es cierto lo que afirma.
La reunión de trabajo de Pemex con la Comisión de Energía del Senado celebrada el 5 de diciembre de 2001 ''fue patética. Las contradicciones y las evasivas caracterizaron el evento''. Aún más, la petrolera insiste en que los CSM no son de riesgo, aunque estos contratos tienen todos los elementos que conforman acuerdos petroleros que comparten riesgo y rentas entre el Estado y la empresa privada, lo cual violenta el estado de derecho consagrado en la Carta Magna, apuntó.
