Las autoridades respectivas desatienden graves problemas: segunda Región Naval

Narcos, involucrados en conflictos pesqueros

En Sonora seris armados cobran por usufructuar sus aguas; en La Paz el alcalde da permisos

JESUS ARANDA

La segunda Región Naval de la Armada de México advierte que en las costas nacionales predomina "la violación sistemática de la ley y la alteración del orden público", que afectan la paz social cada año cuando comienza la época de la pesca del camarón y otras especies de alto valor comercial.

Para dar una idea de la gravedad del problema, el alto mando naval señala que en la comunidad seri de Sonora existe un peligro potencial, "si la situación se manejara como una amenaza al derecho indígena reclamado por sus usos y costumbres".

Y alerta a las autoridades locales para que sean "muy cautelosas y prudentes" antes de aplicar a ultranza el estado de derecho.

En un documento en el que hace un análisis de la situación que priva en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa -que forman parte de la jurisdicción de la segunda Región Naval-, el alto mando admite que en materia pesquera "es común" que surjan conflictos entres los diversos sectores involucrados.

Resalta, en un texto en poder de La Jornada, la actitud indiferente de las autoridades de pesca (federales), que prefieren esconder la cabeza antes que encarar el problema con una potestad "que no se atreven a ejercer", a tal grado que el presidente municipal de La Paz, Baja California Sur, "se ha adjudicado la atribución de otorgar permisos de pesca, presionado por los pescadores, a quienes les prometió en su campaña intervenir para resolver dicho conflicto".

El escrito en cuestión fue entregado apenas el pasado 28 de mayo a los diputados integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, en Mazatlán, Sinaloa, a quienes dejan en claro que si bien la situación se refiere al área que forma parte de la segunda Región Naval ?por respeto a la jurisdicción que tiene cada una de las regiones del país?, lo cierto es que los problemas que provoca la falta de reglas claras en materia de pesca son comunes en las costas nacionales.

"Visión rural"

El documento indica que las diversas leyes que se han promulgado para regular la pesca en el país, y "la visión rural de los pescadores" han hecho que al mar lo conciban "como si fuera un ejido, y así parcelan espacios y especies", creando derechos grupales que no tienen sustento jurídico alguno, "sin tomar en cuenta el daño que las prácticas pesqueras pueden causar al ecosistema si no se controlan adecuadamente".

Menciona que en Baja California Sur persiste el conflicto entre los pescadores de camarón de la bahía de La Paz, que no permiten el acceso a personas dedicadas a la pesca de altura de otras partes, "porque además de argumentar su propiedad denuncian que las redes de arrastre acaban con la especie".

En Sinaloa, añade, el conflicto ha llegado a ser violento. Comienza con el establecimiento de las fechas de apertura de la veda de pesca del camarón, en septiembre, y continúa con la disputa por el espacio de captura de la misma especie que, por ley, corresponde a los de ribera atrapar en esteros y bahías, pero éstos insisten en pescar en alta mar, constituyendo "un verdadero ejército de cerca de 6 mil lanchas tripuladas por 18 mil personas de la costa central de la entidad".

La Armada, encargada de preservar la ley en el mar, señala que de esa cantidad de lanchas y pescadores, "la mitad no posee ni registro de pesca ni de sus embarcaciones".

El reporte acepta que esa actitud constituye un desafío a "todo tipo de autoridad", al tomar por asalto el espacio que la ley les niega, creando con ello graves conflictos al gobierno sinaloense cuando los pescadores son perseguidos para que dejen la captura ilegar de especies.

El mando naval advierte que muchas de esas manifestaciones de protesta son "financiadas y estimuladas por narcotraficantes, lavadores de dinero e introductores de camarón a las ciudades de México y Guadalajara".

Incluso, en la pasada temporada de pesca fueron "azuzados por políticos en campaña que buscaban los votos para las elecciones municipales".

Sin embargo, "pasada la efervescencia del momento, el asunto se olvida hasta el año siguiente, sin que por el momento se den soluciones políticas permanentes ni satisfactorias para los pescadores en conflicto.

Esto se presta a que en medio de la confusión "se cuelen embarcaciones cargadas con productos distintos a la pesca"; es decir, con drogas u otras mercancías ilícitas.

Señala el documento que hay quienes buscan derogar la norma nacional de pesca 002, pero advierte que a ellos "poco les importa la conservación de las especies".

Lo que les interesa realmente es "aplastar a sus competidores, en lugar de ponerse de acuerdo para hacer una explotación racional y una protección de la fauna, flora y entorno que rodea a las especies marinas, "sobre todo aquellas de alto valor comercial que se destinan para la exportación, ni siquiera para el consumo interno", reprocha el escrito.

Ante esta situación plantea: "nosotros intentamos cumplir con nuestro papel, haciendo que se respete el estado de derecho, pero ello no es la solución de un problema que no solamente es de pesca, sino un asunto que debe ser discutido entre los actores del conflicto y los tres poderes de la Unión".

Caso curioso

Sobre el peligro potencial que existe en la comunidad seri, el texto apunta que, "por lo pronto", la presencia de la Armada "ya está siendo tolerada con el argumento de que busca evitar los asaltos a las embarcaciones pesqueras en el mar, ya que algunos pescadores han acusado públicamente a los indígenas de tales delitos".

En esa comunidad también se da un "caso curioso de territorialidad de la comunidad seri", la cual ha interpretado el derecho internacional marítimo "muy a su manera", al establecer alrededor de la isla Tiburón -que les fue dada en obsequio junto con la exclusividad de pesca en esteros y bahías entre El Desemboque y Bahía Kino por la administración de Luis Echeverría- un espacio exclusivo, "con el desentendimiento de las autoridades de pesca, de marina mercante, de las autoridades judiciales, de los gobiernos estatal y municipal "y de nosotros mismos".

Resulta que los seris "cobran, con armas en la mano y en nombre del gobierno indígena, derechos de usufructo a los pescadores criollos que se internan en sus aguas".

La Armada ha resuelto realizar acciones para "poner orden en este garabato creado por la costumbre de no hacer nada", por lo que los seris "nos ven como una fuerza invasora extranjera y en ese sentido se manifiestan en sus asambleas".

Esta incertidumbre jurídica y política que caracteriza la actividad pesquera, subraya el documento, ha dado lugar desde hace años a que ocurran ataques a mano armada a embarcaciones camaroneras que pescan en las inmediaciones de las comunidades de la costa central de Sinaloa y la parte de la costa de Sonora entre Guaymas y Bahía Kino.

Lo curioso, indica el alto mando naval, es que "siendo el mar de Cortés tan rico en especies marinas, es el camarón la manzana de la discordia; ningún otro producto del mar despierta tanta codicia ni incita tanta violencia".

La segunda Región Naval concluye que la solución a estos problemas está en manos de las autoridades políticas federales, y les hace a un llamado que analicen profunda y seriamente los factores y actores que concurren en este conflicto, para que concilien con justicia los intereses de las partes con los intereses del Estado en cuanto a la preservación de especies marinas y el sostenimiento de miles de trabajadores y sus familias.