Se vive intolerancia social, política y religiosa, advierte

Predomina en Chiapas una lógica de confrontación: Sipaz

La situación de los derechos humanos no ha mejorado, dice

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 16 de junio. ''En Chiapas, después de ocho años de conflicto y seis de estancamiento del proceso de paz, predomina una lógica de confrontación e intolerancia social, política y también religiosa'', afirma el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) en su informe más reciente.

La ONG de origen estadunidense, que desde una visión cristiana y ecuménica ha observado de cerca el proceso social chiapaneco, estima que la situación en el estado, y a nivel nacional, ''no ha cambiado mucho en los últimos meses'', ya sea respecto a la reforma constitucional sobre derechos indígenas o la situación de los derechos humanos. ''Ciertamente, tampoco ha mejorado en cuanto a la problemática agraria y los conflictos vinculados a ella.''

El gobierno federal ''parece apostar a suplir la falta de acuerdos con los zapatistas mediante programas económicos y leyes secundarias'', consideran los analistas de Sipaz. ''A pesar de los cambios de gobierno, tanto a nivel nacional como estatal, la situación de los derechos humanos no ha mejorado significativamente'', agregan.

A seis años de la firma de los acuerdos de San Andrés siguen pendientes su aplicación y la reanudación del proceso de paz. ''Hace un año que el EZLN permanece en silencio, en protesta por la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos indígenas, que también rechazaron los congresos de los estados con mayor población indígena del país y las principales organizaciones.''

El ''informe de coyuntura'', que publica en junio el organismo, apunta que el propio gobierno estatal ha reconocido la existencia de ''problemas intercomunitarios'' en al menos 40 comunidades de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Sipaz considera que ''las causas de estos conflictos -que se dan incluso entre organizaciones que antes estaban aliadas- son múltiples: las relaciones con ambos gobiernos y la aceptación o no de sus programas y subsidios; las diferentes formas de construcción de la autonomía; las disputas por la tierra o por el control político sobre un determinado territorio; las diferencias ideológicas y religiosas''.

La coalición de grupos internacionales que conforman Sipaz se basa ''en el compromiso con la no violencia activa'', y ha tenido acercamientos significativos con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, al igual que todas las ONG del área de derechos humanos vinculadas a las distintas iglesias. De manera coherente, el informe se refiere al gobierno chiapaneco en términos favorables, pues ''a pesar del adverso ambiente político y social persiste en sus esfuerzos de distención y reconciliación''.

Para los analistas, ''el gobierno federal parece apostar a suplir la falta de acuerdos con los zapatistas mediante programas económicos y leyes secundarias'', mientras que, por su parte, ''el EZLN mantiene su silencio obstinado y su resistencia a cualquier solución parcial, apostando a la construcción de la autonomía por la vía de los hechos, desde las bases de sus comunidades. Eso significa, entre otras cosas, no aceptar las limosnas del gobierno y criticar fuertemente a los que aceptan los programas económicos oficiales''.

El documento registra también ''la tensión'' que se vive en Montes Azules, ''por la persistencia de rumores de una inminente expulsión de comunidades indígenas asentadas en esa zona protegida'', y hace mención a lo denunciado por el propio gobernador Salazar, en el sentido de que el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, José Campillo, ''está promoviendo el desalojo de las comunidades'', y al anuncio salazarista de que su gobierno ''no va a ejecutar ni permitir esa acción''.

En todo caso, según Sipaz, ''es indudable que resulta problemático tener leyes estrictas para la preservación del medio ambiente en una región donde la demanda de tierras no cesa''. Y seguramente no cesará ''mientras no se den soluciones estructurales de fondo que contemplen todos los aspectos de la problemática agraria: el alto crecimiento demográfico, los escasos recursos naturales (sic), la expansión de la ganadería, las dificultades para una explotación más eficiente de la tierra y la falta de capacitación y empleos en otros sectores para la población indígena''.

Para el presidente Fox, ''la solución a estos problemas sería el Plan Puebla-Panamá, presentado como la principal propuesta de desarrollo para el sur de México y América Central'', añade Sipaz.

''Sin embargo, organizaciones populares y ONG critican este plan por considerarlo funcional a los intereses estratégicos estadunidenses y al modelo económico neoliberal dominante'', describe el organismo de observación, que no deja de reconocer que ''a pesar de los fuertes impactos sociales y ambientales que tendrá, los pueblos no han sido consultados para su elaboración''.

Considerando ''sombrío'' el panorama en materia de derechos humanos, Sipaz registra que la tensión social aumentó en la zona norte de Chiapas a partir de febrero, ''debido a la detención de Diego Vázquez, líder de la organización presuntamente paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia''. Expresando una especial inquietud ''por la falta de avances en la investigación del asesinato de Digna Ochoa'', Sipaz recomienda a la sociedad civil nacional e internacional escribir al presidente de México mensajes que manifiesten ''preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia una solución del conflicto en Chiapas''.

Otra recomendación del organismo civil es escribir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expresar ''respetuosamente'' la esperanza de que dicha instancia judicial ''resolverá las controversias constitucionales en materia indígena teniendo en cuenta las demandas planteadas por los pueblos, los compromisos asumidos por el gobierno federal en los acuerdos de San Andrés de febrero de 1996 y las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al ratificar el convenio 169 de la OIT''.