Los soldados "no combaten al narco, sino a los indios", indica centro de derechos humanos

Militarización, conflictos agrarios y delincuencia marcan la región guerrerense de la Montaña: ONG

Hace hincapié en disputas por la tierra que siguen vigentes con altas dosis de explosividad

 JESUS SAAVEDRA LEZAMA CORRESPONSAL

Tlapa de Comonfort, Gro., 15 de junio. En su octavo informe anual el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió hoy sobre la excesiva militarización en las comunidades indígenas, que genera constantes violaciones a las garantías individuales que no han sido sancionadas jurídicamente.

Anotó que de junio de 1994, cuando comenzó actividades, a mayo de 2002, Tlachinollan ha documentado y turnado a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos 302 casos de violaciones a las garantías individuales, pero a estas denuncias no se les ha dado seguimiento ni han concluido en acción jurídica de castigo contra los agresores.

Sólo durante este año, indicó, ha documentado 41 casos relacionados con abuso de autoridad, afectación al patrimonio, extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad, afectación al libre tránsito, denegación de la justicia, cohecho, lesiones y violación sexual.

Las autoridades señaladas como presuntas responsables de estas violaciones son los agentes del Ministerio Público, la Policía Judicial del estado, el Ejército Mexicano, los ayuntamientos y la policía local.

Respuestas a demandas sociales

Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, las autoridades federales y de Guerrero decidieron instalar una zona militar al sur de Tlapa de Comonfort. Tal fue la respuesta oficial a esta región de la Montaña, cuyas características principales son la pobreza extrema, el analfabetismo, falta de escuelas, falta de servicios médicos e infraestructura para su desarrollo.

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, la Montaña de Guerrero ocupa el primer lugar como productor de amapola en el país. Esto ha justificado la construcción de una costosa comandancia de zona en Tlapa, el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por miembros del Ejército y de las policías Federal Preventiva, Judicial Federal, Judicial del estado y motorizada, quienes instalan retenes carreteros para revisar los vehículos y el equipaje de los viajeros, a los que interrogan sobre su procedencia y destino.

Las BOM en algunas ocasiones piden identificación, registran las placas de los vehículos y apuntan los nombres de los conductores. Es común que en los cruceros de Chilapa-Ahuacotzingo, Tlapa-Olinalá, el Ocotal de Chilapa, el crucero de Tixtla-Apango, en la carretera de Igualita a Metlatónoc, de Tlapa-Marquelia y de Tierra Colorada a Ayutla se instalen estos retenes y cotidianamente se afecte el derecho al libre tránsito.

La base militar de Tlapa tiene seis helicópteros que se dedican a fumigar enervantes; van tripulados por miembros de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, que se encargan de ubicar los plantíos y hacer una inspección del lugar para prevenir accidentes o agresiones.

Existen también campamentos móviles que recorren las abruptas zonas de esta región, se asientan en terrenos donde se siembra maíz, en huertas, en los lechos de los ríos o en las entradas a las comunidades para vigilar los movimientos de los pobladores, monitorear sus desplazamientos e interrogar a los que caminan por las veredas.

El informe resalta que los soldados "no combaten el narcotráfico, sino a los pueblos indígenas, por eso cometen tantas vejaciones sin que exista el mínimo interés de las autoridades para proteger sus derechos".

Y refiere los casos de Valentina Rosendo Bernal y de Inés Fernández Ortega, indígenas tlapanecas de los municipios de Ayutla y de Acatepec: "Son claro ejemplo de cómo el Ejército entra en comunidades y casas con la intención de provocar daños, de mancillar la dignidad de las mujeres, abusando sexualmente de ellas, con interrogatorios previos sobre las personas que siembran amapola y los que son encapuchados.

"No hay interés por que se realice una investigación profesional de los hechos denunciados, se asume el rol del juez para defender la inocencia del Ejército y condenar a los indígenas como mentirosos y narcotraficantes. Lo peor es que las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público del fuero común, contra miembros del Ejército acusados de violación sexual, están siendo turnadas al Ministerio Público Militar, alegando falazmente el órgano investigador su incompetencia".

Riesgo de enfrentamientos

De acuerdo con esta ONG, existen viejos conflictos por la tierra, que siguen vigentes y con altas dosis de explosividad en las diferentes regiones del estado. Las autoridades agrarias están rebasadas y están lejos de coadyuvar en la resolución de los conflictos. Los procedimientos agrarios son desgastantes, lentos, engorrosos e ineficientes; no resuelven sino aplazan la disputa, desactivan temporalmente la confrontación y dejan libre la cancha para que las partes en conflicto se enfrenten en las mojoneras.

"Hay enconos históricos que nos hablan de invasiones, heridos y muertos que se conservan en la memoria colectiva y se trasmiten de generación en generación. Nada les garantiza ni les da certeza jurídica contar con la carpeta básica, porque si hay invasión de terrenos, por más que los documentos hablen y los funcionarios intervengan, no queda más recurso que pelear el propio derecho y es cuando centellean los machetes, se desempolvan las retrocargas o se estrenan armas de grueso calibre", precisa.

"Se trata de conflictos intercomunitarios, abanderados por los comisariados ejidales y comunales con apoyo de los principales y la comunidad misma. Los gastos para sus gestiones son cubiertos por los comuneros, los acuerdos y decisiones son tomados en asamblea, la verificación de los límites, la ubicación de las mojoneras y el paso de la raya se hace con la participación de la mayoría de la comunidad que se hace acompañar de sus machetes y rifles."

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, hace una reflexión sobre la violencia generalizada en los municipios de esta zona, "estamos ante bandas de delincuentes fuertemente armadas, "que han sentado sus reales en varios municipios y comunidades, siendo ellos los amos y señores del lugar, son la ley, representada en los cuernos de chivo. Bajo el influjo del alcohol o alguna droga, roban, asaltan, violan, secuestran y matan sin ningún miramiento; son sumamente violentos".

Recuerda emboscadas y ejecuciones, como las de Copanatoyac, donde de diciembre de 2001 a mayo reciente han muerto de manera violenta más de 40 personas.

"Una de las respuestas más alentadoras y creativas ha sido la conformación del sistema de seguridad indígena conocido como la "policía comunitaria". La participación decidida de las comunidades ha sido el factor determinante para extirpar de raíz la delincuencia organizada. Ha sido una gran enseñanza para las autoridades estatales y las corporaciones policiacas, de que el secreto para combatir la seguridad está en la organización comunitaria, en la participación ciudadana, en la transparencia del trabajo y en el servicio gratuito a la sociedad."