viernes 14 de junio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Luis Paredes no puede ofrecerlo a la IP
No a la privatización del SOAPAP, dice el PRI
q Deben participar parcialmente las empresas

Fermín Alejandro García n
El artículo 57 de la Constitución local establece que únicamente el Congreso puede aprobar la privatización de un órgano como el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP); por eso, ante la propuesta del alcalde de la Angelópolis, Luis Paredes Moctezuma, de que el SOAPAP sea controlado por empresas privadas, los diputados del PRI se opondrán y no permitirán que cambie el régimen de la parestatal.
Lo anterior fue dado a conocer por el legislador priista y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, Carlos Meza Viveros, quien además aclaró que Luis Paredes Moctezuma no tiene facultades para ofrecer el SOAPAP a capitales privados.
Explicó que el SOAPAP es un organismo regional que sirve para dotar de agua potable a 14 municipios, en los que habita el 35 por ciento de la población del estado. Por tanto, para privatizar al organismo tendría que haber un consenso entre todos los gobiernos municipales que participan de los beneficios de este sistema operador.
Acerca de la supuesta aceptación del gobernador Melquiades Morales Flores de la propuesta de Luis Paredes, Meza aseveró que se entendió mal la posición del mandatario, quien se pronunció a favor de que participe el capital privado en el SOAPAP, pero no de que todo el organismo se entregue a una o varias empresas para que sea administrado.
En ese sentido, recordó que actualmente ya participa el capital privado en el SOAPAP. Hay tres empresas que se dedican a la cobranza, el manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales y el proceso de potabilización del agua.
El SOAPAP no solamente es prestador de un servicio, es un organismo rector que sirve para aplicar políticas públicas en materia de desarrollo urbano, combate a la pobreza, salud y bienestar social, por lo cual está justificado que siga estando en manos del Estado, concluyó Carlos Meza Viveros.