El fraude ascendería a más de 56 millones de dólares, indica la Secodam

Bajo investigación, cuatro ex funcionarios del IPN por daño patrimonial a ese instituto y a Pemex

Detecta irregularidades en la modernización de una refinería en Cadereyta, Nuevo León

JOSE GALAN

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) investiga a cuatro ex funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por presunto daño patrimonial en contra de esa casa de estudios y de Petróleos Mexicanos (Pemex). El posible fraude ascendería a más de 56 millones de dólares destinados a la modernización, el sexenio pasado, de una de las refinerías más importantes de la paraestatal en Cadereyta, Nuevo León.

Lo anterior fue informado por el representante legal del IPN, Leoncio Lara. Por otra parte, trascendió en la Secodam que los probables imputados son el ex abogado general del Politécnico, Francisco Osornio Corres; el ex director del Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA Legaria) -que tuvo a su cargo la evaluación técnica de los proyectos de constructoras nacionales y coreanas para la reconversión de la refinería-, Juan Manuel Figueroa Estrada; el ex coordinador general de Posgrado e Investigación, Feliciano Sánchez Sinencio, y Heriberto Obeso Montoya, ex director administrativo a cargo de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, todos ellos funcionarios en la administración de Diódoro Guerra.

''La Secodam está desarrollando cuatro procedimientos de imputación de daño patrimonial en contra de cuatro individuos, todos ellos del Politécnico'', reveló el abogado general del IPN. ''Se otorgaron contratos por parte de CICATA sin ser revisados, además de que se presumen adjudicaciones de contratos sin licitación, y subrogación de contratos de auditoría técnica a dos empresas'', que la dependencia a cargo de Francisco Barrio ha identificado como Pleamar SA de CV y Conlac SA de CV.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2000, a cargo de la contraloría interna de la Secodam, que dirige Rosendo Villarreal Dávila, y de ellas se desprende que Pemex acordó, en 1997, reconfigurar y modernizar algunas de sus plantas de refinación. En 1998, el entonces titular del órgano interno de control de la paraestatal, Roberto Aguilar, firmó un contrato con el CICATA Legaria para que ese centro actuara como auditor técnico. En ese contrato, tanto Pemex como Secodam ''dieron su constancia de que el CICATA tenía la capacidad para hacerlo'', afirmó la propia secretaría de Estado en un comunicado oficial, emitido con el número 044 el 29 de marzo de 2001.

Sin embargo, CICATA Legaria subcontrató a las dos empresas mencionadas, pese a que en una de ellas participaba como accionista mayoritario ''un alto funcionario'' de la propia Contraloría, dependencia que hasta el momento mantiene en secreto la identidad de ese accionista mayoritario.

De acuerdo con documentos de la primera sesión ordinaria del órgano interno de control del IPN, realizada en febrero de este año, existen cuatro observaciones relevantes, ''pendientes vencidas''.

En primer lugar, los presupuestos de ingresos y egresos propios de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 del CICATA Legaria ''no fueron elaborados correctamente con base en los contratos elaborados con las filiales Pemex-Refinación y Pemex Petroquímica en 1998, 1999 y 2000''; en segundo, la elaboración irregular de 11 contratos con Pemex Refinación y ocho contratos con Pemex Petroquímica, por un importe total de 245 millones 84 mil pesos. En tercer lugar, la subcontratación o subrogación con terceros de los 19 contratos con las filiales de Pemex por 201 millones 43 mil pesos y, en cuarto, ingresos propios no reportados por la Coordinación General de Posgrado e Investigación a la dirección administrativa, que suman 110 millones, lo que da un total de 566 millones 127 mil pesos.

La Secodam efectúa procedimientos para determinar cuáles obras efectivamente se desarrollaron, reveló el abogado general del IPN, Leoncio Lara, quien agregó que la institución deberá liquidar adeudos mediante finiquito judicial, lo que significará, además, un impacto negativo en su patrimonio. Asimismo, la Contraloría considera que todos esos contratos fueron adjudicados sin efectuar las licitaciones que marca la ley, y sin pasar por el comité de adquisiciones.

De hecho, el funcionario a cargo del OIC de Pemex, Roberto Aguilar, quien aprobó los contratos con el CICATA Legaria, fue suspendido indefinidamente desde marzo de 2001, en tanto concluyen las indagatorias en Pemex Refinación.