Horacio Labastida
México en reversa
El estruendoso aplauso que conmovió al público del queretano Teatro de la República mostró que los diputados habían logrado connotar en el artículo 27 constitucional las esencias de la Revolución Mexicana. El creciente poder de las subsidiarias extranjeras inglesas y estadunidenses alcanzaría el cenit poco después de que Limantour fue nombrado secretario de Hacienda, en 1893, siete años antes de las resplandecientes Fiestas del Centenario. El poder público que la reforma entregó al pueblo habíase transferido de manos nacionales al círculo extranjero de hombres de negocios que modelaba e imponía, apoyado siempre por los representantes de sus respectivos gobiernos, las decisiones fundamentales sobre la vida del país. Lo observó con exactitud Jules Davids al evaluar los efectos de la penetración económica del capital extranjero, a saber: "un escritor ha dicho (y hay una medida de verdad en la aserción) que la real capital de México en 1910 no era la ciudad de México, sino Nueva York. El hecho de que el poder económico americano apareciera capaz de destruir la soberanía mexicana creó sentimientos de profundo antagonismo... Pero no hay duda de que el principal síntoma de la enfermedad de México fue (y es) la dominación de la economía del país por intereses americanos" (American Political and Economic Penetration of Mexico, 1877-1920, Arno Press, New York, 1976. Preface). Esta fue la experiencia innegable que desató la urgencia de recobrar la soberanía ahogada por las crecientes subsidiarias extranjeras. ƑCómo hacerlo? En el artículo 27, tal como fue aprobado en la plenaria queretana del 29 de enero de 1917, está señalado el camino que se corresponde hasta hoy con los sentimientos nacionales. Declarar el dominio eminente de la nación sobre la totalidad de los recursos del territorio tuvo y tiene el propósito de retomar para sí las riquezas explotadas por extraños, cambiando de un solo golpe la estructura de los derechos que fue adquiriendo el capitalismo trasnacional a partir de las leyes porfirianas que adueñaron a los superficiarios del subsuelo y sus vetas minerales. Por otra parte, el reconocimiento del dominio directo de la nación implica dos efectos trascendentales: que por decisión soberana desaparezcan los derechos adquiridos conforme a leyes anteriores, eliminando así el principio civil de no retroactividad en el orden público, según lo demuestra Toribio Esquivel Obregón en su excelente ensayo México y los Estados Unidos ante el derecho internacional (México, 1926, pp. 121-150), y el segundo efecto implica que todo derecho de propiedad tiene el carácter de concesión otorgada por el Estado en su papel de representante y administrador de los bienes nacionales.
El artículo 27 puso de punta los pelos de las subsidiarias y sus gobiernos, sobre todo al leer el decreto carrancista del 19 de febrero de 1918, en cuyo texto se declara que los depósitos petroleros son de la nación, tesis confirmada en la Doctrina Carranza, expuesta por el caudillo coahuilense en su informe del citado año, doctrina que se vería herida cuando Carranza tuvo necesidad de declarar (enero de 1920) que nada se haría en hidrocarburos hasta que el Congreso emitiera los relativos reglamentos, y este fracaso para la nación continuó con Obregón en los Tratados de Bucareli (1923) y con Calles al nulificar la ley petrolera de 1925 en sus acuerdos con el embajador estadunidense Morrow (1927-30), socio del aplastante Banco Morgan.
Armado del sofisma de los derechos adquiridos, el capitalismo metropolitano casi hizo saltar en añicos el 27 constitucional si Lázaro Cárdenas no hubiera puesto fin a las argucias. Consta así en la expropiación de las compañías petroleras que ordenó el 18 de marzo de 1938. En la atmósfera de la inminente Segunda Guerra Mundial (1939-45) y amenazado por la soberbia de la anglo-holandesa El Aguila, Cárdenas cumplió con el mandato constitucional de reintegrar, en la nación, el petróleo que explotaban firmas del exterior.
Una vez que el gobierno fundó Pemex, la política cardenista dio pasos para industrializar los hidrocarburos, satisfacer las necesidades internas, exportar los excedentes y auspiciar una capitalización nacional capaz de modernizar al país en los términos solicitados por la voluntad popular.
Sin embargo, pronto se iniciaría la reversa en la historia. Primero, los ingresos de Pemex, cargados con impuestos atentatorios, cubren enormes deudas del gobierno. En segundo lugar, Washington obtuvo que México le vendiera enorme proporción de petróleo crudo, frenándose en buena parte el desenvolvimiento de la petroquímica propia. Y en tercer lugar, apoyados en reformas contraconstitucionales de la norma constitucional, los propios gobiernos federales, no ya los extranjeros, fomentan la entrega del patrimonio nacional energético a los inversionistas foráneos, tal como hicieron en su tiempo Porfirio Díaz y José Ives Limantour.
México está en marcha, pero en reversa, sin importar las protestas de trabajadores, estudiantes, intelectuales y la mayoría de la población. ƑSerá posible que las cosas se mantengan en dirección contraria? Sólo el pueblo y su conciencia política pueden responder a esta alarmante pregunta.
