Silvia Gómez Tagle

Matanza en tierra de nadie

El pasado 31 de mayo una treintena de campesinos de Santiago Xochiltepec, municipio de Santiago Textitlán, sierra sur de Oaxaca, regresaban a sus hogares después de cumplir su jornal en el aserradero de la Cofradía cuando al pasar por el paraje Agua Fría fueron emboscados por al menos medio centenar de sujetos que vaciaron sus armas de alto poder en ellos; las balas sobrantes sirvieron para dar el tiro de gracia. El saldo fue 27 indígenas muertos.

En la búsqueda de un responsable surgieron diversas hipótesis: el narcotráfico, la venganza, los conflictos agrarios, las peleas por la explotación forestal, los talamontes clandestinos. Inclusive se llegó al enfrentamiento entre el gobierno estatal, el Ejecutivo federal y varias secretarías de Estado.

El suceso se da en el marco de un conflicto ancestral entre los pobladores de Santiago Xochiltepec y de Santo Domingo Teojomulco, quienes desde 1935 pelean terrenos ejidales. De ahí que hoy 17 personas de este último poblado se encuentren en prisión por su presunta participación en la emboscada. Pero las causas profundas de las disputas por tierra entre comunidades deben buscarse en la pobreza y la marginación en que viven los pobladores de la región y, desde luego, en la total ausencia del Estado en el sentido estricto del término: conjunto de instituciones que se da la sociedad para organizar las relaciones de poder y que concentra el uso legítimo de la fuerza. La función primordial del Estado es resguardar la seguridad del territorio nacional y de sus habitantes en lo colectivo y en lo individual.

Los hechos se suman a las masacres de Acteal y Aguas Blancas, que por cierto, con o sin alternancia en el gobierno federal o local, han permanecido impunes. Se dice que los pobladores de Santo Domingo Teojomulco actuaron en defensa de sus tierras, porque fueron amenazados con el desalojo en virtud de una reciente sentencia del Tribunal Agrario que otorga 4 mil hectáreas a los pobladores de Santiago Xochiltepec. Esta explicación no hace sino confirmar que no existe noción alguna de estado de derecho, ya que parece que no hay una autoridad capaz de discernir la solución en un conflicto entre dos grupos, en este caso las comunidades de Teojomulco y de Xochiltepec. Las autoridades locales o federales actúan a distancia, sin conocimiento de la vida cotidiana de estas comunidades, por lo que, en vez de resolver los problemas, sus decisiones suelen ahondar la discordia entre los habitantes.

En este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) liberó permisos para la explotación forestal en esta zona de alto conflicto, provocando que los pobladores lo consideraran "un robo de sus recursos". Desde el punto de vista del gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, tales permisos fueron una de las causas del hecho sangriento. En su afán de deslindarse, la dependencia federal cayó en contradicciones al negar haber autorizado la tala de árboles en la región del conflicto. Sin embargo, el congreso estatal daría a conocer 15 permisos para explotación forestal en diferentes zonas con conflictos agrarios.

Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, se defendió con el argumento de que los permisos no eran para el lugar donde ocurrió la masacre, lo cual resultó falso. La Semarnat pretendió responsabilizar a la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual de inmediato se deslindó subrayando que las disputas por tierras se están litigando en el Tribunal Agrario y que correspondía a la Semarnat la autorización de explotación forestal. Finalmente, Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, llamó a José Murat a unir esfuerzos para evitar hechos como los de Agua Fría, y a no alimentarlos más con un enfrentamiento entre los gobiernos federal y estatal. En el mismo tenor Murat hizo un llamado a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para dar mayor atención a los problemas de los pueblos indígenas. Si no fuera por el trágico saldo de personas asesinadas, esta historia podría dar pie a un sainete cómico.

Parece que donde la pobreza extrema es el sustrato que enmarca las relaciones sociales y no existe el Estado, la violencia puede adquirir dimensiones insospechadas que ponen en riesgo la transición a la democracia, que en México apenas empieza a vislumbrarse. Asimismo ha quedado demostrado que la impunidad sigue siendo uno de los lastres más pesados que nos heredaron más de 70 años de gobiernos priístas.

En situaciones de marginación como las que se viven en las comunidades oaxaqueñas de Santo Domingo y de Santiago, el avance del narco, que gradualmente ocupa los espacios vacíos que el Estado nacional ha dejado, representa el peligro más grave, no solamente para los indígenas y campesinos que viven en este tipo de regiones y que se encuentran inermes frente al poder del dinero y de las armas que proveen los narcotraficantes, sino para todos los mexicanos, sin distingo de niveles sociales o de ideologías.

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