Son de habitantes de diversas comunidades que se oponen a la reforma indígena

Entrega Tlayacapan 109 mil firmas a la Corte

Se busca darle formalidad a las expresiones de rechazo: representante del ayuntamiento

JESUS ARANDA Y ALMA E. MUÑOZ

El municipio Tlayacapan entregó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 109 mil firmas de habitantes que repudian las reformas constitucionales en materia indígena; de éstas, 60 mil 525 proceden de diversas comunidades y están foliadas y legalizadas ante notario público.

Damián Camacho Guzmán, representante legal del ayuntamiento que presentó una controversia constitucional contra las reformas, señaló que con esta medida se busca "darle formalidad" a las expresiones de rechazo a esa controvertida legislación.

En entrevista, el abogado reveló que ayer se reunió con el ministro ponente Juan Silva Meza, quien habría reconocido que entre los miembros de la SCJN existen puntos de vista diferentes acerca de si la Corte tiene facultades para dictaminar la legalidad de un proceso de reforma constitucional.

Comentó que las palabras del ministro Silva Meza son positivas, ya que hablar de que en el pleno de la Corte existen posiciones encontradas significa que cuando menos hay quienes apoyan la idea de que ese órgano sí puede revisar el proceso, lo que sería el primer paso para la eventual anulación de la reforma, como lo piden los municipios demandantes.

Ayer, una vez más, la banda de Tlayacapan y los chinelos de Tepoztlán animaron el encuentro en el que representantes de la sociedad civil se solidarizaron con los municipios morelenses que tenían audiencias constitucionales miércoles y jueves en la Suprema Corte.

El propio presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, felicitó a los miembros de la banda de Tlayacapan por sus interpretaciones. Casualmente se encontró con los representantes legales y las autoridades del municipio Tlayacapan, a quienes dijo que había tenido oportunidad de ver a los chinelos de Tepoztlán y que le parecía muy buena idea que los ayuntamientos que participan en las audiencias se expresen de forma tan diversa.

Una de las personas que presenciaron el diálogo con Góngora Pimentel dijo que la intención de que vinieran danzantes y músicos morelenses fue para que los ministros vayan más allá del "frío estudio" de los expedientes de las controversias y conozcan más de los pueblos indígenas.

En la jornada de ayer participaron activistas y representantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, quienes apoyaron a los indígenas que se oponen a las reformas.

También se leyó un texto enviado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y ex miembro de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), Samuel Ruiz García, quien reiteró su demanda de que los pueblos indios sean escuchados y se les haga justicia.

El INI sí realizó consultas en las comunidades, asegura Marcos Matías

El Instituto Nacional Indigenista (INI) sí consultó a las etnias del país sobre los aspectos que debería incluir la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, afirmó ayer Marcos Matías, ex director del organismo, quien ante los señalamientos de que la institución no realizó actividad alguna al respecto, dijo que se entregó la información correspondiente al Poder Legislativo, pero el Senado "no la tomó en cuenta".

Insistió en que desde el principio de las discusiones él externó su desacuerdo por las reformas aprobadas, porque no responden al espíritu de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación y excluyen el reconocimiento a la autonomía y la libre determinación de las comunidades indias, además de que estos mexicanos no son considerados sujetos de derecho y se les niega la garantía jurídica sobre sus tierras y territorios.

Sin embargo, durante las audiencias constitucionales que se desarrollan en la SCJN, los ayuntamientos de Tlayacapan, Yecapixtla, Tepoztlán y Tepalcingo entregaron un documento firmado por Elia Avendaño Villafuerte, directora de Procuración de Justicia del INI, fechado el 4 de junio pasado, en el que admite que dicho instituto no participó en consulta alguna.

En respuesta a una solicitud del abogado de los municipios morelenses que presentaron controversias constitucionales contra el Congreso por la aprobación de la reforma indígena, la funcionaria señala: "respecto a la realización de consultas en torno a la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas... hago de su conocimiento que no se realizó actividad alguna de este tipo, debido a que a partir del mes de diciembre de 2000, cuando fue presentada la iniciativa en la materia por parte del Ejecutivo federal, no se giraron instrucciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Social o alguna otra instancia superior en ese sentido".