Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 11 de junio de 2002
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El gobierno da marcha atrás a la instauración de una reforma al derecho de huelga

Aznar actúa desde "el reino de la arbitrariedad", denuncian sindicatos mayoritarios de España

El paro, defensa de la calidad de vida frente a la mano de obra barata, señalan trabajadores

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 10 de junio. La huelga general convocada para el próximo 20 de junio en España fue motivo este lunes de señalamientos de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), contra el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, a quien acusaron de estar "cegado por el rencor y la prepotencia" y actuar desde "el reino de la arbitrariedad".

El gobierno, que el domingo anunció una nueva reforma a la ley del derecho a la huelga para garantizar "los servicios mínimos", se desdijo hoy de esta iniciativa, si bien el anuncio provocó el rechazo de sindicatos y partidos políticos de la oposición.

Un día después de que el movimiento sindical anunció la primera huelga general en los seis años de gobierno del Partido Popular (PP, derecha), Aznar aprobó vía decreto la reforma de la ley de protección al desempleo, precisamente lo contrario de lo que pedían CCOO y UGT, que era el retiro inmediato del texto y la apertura de una nueva mesa de diálogo para llegar a un consenso en una ley que afecta a alrededor de 2 millones de desempleados.

Sin embargo, y tras el ya conocido como decretazo, la ruptura del diálogo social se consolidó, al tiempo que la maquinaria para que la huelga general sea un éxito se activó en todas las delegaciones sindicales que, con el apoyo del movimiento sindical europeo, exigen la continuidad de un modelo social que "está en las antípodas de Aznar".

La huelga general, que se llevará a cabo la víspera del inicio de la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), la última que encabezará Aznar como presidente en turno de la unión, tendrá dos fases: la primera el 19 de junio, fecha elegida por los sindicatos vascos para paralizar la región, y la del 20, en la que se espera una jornada histórica con la que se responda a los embates liberalizadores de la economía española y europea y que tendrá particular importancia en el sureste agrícola español, uno de los sectores más afectados por la reforma de Aznar.

De hecho los sindicatos vascos encabezaron el domingo una multitudinaria manifestación en Sevilla contra la reforma, que superó las 150 mil personas.

Reunión con delegados

Cándido Méndez y José María Fidalgo, líderes de UGT y CCOO, respectivamente, encabezan desde hace un par de semana reuniones de comités en todo el país con la intención de explicar las razones de la convocatoria. Hoy en Zaragoza se reunieron con cerca de 2 mil delegados y participaron en una manifestación en la que advirtieron que con el gobierno de Aznar se ha llegado al "reino de la arbitrariedad", en el que la reforma a ley del desempleo significa "un lúgubre renacer con agravantes del modelo Romanones, que decía aquello de que hagan otros las leyes y yo haré los reglamentos".

Los sindicatos, que apelan al derecho de huelga, contemplado en la Constitución, acusaron a Aznar de ser un "ladrón que ha entrado por la chimenea a robarnos derechos conquistados durante largos años", al tiempo que consideran que "se atribuye absolutamente todas las competencias respecto del derecho de protección al desempleo que tienen todos los trabajadores", dijo Méndez.

Mientras, Fidalgo advirtió que Aznar actúa desde la "obcecación", por lo que se mostró "absolutamente pesimista sobre la capacidad intelectual de Aznar para rectificar, ya que está cegado por el rencor y la prepotencia, que es como llevar lentes de madera".

El líder de CCOO advirtió a Aznar que el movimiento sindical rechazará su "prepotencia" en el paro nacional del 20 de junio, ya que esta "nueva furia española recuerda a unas épocas que no son precisamente las de esta sociedad que Aznar quiere preservar con buena imagen en la Cumbre de Sevilla", en alusión a la reciente dictadura de Francisco Franco.

Por eso las fuerzas sindicales advirtieron que la huelga significa una lucha vital para defender el modelo de integración de España en la UE, pero defendiendo la "seguridad y la calidad de vida frente a la mano de obra barata, la precariedad laboral y los accidentes laborales ante los que Aznar permanece impasible".

Las fuerzas sindicales también invitaron a Aznar a "retomar cierto tino democrático y político y que si es posible rectifique y proceda el 13 de junio -cuando se convalida el decretazo en el Parlamento- a la derogación efectiva de esta agresión sin precedente contra los trabajadores españoles".

Sin embargo, se mostraron escépticos, ya que el gobierno de Aznar está haciendo, a su juicio, "un discurso descalificatorio, agresivo hacia los huelguistas o los desempleados, a los que acusa de encasillarse en el cobro del subsidio y no buscar empleo, pero el gobierno está errando el tiro, es el propio gobierno el que está caldeando demasiado el ambiente en perjuicio suyo, porque la huelga responde a un paquete de gravísimos recortes".

Nueva amenaza

A pesar de que el enfrentamiento entre sindicatos y gobierno está en su momento más crítico, ayer el ministro del Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, anunció que reformaría vía decreto otra ley de carácter laboral, precisamente la del derecho a la huelga, con la intención de garantizar los llamados "servicios mínimos garantizados".

El propio Aparicio, horas después, fue el responsable de anunciar que esta nueva modificación "ahora no toca", pero en todo caso generó todavía más preocupación entre los sindicatos y partidos de la oposición, que consideraron el anuncio como "una nueva amenaza de otro decretazo, pero ahora sobre un derecho de carácter constitucional."

El líder del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que su formación apoyará la huelga, ya que "el gobierno está solo porque nadie está de acuerdo con sus métodos autoritarios, está solo porque nadie quiere en este país que se recorte la protección por desempleo y está solo porque nadie quiere que se abarate el despido".

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