Luis Hernández Navarro

Desobedientes

No fue un berrinche personal. Cuando Luis Enrique Flores Fuentes rompió el diploma que le entregó Marta Sahagún el pasado miércoles 29 de mayo estaba expresando la irritación de muchos jóvenes ante la imagen de México como un país de novela rosa transmitida desde el poder. Un país en el que el influyentismo se ha vestido de filantropía.

El caso del estudiante Flores Fuentes no es un hecho aislado. El malestar social, la indignación contra el nuevo gobierno y la desobediencia civil crecen en la misma proporción en que se frustran las esperanzas del cambio.

En Atenco no pasa un día sin que se produzcan choques entre ejidatarios y una autoridad que parece tener como política ante el conflicto esperar al desgaste del movimiento. Apenas el pasado 3 de junio los campesinos que rechazan la expropiación de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto entregaron a la Suprema Corte de Justicia al búlgaro Krassimir Kiriloviankov y a cinco empleados retenidos que ilegalmente realizaban trabajos de exploración en su territorio.

En un episodio lleno de simbolismo (la imagen del poder es el poder de la imagen), maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancaron barrotes de la Secretaría de Gobernación, rompieron las puertas del Senado, tomaron las instalaciones de la SEP e irrumpieron en las oficinas del ISSSTE. Tan sorprendente como estas acciones es que durante días las autoridades competentes se hayan negado a abrir canales de negociación con una fuerza que se moviliza a la ciudad de México durante estas fechas desde 1979.

En las normales rurales de Amilcingo y Atequiza los estudiantes secuestraron y quemaron vehículos como medida de presión para que sus demandas fueran atendidas. Las normales rurales son en un medio sin futuro, como es el campo mexicano, la última oportunidad de ascenso social para los hijos de labriegos. Su radicalidad ha sido una constante durante décadas, pero se ha incrementado en los últimos años.

En Aguascalientes y otros estados, donde existe riego agrícola por bombeo, se han producido fuertes movilizaciones de productores rurales en contra del incremento a las tarifas eléctricas, acompañadas de amenazas de toma de edificios públicos. En Chihuahua el contrabando de diesel desde Estados Unidos se ha hecho práctica común de los agricultores, como las protestas en contra del Tratado de Libre Comercio. En toda la frontera es patente la inconformidad de los hombres del campo por la oferta presidencial de entregar agua a Estados Unidos.

Jacobo Silva, dirigente del ERPI detenido en Almoloya, cumple este martes 53 días en huelga de hambre. Lo acompañan en la protesta su esposa Gloria Arenas y una veintena de campesinos presos en el penal de Acapulco. Hasta su liberación, Ericka Zamora mantuvo también un largo ayuno.

Todas estas expresiones de malestar no son simples protestas sino acciones de desobediencia civil. Son acciones voluntarias y públicas que violan leyes, normas y decretos porque son considerados inmorales, ilegítimos o injustos. Son una transgresión que persigue un bien para la colectividad, un acto ejemplar de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia. Se dirigen a la ciudadanía y buscan orientar a la opinión pública. Han sido incubadas tanto por un enorme rezago en la atención a las demandas sociales (que proviene de tiempos del PRI) como por la incapacidad del nuevo gobierno para generar canales de solución a los problemas que enarbolan. La administración Fox y muchos de los gobernadores panistas carecen de una visión adecuada de la problemática social, no cuentan con operadores políticos capaces ni con mecanismos institucionales para resolver los reclamos populares. Cuando las organizaciones populares protestan se deja pasar un tiempo precioso antes de negociar con ellos.

Usualmente se piensa que el malestar responde a la manipulación de grupos de poder desplazados. En esas circunstancias la radicalización es inevitable.

Las acciones de desobediencia civil han crispado la vida política nacional. Voces influyentes han comenzado a exigir una política de mano dura bajo el argumento de que la ley debe cumplirse. El clima se ha enrarecido porque la liberación de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, del general Gallardo y de Ericka Zamora, propiciada en mucho por la presión nacional e internacional luego del asesinato de Digna Ochoa, molestó a sectores del Ejército y de los aparatos de Seguridad Nacional.

El avance de la ultraderecha y su intolerancia hacia las demandas populares han amplificado aún más el sonido de los manotazos en la mesa con los que se exige orden. Sin embargo, ni el endurecimiento ni la parálisis gubernamental resolverán nada. La política de mano dura y "dejar hacer, dejar pasar" son el mejor camino para engendrar desorden. Sólo la construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad podrá resolver el desbordamiento social en curso. El tiempo apremia.