Censura el consejero jurídico "excesos" del TEPJF

Indagatorias a Amigos de Fox no dañan la imagen del Presidente: Castro Lozano

KARINA AVILES

El consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro Lozano, afirmó que la investigación que realiza el Instituto Federal Electoral (IFE) a los Amigos de Fox, sobre el origen de los recursos de la campaña proselitista del mandatario, no dañan la imagen del presidente Vicente Fox, y manifestó que el IFE tiene "todas" las facultades constitucionales y legales para hacer dicha indagatoria.

Por otro lado, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "se excedió" en la sentencia que estableció como violatorio del artículo 17 constitucional el ordenamiento legal que obliga a los partidos políticos -que impugnen resultados electorales- a presentar previamente el escrito de protesta.

Manifestó que en dicha sentencia el TEPJF actuó con facultades que sólo corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La SCJN, enfatizó, es la única entidad facultada para interpretar la Constitución.

Durante la inauguración del seminario Justicia constitucional y nueva relación entre poderes, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Juan de Dios Castro consideró que apenas hasta ahora los mexicanos "empiezan a saborear" muchas de las instituciones que el Constituyente de 1917 planteó en la Constitución. Por ejemplo, dijo, la división "real" de poderes, un Poder Judicial independiente y el sometimiento de todos al imperio del derecho.

Cuestionado sobre la investigación que realiza el IFE sobre el origen de los recursos de la campaña de Fox, consideró que dicha situación no daña la imagen del Ejecutivo. Lo que ocurre - opinó- "es que no vivíamos una democracia y a todos nos llama la atención".

Enfatizó que cuando se hace una investigación no hay culpables ni inocentes declarados. "La investigación es allegarse información y el IFE tiene todas las facultades, por disposiciones constitucionales y legales, para hacerlo."

Juan de Dios Castro dedicó buena parte de su exposición a abordar la sentencia del TEPJF, el cual resolvió que la disposición legal que obliga a los partidos políticos que impugnen resultados electorales a presentar previamente el escrito de protesta es violatoria del 17 constitucional.

En dicha sentencia el TEPJF interpretó la Constitución, a pesar de que la única entidad facultada para hacerlo es la SCJN. Sin embargo, recordó, la SCJN determinó hace unos días que el TEPJF no está facultado para interpretar directamente preceptos constitucionales.

"Ante este hecho, y tomando en cuenta que el TEPJF es la máxima autoridad en esta materia, Ƒqué acontecerá en el futuro? ƑRecobrarán las leyes electorales plena vigencia y obligatoriedad del escrito de protesta como requisito de procedibilidad de inconformidades? ƑCómo se asumirá el costo de irreparabilidad de los derechos vulnerados a los partidos políticos que actuaron como terceros interesados en los juicios de inconformidad resueltos con el criterio mencionado?

"ƑEl TEPJF volverá a exigir el cumplimiento del escrito de protesta como requisito de procedibilidad? Y si no lo hace así, y en su carácter de tribunal de última instancia continúa desestimándolo, Ƒante quién?", cuestionó.

Por otra parte, se refirió a la Ley de Acceso a la Información. Dijo que es el primer paso de los muchos que se pueden dar adelante. No hay ley que sea perfecta, pero es la que hizo el Congreso y el Ejecutivo participó "congratulándose de ello".

Por su parte, el secretario general de la UNAM, Enrique del Val, destacó que la Constitución no puede ni debe estar sometida a la voluntad de grupos y personas. Por otro lado, subrayó que antes de "afanarse en el cambio, una sociedad debe descubrir su rumbo".

El director de la Facultad de Derecho, Fernando Serrano Migallón, señaló que la Constitución está vigente en sus valores absolutos; sin embargo, dijo, es conveniente revisar el funcionamiento de la norma suprema. Manifestó que, junto con la estructura jurídica, es indispensable lograr acuerdos sobre las políticas esenciales del Estado, particularmente en materia social. En ese sentido, habló de la necesidad de una política de Estado en materia de educación superior, que incluya los recursos que hagan posibles sus logros en planes de largo alcance.