Lo señalan como responsable de la matanza ocurrida el Jueves de Corpus

Denuncian Raúl Alvarez Garín, Pablo Gómez y Jesús Martín del Campo a Luis Echeverría

El exterminio constituyó una secuela de los hechos ocurridos el 2 de octubre, dicen

JESUS ARANDA, VICTOR BALLINAS Y SUSANA GONZALEZ G.

La represión del 10 de junio de 1971 -en la que se ha documentado la muerte de al menos 35 personas- constituye una "parte indisoluble del genocidio que inició el 2 de octubre de 1968, y que significó la guerra sucia emprendida en contra de un sector de la población, el cual fue aplastado con la fuerza y recursos del Estado", afirmó Raúl Alvarez Garín.

Ayer, este último y los perredistas Jesús Martín del Campo y Pablo Gómez presentaron sendas demandas ante la Fiscalía Especial para Desaparecidos y Movimientos Sociales del Pasado, de la PGR, y en ellas se identifica al ex presidente Luis Echeverría -secretario de Gobernación en 1968- como el principal responsable de esa masacre.

"Fue él quien planeó la existencia y organización del grupo de Halcones, el cual actuó a mansalva aquel Jueves de Corpus."

Alvarez Garín sostuvo en su denuncia que los actos represivos posteriores al 2 de octubre de 1968 "no son otra cosa que una secuela de los hechos de Tlatelolco; una cadena de crímenes de Estado dotados de una misma característica e identidad ideológica", que derivaron en hechos de exterminio como los del 10 de junio y que están tipificadas como un "delito de genocidio de naturaleza continuada" en el Código Penal Federal, lo que impide la prescripción del delito.

Añadió que, precisamente, la existencia del grupo de Halcones no podía ser desconocida por las más altas autoridades políticas del país, puesto que ya había actuado en otras acciones represivas en contra de contingentes estudiantiles, como el ocurrido el 4 de noviembre de 1970 en las cercanías del Casco de Santo Tomás del IPN.

Como también hay evidencias de la participación del Ejército el Jueves de Corpus en puntos como Ciudad Universitaria, el Zócalo capitalino y la estación Buenavista.

Es decir, existen numerosos elementos que confirman que funcionarios del más alto nivel planearon y ejecutaron acciones represivas ilegales y, posteriormente, para evadir la acción de la justicia, realizaron una "mascarada grotesca de falsa investigación por parte de la Procuraduría General de la República y, posteriormente, "cerraron el caso sin ofrecer ninguna explicación pública de lo sucedido".

En razón de lo anterior, además de solicitar se ejerza acción penal en contra de Echeverría Alvarez, la denuncia enumera a otros 24 ex funcionarios públicos para que también sean investigados y en su caso, procesados. Entre éstos figuran Alfonso Martínez Domínguez, ex jefe del Departamento del Distrito Federal; Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación; capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la Dirección Federal de Seguridad; Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la Defensa Nacional.

Por otra parte, en conferencia de prensa, Alvarez Garín presentó un organigrama de los funcionarios que tenían responsabilidades en octubre de 1968 y en 1971, como es el caso de Luis Echeverría, quien de Gobernación pasó a la Presidencia de la República; Alfonso Martínez Domínguez, quien de dirigente nacional del PRI se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal, y el extinto Fernando Gutiérrez Barrios pasó de la Dirección Federal de Seguridad a la subsecretaría de Gobernación, entre otros.

En la misma conferencia de prensa, Jesús Martín del Campo, ex diputado federal perredista, dio a conocer que interpondría una denuncia por los mismos hechos, y demostró que tiene interés jurídico para hacerlo en razón de que ese día, uno de los jóvenes asesinados fue precisamente su hermano Edmundo.

"Lo hago también para evitar que los responsables de la masacre secuestren la memoria, ocultando o distorsionando los hechos y condenando el asunto al olvido..."

Por su parte Pablo Gómez Alvarez presentó ayer una denuncia por los delitos de homicidio y genocido contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y Alfonso Martínez Domínguez, quien fue jefe del Departamento del Distrito Federal hace tres décadas, por la represión contra estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971.

El actual representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó la denuncia ante Gladys Marbella Pérez Nah, titular de la fiscalía desconcentrada que la Procuraduría capitalina (PGJDF) tiene en la delegación Cuauhtémoc.

A 31 años de que estudiantes fueran agredidos con garrotes, macanas y chacos pero también con rifles, pistolas automáticas y revólveres de distinto calibres, cuando iniciaban una manifestación sobre avenida del Maestro y calzada México Tacuba, Pablo Gómez dijo que es la primera vez que se presenta una demanda al respecto.

"No es una denuncia más. Es la única que va a ver, porque estos hechos nunca fueron denunciados; el Ministerio Público tomó conocimiento de ellos porque el homicidio se persigue de oficio pero nadie presentó denuncia ante ninguna agencia."