Además de los 17 detenidos participaron otras personas, sostiene el procurador

Investiga la PGJE si la emboscada de Agua Fría se gestó en una cueva

Participan en el caso 8 agentes del MP y más de 80 policías ministeriales de Oaxaca

ALONSO URRUTIA Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 6 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por conducto de ocho agentes del Ministerio Público (MP) y más de 80 policías ministeriales, investiga las versiones de que los autores del homicidio de los 27 indígenas zapotecos de la comunidad de Santiago Xochiltepec, en la sierra sur de Oaxaca, habrían "sostenido reuniones clandestinas en una cueva ubicada en las montañas de esa zona para planear la emboscada", informó el titular de la dependencia, Sergio Santibáñez Franco.

Reiteró que las indagaciones acerca del trágico acontecimiento ocurrido el pasado 31 de mayo continúan, y que "la PGJE podría citar a todo aquel que tenga relación con las líneas de investigación, incluso a funcionarios públicos federales, estatales o municipales".

Santibáñez Franco dijo que "se está trabajando en este sentido, pues la PGJE está convencida de que además de los detenidos hubo participación de otras personas".

Afirmó que el atentado "no quedará impune y se aplicará la ley sin distingos de credo religioso ni ideologías". El funcionario informó que las líneas de investigación se siguen depurando, y para ello ocho agentes del Ministerio Público estatal permanecen en la región recabando más datos y citando a los posibles involucrados para complementar la averiguación.

Agregó que por instrucciones del gobernador del estado, José Murat Casab, continuará viajando a Xochiltepec para supervisar personalmente la búsqueda de otros autores materiales o intelectuales. Subrayó que hasta el momento las detenciones que se han realizado, así como las que se pudieran hacer en el futuro, se han hecho y se harán con estricto respeto a las garantías individuales y a su integridad física.

"No hay ni habrá chivos expiatorios", aseguró Santibáñez Franco, tras señalar que ninguno de los 17 detenidos presenta huellas de violencia física. Afirmó que el estado de salud de estas personas fue certificado por los médicos "y constatado por los representantes de los medios de comunicación durante la presentación de los presuntos autores del crimen".

Asimismo, precisó que la señora Inés García Luis no está acusada de homicidio, sino que fue detenida porque en su domicilio se encontraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. "Todos los casos presentados por la procuraduría están debidamente sustentados con pruebas fehacientes y testimonios de seis sobrevivientes", agregó.

Autoridades agrarias y forestales niegan que exista narcotráfico o tala clandestina

Por su parte, autoridades agrarias y forestales de diversas comunidades de los distritos de Sola de Vega y Zimatlán de Alvarez, durante la reunión mensual que realizan en el Foro Forestal de la Sierra Sur, en voz de su representante, Nicolás Sánchez Sánchez -quien también se desempeña como presidente del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán-, rechazaron los señalamientos que ha realizado el gobernador José Murat en el sentido de que la masacre de los 27 pobladores de Santiago Xochiltepec tiene que ver con narcotráfico o tráfico de madera, por lo que pidieron que se investigue a los verdaderos responsables.

A la reunión que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca asistieron representantes de Santiago Textitlán, San Pedro El Alto, San Andrés El Alto, San Antonio El Alto, San Juan Elotepec, Santa María Lachixio, San Francisco Cahuacua, San Sebastián Río Dulce y San Miguel Mixtepec, pertenecientes a los distritos de Sola de Vega y Zimatlán de Alvarez, algunas colindantes y vecinas de Santiago Xochiltepec.

En una carta que enviarán al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, al gobernador José Murat y a la opinión pública nacional, los firmantes sostienen que quieren dejar claro "que ni en nuestras comunidades ni en la región somos narcotraficantes". También le aclaran a Murat: "no somos talamontes, ni existe el tráfico ilegal de productos forestales".

Los representantes de estos poblados explicaron que "los aprovechamientos forestales que se realizan en nuestras comunidades, así como en las de Santiago Xochiltepec y Santa María Zaniza, vecinas nuestras, son autorizadas por la Semarnat, en corresponsabilidad con las autoridades de bienes comunales, y se llevan a cabo en terrenos fuera de conflictos agrarios y no generan enfrentamientos armados, sino progreso a nuestros pueblos".

Las viudas exigen justicia

Este jueves una comisión de diputados federales oaxaqueños visitó Santiago Xochiltepec y se entrevistó con un grupo de viudas y familiares de las 27 víctimas de la matanza del 31 de mayo en el paraje Agua Fría, con el propósito de conocer el clima de zozobra que se vive en esa comunidad del municipio de Santiago Textitlán por los conflictos que sostienen con sus vecinos de Santo Domingo Teojomulco.

Pablo Arnaud Carreño (PAN), Héctor Sánchez López (PRD), Cándido Coheto Martínez y Abel Trejo Alvarado (PRI) escucharon las peticiones de mujeres y hombres que sólo piden justicia y se castigue a los responsables de que más de 80 niños hayan quedado en la orfandad.

Los reclamos y las preguntas hacia los gobiernos estatal y federal siguen siendo los mismos: "ƑPor qué no enviaron policía cuando se lo pedimos?" Las mujeres de Xochiltepec, poco acostumbradas a hablar con gente de fuera, no se cansan de repetir, ahora ante los legisladores federales que "la autoridad le avisó al gobierno que los de Teojomulco vinieron a balear la escuela en marzo, se hicieron los escritos y el gobierno no mandó a la policía".

Los legisladores explicaron a mujeres y hombres que pedían justicia que no está en sus manos resolver este problema, pero que intervendrán ante las autoridades competentes para que se agilicen las investigaciones.

Valeria Gutiérrez, de 23 años y con cuatro hijos, solicitó a los diputados que intervengan ante la Secretaría de Salud para que no se vayan a llevar al médico que llegó el martes pasado, ya que en Xochiltepec los niños se mueren de diarrea, calenturas e hinchazón, "y cuando vamos a la clínica de Textitlán nos dicen que no tienen medicinas o que nuestros hijos están sanos, aunque tengan calenturas".

Apoyo de San Lorenzo Texmelucan

A seis días de la masacre que enlutó a los pueblos del distrito de Sola de Vega, en cuya jurisdicción se ubica Santiago Xochiltepec, también arribó a esta comunidad el cabildo en pleno de San Lorenzo Texmelucan, encabezado por el alcalde Jaime Marcial Jiménez, con un camión con más de seis toneladas de víveres, como una muestra de solidaridad "de un pueblo zapoteca a otro zapoteca", dijo el secretario municipal, Casiano Pérez Francisco, quien fungió como intérprete del presidente.

Explicó que la visita del ayuntamiento indígena de San Lorenzo Texmelucan fue un acuerdo de la asamblea del pueblo, como una muestra de solidaridad hacia los familiares de las víctimas, "pues nosotros también somos víctimas de Teojomulco", con quien sostienen un conflicto agrario que ha dejado más de 400 muertos durante los últimos 60 años.

Pérez Francisco informó que en lo que va del año se han presentado ante el agente del Ministerio Público de Sola de Vega cuatro denuncias penales contra pobladores de Teojomulco por daños en propiedad ajena, "ya que entran a nuestros terrenos y destruyen los cultivos o se roban animales, pero hasta el momento ninguna denuncia ha prosperado".

Por su parte, Domingo Hernández Sánchez, presidente de la organización Pueblos Unidos de la Sierra Sur, recordó que el pasado 17 de marzo autoridades municipales de San Lorenzo Texmelucan, Santiago Xochiltepec y Santiago Amoltepec enviaron un oficio al gobernador José Murat, en el que advertían del riesgo de una incursión armada de parte de Teojomulco, sin que ese llamado haya sido escuchado.

La Jornada tiene en su poder una copia de ese escrito, fechado en San Lorenzo Texmelucan, en el cual se dice: "En atención a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra región, que comprende la Sierra Sur, específicamente entre las poblaciones de Santiago Xochiltepec y Santo Domingo Teojomulco, respectivamente, ambos pertenecientes al distrito de Sola de Vega, y toda vez que en la zona existe el grave temor de una invasión armada de los vecinos de Santo Domingo Teojomulco hacia la comunidad de Santiago Xochiltepec, en este sentido solicitamos su valiosa cooperación e intervención".

En ese entonces se pidió el apoyo del gobernador oaxaqueño "para que se intensifique la vigilancia en la zona y no tengamos que lamentar en lo subsecuente hechos de mayores dimensiones, puesto que el objetivo fundamental de nuestra organización es velar y luchar por los intereses de todos y cada uno de los miembros que conformamos la agrupación, y por esa circunstancia nos preocupa seriamente que la violencia sea utilizada como medio para dirimir las diferencias que padecemos".

Además, el escrito señala que los firmantes "estamos concientes de que debemos vivir en armonía entre los pueblos de nuestra región y no es aceptable el hecho de que valiéndose de su extensión territorial, poder económico y armamentístico traten de intimidar a las comunidades más pequeñas, como es el caso de Santiago Xochiltepec; reprobamos enérgicamente las agresiones que han sufrido nuestras comunidades y exigimos la intervención de las autoridades competentes para que se les dé solución inmediata a los problemas agrarios que nos aquejan".

Suspenden reunión de diputados locales con Santibáñez

Este jueves el procurador general de Justicia de Oaxaca, Sergio Santibáñez Franco, y el secretario de Protección Ciudadana, Heliodoro Díaz Escárraga, fueron citados a una reunión por el presidente del Congreso local, Juan Díaz Pimentel, para que informaran a un grupo de diputados de diferentes partidos sobre los acontecimientos de Xochiltepec, pero el encuentro tuvo que suspenderse una hora después de haber iniciado, pues no fueron convocados los diputados José de Guadalupe Martínez y Juanita Cruz Cruz, presidente y secretaria de la Comisión de Administración de Justicia, instancia ante la cual tenían que comparecer, en sesión secreta, ambos funcionarios del gobierno estatal, según el acuerdo parlamentario tomado el día 3 de junio pasado.