Ello daría una nueva alternativa al diálogo: Zebadúa

Confía el gobierno de Chiapas en que la SCJN desapruebe la ley indígena

JUAN BALBOA, GUADALUPE LOPEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Chiapas espera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un resolutivo a favor de la anticonstitucionalidad de la ley sobre derechos y cultura indígenas, pues la comunidad étnica votó contra esa disposición aprobada por el Congreso de la Unión, sostuvo en Tuxtla Gutiérrez el secretario general de Gobierno, Emilio Zebadúa González.

Un resolutivo así abriría un espacio para romper con el impasse y una nueva alternativa para retomar el camino del diálogo hacia la paz en Chiapas, dijo al referirse a las rondas de audiencias relativas a las controversias constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.

El encargado de la política interna del estado señaló que del fallo de la SCJN depende la reanudación del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades alzadas en armas en la región desde enero de 1994.

Recordó que las comunidades indígenas de Chiapas y los legisladores locales votaron contra la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión, porque consideran que el documento ignora las demandas y la lucha del EZLN, que inicialmente fueron consignadas en los acuerdos de San Andrés Larráinzar y planteadas en la primera iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Al realizarse la tercera ronda de audiencias relativas a las controversias constitucionales en materia indígena, Zebadúa confirmó que el gobierno estatal mantiene firme la decisión de que un fallo favorable dará una nueva oportunidad de replantear el tema de los derechos y cultura de las etnias.

Precisó que es fundamental que en una nueva discusión se establezca la congruencia social y cultural de las demandas de los pueblos indígenas de Chiapas y el resto del país en el contexto del marco jurídico, para iniciar el análisis de una nueva ley que deberá sujetarse a la propuestas emanadas de los diálogos de San Andrés y que fuera redactado posteriormente por los legisladores de la Cocopa.

El lunes pasado se inició la tercera ronda de audiencias relativas a las controversias constitucionales. Hasta el momento suman 200 las sesiones que se han efectuado en la SCJN. Los estados con el mayor número de controversias presentadas son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

En tanto, el presidente municipal de Tatahuicapan de Juárez, Celerino Bautista Luis, informó ayer que la Suprema Corte no acepta las pruebas que ofrece ese ayuntamiento veracruzano en la controversia constitucional que presentó contra la reforma indígena. Agregó que el máximo tribunal lo había citado a audiencia este miércoles para desahogar las pruebas, actas y firmas de todos los indígenas del municipio, pero el martes le comunicó que resolvió no aceptarlas y está pidiendo dos testigos y un perito que corroboren que nunca se consultó a las comunidades para la reforma.

El edil mencionó que de todas maneras se presentará este miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que le expliquen el motivo por el cual no le son aceptadas las pruebas y para presentar un recurso de reclamación por medio del cual pedirá se reconsidere esa actitud, porque su obligación legal es recibir las pruebas en las cuales los ciudadanos emiten su opinión y su palabra de que no fueron consultados para la realización de la reforma.

El alcalde veracruzano dijo que esa ley no garantiza el respeto a los derechos y cultura indígenas, por un lado, y por otro, sus comunidades no fueron consultadas, por lo cual el Ejecutivo federal y las cámaras de Senadores y de Diputados violaron la ley; por eso presentaron la controversia, fundamentada en la realización de asambleas públicas en las cuales se preguntó a la gente si fue consultada para tal fin y la respuesta fue que no, y que ni siquiera estaban enterados de ello.